Por Lourdes Álvarez
La Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad, presentó ayer una denuncia pública y un informe titulado “Ministerio Público: el consuelo de la corrupción en Guatemala”, donde detallan la deficiente administración de los recursos públicos asignados al MP y que existen al menos 79 denuncias que han presentado por posibles actos de corrupción y no han recibido respuesta.
También reclamaron al MP la falta de transparencia y el derecho a acceder a información pública de oficio, con lo que se limita el derecho a la auditoría social que tiene la población.
El estudio detalla entre sus recomendaciones que hubo “derroche de recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2020 por parte del Ministerio Público, al realizar y enviar regalos o presentes a diferentes autoridades extranjeras, en total incumplimiento al Decreto número 89-2002 Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 18, inciso f. En otras palabras, la entidad no administró los recursos públicos asignados bajo los principios de prudencia administrativa y transparencia, permitiendo incluso la pérdida de Q. 8 mil 256.60 pagados por un servicio que no fue efectivamente recibido”.
Las 79 denuncias de la red, son producto de auditorías sociales que han realizado en diversos momentos. “A pesar de que hemos aportado información valiosa, el Ministerio Público actual bajo la administración de Consuelo Porras procura desestimar los casos posiblemente para proteger a sus amigos, en estas condiciones se fortalece el sistema de impunidad en Guatemala”, aseguró Luis Compa, representante de la red, con representación en 9 departamentos del país.
Desde el 2012 se crearon las Comisiones Ciudadanas por la Transparencia y Probidad, para dar seguimiento a temas de corrupción e impunidad, así como la fiscalización de los recursos públicos en diversos departamentos de Guatemala. Pero desde el 2019, se establecieron “como un espacio de articulación ciudadana de lucha contra la corrupción, que utiliza la auditoría social como herramienta para promover la transparencia y probidad en el uso de los recursos del Estado en función del bien común y fomentar la participación ciudadana activa”.
Hallazgos denunciados que incluyen actividad que no se realizó
Cuatro principales hallazgos fueron encontrados en el ejercicio de auditoria social que la red realizó al propio MP, entre ellos que no existe uniformidad en la publicación de documentos que respaldan las compras hechas bajo la modalidad de baja cuantía, limitando a los ciudadanos el acceso a la información pública de oficio y el derecho de auditoria social, según Compa.
Además, agregó que pese a prohibición legal, el MP hace compras de insumos que se encuentran en contrato abierto a través de la modalidad de compra de baja cuantía, adquiriendo los materiales y suministros a precios iguales o superiores a los establecidos por el Ministerio de Finanzas Públicas en el contrato abierto DNCAE No. 17-2016 publicado con el NOG 6681050.
Otro de los hallazgos se refiere a la sobrevaloración de precios en las compras realizadas de papel bond tamaño carta y oficio, útiles de oficina y útiles de limpieza que hizo el MP durante el ejercicio fiscal 2020 y también se señaló que según el número de publicación de Guatecompras -NPG- E472475835 “el MP paga Q. 8 mil 256.60 por servicio de alquiler de equipo y tarima a utilizarse en la presentación virtual del segundo Informe Anual período 2019-2020; actividad que no se realizó”, indicó el representante de la red.
Este extremo no pudo ser aclarado. Se intentó obtener información y al cierre de esta nota no se había compartido una postura.
Corrupción y beneficio particular
“La corrupción en Guatemala ha llegado a niveles en los que la mayoría de instituciones, por no decir todas, se han utilizado para el beneficio particular de funcionarios públicos; mientras la población más vulnerable sigue sin ser atendida. Los índices de desnutrición en niños y niñas siguen incrementándose, servicios de salud deficientes, la inseguridad es el pan diario de los guatemaltecos y con una justicia cooptada. Elementos que se lo debemos a la corrupción que impera en nuestro país”, lamentó Compa.
Por esa razón, la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad también se ha sumado a la petición de renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, porque consideran que se ha perdido el rumbo de esa institución.
“Hay una clara y abierta ilegalidad en la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval -exfiscal de la Fiscalía contra la Impunidad, FECI- y también porque la protección que ha generado para sus amigos quienes han terminado siendo los imputados en los casos de corrupción la ha llevado a destruir a la FECI para que las investigaciones no continúen o de continuar esta claro a través de una justicia selectiva. En esas condiciones como ciudadanos exigimos y seguiremos exigiendo la renuncia de la Fiscal General. No es idónea para el cargo”, expresó el representante de la red de ciudadanos.
Para Compa, en estos momentos que se viven de convulsión política en el Estado de Guatemala “necesitamos unirnos y con una sola fuerza levantar la voz en contra de la corrupción, en contra de funcionarios públicos que están dañando nuestra democracia, socavando el estado de derecho e implementando un régimen de corrupción e impunidad en Guatemala”.
Finalmente indicó que “como ciudadanos identifiquemos a los diputados que se han plegado al pacto de corruptos a esos partidos políticos promotores de violaciones de derechos humanos y castigarlos en las urnas en las próximas selecciones”.
