Por Luis Ovalle
El juez Miguel Ángel Gálvez resolvió suspender de forma condicional la persecución penal en contra del militar retirado Mavilo Aurelio Castañeda Bethancourt, quien habría participado en seguimientos, detención ilegal, tortura y desaparición de personas consideradas “enemigo interno”, en los años 80, y autorizó que regrese a su residencia, bajo responsabilidad de su pareja Norma Elizabeth Yucute Ortiz. La medida es provisional, aclaró.
Gálvez hizo referencia a algunos de los señalamientos en contra de Castañeda Bethancourt, quien entre 1983 y 1985 perteneció al Estado Mayor Presidencial, conocido como “el Archivo”.
Castañeda Bethancourt habría participado en seguimientos, persecución y captura de personas; allanamientos y registros ilegales; operativos sistemáticos utilizados para la privación ilegal de personas consideradas enemigos internos, además de generar condiciones para el interrogatorio en centros clandestinos ilegales, con diversos métodos de tortura, indicó el juez.
Es de esta forma que en su momento se le harían las imputaciones por desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad. Sin embargo, esto no fue posible, con Mavilo Aurelio Castañeda Bethancourt solo se concretó la orden de aprehensión, debido a su estado de salud.
El juez decretó la suspensión condicional de la persecución penal y aclaró que el Ministerio Público (MP) debe continuar con toda la investigación, como que ha sido ligado a proceso, con todo lo que pueda surgir con base en las pesquisas e incluso se podrá concluir con relación a Castañeda Bethancourt. La única limitación es que no se le pueden hacer las imputaciones, por no estar en pleno uso de sus facultades, anotó Gálvez.
La señora Yucute Ortiz podrá llevarlo a su casa y continuar con el tratamiento correspondiente. Ya cuando esté en su casa, se iniciarán los trámites de incapacidad, para luego nombrar a un tutor y será hasta ese momento que se podrán hacer dictar resoluciones que en derecho corresponde, sin perjuicio de que en 15 días el órganos jurisdiccional va a enviar a un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para establecer la situación de salud de Mavilo.
La próxima audiencia para corroborar las condiciones de salud de Castañeda Bethancourt y nombrar a un tutor fue programada por el juez Miguel Ángel Gálvez para el 1 de septiembre a las 9 horas.
El 27 de mayo de 2021, la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional, detuvo a once exoficiales militares acusadas de ser los responsables materiales e intelectuales de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1983 y 1985, registradas en un documento militar conocido como el “Diario Militar”. Las detenciones en este caso representan un hito en la larga lucha de los sobrevivientes y los y las familiares de las víctimas por esclarecer los hechos y conseguir justicia.
Estas graves violaciones a los derechos humanos están registradas en un documento militar conocido como “Diario Militar”, el cual fue presentado públicamente en 1999 por el Archivo Nacional de Seguridad (NSA), de EE. UU. En dicho documento están documentadas detenciones, torturas, violencia sexual, desapariciones y asesinatos.
Son más de 183 personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas, quienes aparecen en el denominado “Dossier de la Muerte”, entre ellos estudiantes, profesores universitarios, trabajadores de la universidad, integrantes de sindicatos y organizaciones sociales.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por la desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura de víctimas incluidas en el “Diario Militar”, y ordenó al Estado investigar, procesar y sancionar a los responsables de los crímenes.
El Ministerio Público dio a conocer que el “Diario Militar consta de 73 hojas tamaño oficio distribuidas en seis secciones: las primeras cinco contienen información sobre la organización de archivos de inteligencia, con listas de cateos efectuados a diferentes casas y organizaciones de derechos humanos; la sexta consta de un registro pormenorizado de 183 personas sometidas a diversos actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, y en algunos casos ejecución extrajudicial”.
