Benedicto Lucas García y Manuel Antonio Callejas deberán responder por el genocidio Ixil

COMPARTE

Créditos: Prensa Comunitaria.
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Prensa Comunitaria

Este lunes, el juez Miguel Ángel Gálvez resolvió que el próximo jueves 2 de septiembre se realizará una audiencia de ofrecimiento de pruebas y posteriormente, se esperaría que entre el 6 y 10 de septiembre inicie el juicio en contra de los exgenerales Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército y de Manuel Antonio Callejas y Callejas, exjefe de la sección de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército, ambos acusados de genocidio en contra del pueblo maya Ixil durante los años 80.

Ambos altos mandos del Ejército durante el Conflicto Armado Interno, fueron ligados a proceso penal desde el 25 de noviembre del 2019, pero debido a la pandemia del coronavirus las audiencias sufrieron retrasos.

Para la Asociación Justicia para la Reconciliación y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, con esa medida se restituye una primera parte del derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.

“Se ha restituido el valor probatorio a casi 200 testimonios, 148 peritajes de antropología forense, 12 peritajes científicos y más de 70 documentos militares, históricos y hemerográficos que dan cuenta de las aproximadas 1 mil 731 víctimas de masacres, hechos individuales, desplazamiento forzado, violaciones sexuales, torturas y desapariciones forzada”, expresaron en un comunicado después de conocer la resolución de Gálvez.

Lea más aquí:

Genocidio Ixil: juez Gálvez envía a juicio a los generales Benedicto Lucas y Manuel Antonio Callejas y Callejas

Largo camino por la justicia

Durante la audiencia de este lunes, el juez Gálvez indicó que la población maya Ixil sufrió una serie de consecuencias derivadas de todos los planes de hostigamiento, amenazas y persecución que se vivió en la región.

Después de masacres selectivas, llegaron las masacres indiscriminadas, indicó el juez, con testimonios de personas a las que bombardeaban y quemaban. Sobre la tierra arrasada, no dejaron nada y eso conllevó a otra serie de violaciones a los derechos humanos, agregó Gálvez.

En su exposición, Gálvez, recordó que muchas personas maya Ixil, huyeron de las comunidades arrasadas hacia las montañas. “Y si querían justificar que les daban comida a las guerrilleros, por qué razón todavía los seguían a las montañas, les disparaban, los bombardeaban”, indicó.

“¿Qué pudiéramos entender de esto?, lo que se pretendía era eliminar completamente a los Ixiles”, cuestionó el juzgador.

Muchas personas murieron en las montañas producto de esas masacres y planes de tierra arrasada. “Ya se pueden imaginar ese lugar donde solo había plantas y montañas, no tenían que comer. Se morían las personas en esas condiciones”, indicó Gálvez.

Según información proporcionada por los propios planes militares y que también mencionó Gálvez, las tropas del ejército desplegadas a los territorios se comían lo que encontraban. “Se comían los saraguates, se comían todo”, dijo Gálvez.

En esos mismos documentos se hace referencia que entre los años 81 y 82 el ejército encontró a población. “Tiempo después, estaban cadavéricos, como muertos vivientes. Las mujeres andaban solo tapadas con hojas. Claro, porque ya me imagino a qué fue sometido todo un pueblo”, indicó Gálvez.

Agregó que en un alto porcentaje de masacres a la población que sufrió el Conflicto Armado Interno fueron muchos de la región Ixil. “Además del desplazamiento forzado, les quemaron sus ranchos, les terminaron su milpa, sus animales y todavía se los llevan a la finca la Perla”.

La Perla es una de los asentamientos militares a donde fue desplazada de manera forzada la población. “En muchos casos cuando las mujeres eran jóvenes se daban vejaciones sexuales constantes. Pensemos por un momento qué traumas puede tener una persona a la que le mataron a toda su familia, a la que después violaron hasta dejarla tres días inconsciente. Es evidente el daño que se le hace una persona”, añadió el juez.

“¿Si lo que querían era limitarles que les proporcionara alimentos al grupo guerrillero, por qué todavía los iban a bombardear, con desplazamiento de niños, mujeres?” volvió a cuestionar el juez.

Finalmente, la defensa de los acusados solicitó que durante audiencia de ofrecimiento de pruebas sus abogados defensores los pudieran representar, indicando que temen contagios por la situación de casos de COVID-19.

Ante esta situación los abogados de los querellantes indicaron que ya se tuvo el atraso de casi año y medio en el proceso, son muy pocos los nuevos medios de prueba que se van a presentar, y pidieron que se cumpla como manda la ley y no dejar espacio abierto a impugnación.

De esa cuenta, para poder individualizar los medios de pruebas, se retomará la audiencia el próximo jueves 2 de septiembre esperando, que se abra el juicio la semana siguiente.

Autoría y edición

COMPARTE