Créditos: Acción Ciudadana
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Por Lourdes Álvarez

Organizaciones sociales y de derechos humanos presentaron una acción de amparo en contra del presidente Alejandro Giammattei, por la promulgación de la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia 2021-2032, que fue aprobada según el Acuerdo Gubernativo Número 149-2021; una ley que debería enfocarse en el desarrollo humano integral.

Entre las organizaciones que presentaron la acción ante la Corte de Constitucionalidad (CC), el pasado domingo, se encuentran la Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala (Codefem), Mujeres Transformando el Mundo, Alas de Mariposa, Acción ciudadana, el Grupo Intersectorial por los derechos humanos y Grupo Multidisciplinario por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Guatemala, que buscan detener la implementación de la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia 2021-2032.

En Guatemala las condiciones de vida para las grandes mayorías siempre han sido precarias y existe una larga lista de problemas estructurales que el Estado debería trabajar antes de aprobar una política pública que, en apariencia, se centra en la vida y la familia, según expresaron organizaciones sociales y de derechos humanos.

Las acciones no comenzaron este domingo. Las organizaciones de derechos humanos se han pronunciado y movilizado desde que se conoció que el presidente abanderaba la causa y dejaba entrever a los movimientos que defienden los derechos humanos, de las mujeres y de la niñez y adolescencia como “movimientos de desestabilización que promueven el aborto”.

Giammattei se expresó así en un mensaje emitido el 15 de julio, cuando aprobó la política, y pedía apoyo de los sectores para “esta lucha por la fe, que trae como consecuencia movimientos de desestabilización a la democracia para instalar un régimen que promueve un régimen que promueve el aborto y la agenda globalista en contra de los principios de nuestra fe religiosa”.

A criterio de Esmeralda Alfaro, del Grupo Intersectorial por los derechos humanos y Grupo Multidisciplinario por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Guatemala, esa política “es una estrategia para invisibilizar y excluir los derechos de todas las personas de los cuatro pueblos de Guatemala, haciendo un sesgado del artículo 3 de la Constitución de la República en el uso de la protección a la vida y la familia”.

En ese mismo sentido opinó el abogado Esteban Celada de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), argumentando que la política “atenta en contra de diferentes derechos de las personas, desde restringir el contenido de lo que significa una familia y las realidades guatemaltecas de lo que en realidad es una familia, a la concepción bajo de un punto de vista fundamentalista, religioso y estereotipado”.

Desde mayo, la periodista Paolina Albani de la Revista Ruda, documentó diversas preocupaciones y latente desconfianza de las organizaciones de sociedad civil que fueron convocadas para conformar un comité técnico para asesorar y analizar sobre esa política.

“La cita fue para sondear qué información manejamos las organizaciones y cómo prepararse para contra argumentarnos cuando accionemos en contra de la política”, según Meylin Mejía, de MTM, durante la entrevista con Albani.

Lea más aquí:

https://rudagt.org/giammattei-ordena-una-politica-provida-y-profamilia-en-la-que-la-sociedad-civil-no-confia/

¿Qué busca esa política?

A criterio del abogado Celada de MTM, existen dos ejes principales para la oposición: atenta contra la dignidad humana y contra la libertad de acción que tienen las personas.

Según la publicación de Albani, esa política buscaría “promover la participación de líderes religiosos y comunitarios en la socialización de la protección a la vida; además, para el 2032, las instituciones públicas y gobiernos locales deberán de haber impulsado programas y proyectos para la protección a la vida desde sus diferentes etapas”.

Además, “reconocer la igualdad de derechos y obligaciones -de crianza- al padre y la madre: reducir el sub registro de nacimientos para permitir que todos los recién nacidos puedan contar con una identificación que les permita el acceso al ejercicio de sus derechos y desarrollar mecanismos de atención temprana y protección a la vida con especial atención en personas con mayor riesgo y vulnerabilidad”, entre otros.

El abogado de MTM dijo que “ese tipo de acciones a poblaciones específicas como mujeres, niños, población LGBTIQ+ y que también puede incluir a pueblos originarios, están encaminadas a restringir no solo la vida en el ámbito público si no también en el seno de la familia, comunidades y ámbito privado”, indicó el abogado.

Para Esmeralda Alfaro, “es una política nociva” para la ciudadanía guatemalteca, porque propone proyectos, programas y acciones que burocratizarán la institucionalidad y duplicarán las funciones de las entidades públicas corriendo el riesgo de  utilizar los presupuestos asignados a los programas, por ejemplo de la niñez y adolescencia, seguridad alimentaria, salud reproductiva, educación sexual, prevención y atención de violencia sexual, embarazos en niñas y adolescentes; atención y servicios para personas con discapacidad, rutas de denuncia, entre otros que son prioridad.

Otra de las preocupaciones sobre la implementación de esa política pública se centra en una única interpretación de lo que significa familia. “Hay familias diversas, monoparentales, por la muerte de alguno de los progenitores o diversas circunstancias ya no están compuesta por un padre o una madre, un hombre y una mujer. Existe peligro para familias comunitarias, ampliadas o sustitutas”, agregó Celada.

El abogado reiteró que “hay situaciones que desde muchas leyes y desde años anteriores habían sido legisladas, pero pareciera que ahora hay otros intereses en tratar de crear una idea errónea sobre los derechos sexuales y reproductivos y de la familia, y puedan propiciarse actos que puedan dejar cortados los derechos, que puedan crear duplicidad de funciones y desvíos de presupuestos”.

Celada y las organizaciones de derechos humanos, han denunciado una mezcla perversa entre el Estado y la religión. Una situación preocupante, porque la propia Constitución estable que el Estado debe ser laico, precisamente para garantizar todos los derechos de todos, independientemente de sus afinidades religiosas.

“Si hay una situación donde se mezcla el papel de los funcionarios públicos con una religión o fundamentalismos, se pone en riesgo los derechos de determinadas oblaciones. Esto no debería ser en un Estado”, expresó Celada.

¿Cuál sería una política ideal a favor de la vida y la familia?

Alfaro considera que una política adecuada, sería aquella que visualice los principios democráticos y progresivos en desarrollo humano e integral; que responda a enfrentar las problemáticas como la pobreza, migración, falta de acceso a educación, sistemas tecnológicos para niñez y juventud, acceso a información y servicios en salud sexual y reproductiva, alimentación para reducir los índices de desnutrición con énfasis en niñas, niños y mujeres porque tienen un cuerpo que requiere cuidado diferenciado.

Agregó que también deberían mejorar las rutas de acceso a la justicia, información y servicios diferenciados para las diversas personas y poblaciones por situación y contexto, por ejemplo, personas discapacitadas, personas viviendo con VIH, personas viudas, niñas y niños huérfanos, que se incluyan los idiomas maternos, entre otras prioridades.

A criterio de la entrevistada, basta con que la población en general dé una mirada en su entorno y la situación que viven actualmente, sobre todo por aspectos de salud, educación, información y desarrollo que se tenía antes del año 2019 y que se agravó con la llegada de la pandemia de coronavirus, con situaciones de desempleo, aumento de migraciones, a la canasta básica, hospitales colapsando entre otros. “Esto tampoco se está considerado en la política, por tal razón no la pueden llamar la política integral, porque incluye todas las políticas existentes”.

Celada, por su parte, puntualizó que “en este contexto, si el Estado en realidad tendría interés de velar por la vida debería por empezar a garantizar la salud de los guatemaltecos, los planes de vacunación, hospitales de COVID-19 y dignidad de vida de los guatemaltecos”.

Autoría y edición

Periodista y comunicadora para organizaciones sociales, de pueblos indígenas y de organismos internacionales; estudios concluidos en sociología, asistente de investigación social para peritajes judiciales con enfoque histórico y antropológico.

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