Trecsa sigue construyendo y criminalizando: “no quiero ser una víctima más de las defensoras de la tierra”

Por Regina Pérez

Desde hace más de 11 años, la Empresa Transportadora de Energía Centroamericana S.A. Trecsa, filial de Grupo Energía Bogotá (GEB), inició la construcción de 850 kilómetros de líneas de transmisión de energía eléctrica en el país. Aunque desde 2019, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que la construcción del Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía no era de urgencia nacional, como se planteó al principio, uno de los argumentos que tenía la empresa para solicitar el aval de las autoridades municipales, eso no ha detenido el avance del proyecto ni los daños ambientales que vecinos han denunciado, así como la criminalización de defensores del territorio.

En las últimas semanas, vecinos de San Bartolomé Milpas Altas y Antigua Guatemala han denunciado las operaciones de la empresa, las que consideran ilegales, porque aseguran que no cuentan con las licencias de construcción y de tala de árboles. En San Bartolomé, en 2019, la Municipalidad informó que tras ser declarado inconstitucional un acuerdo que fue usado como base para autorizar las licencias a la empresa, resolvió suspender los trabajos relacionados al proyecto. En 2020, la corporación municipal informó a Trecsa que las licencias de construcción quedaban canceladas.

No obstante, según las denuncias recientes de los vecinos, trabajadores de la empresa siguen efectuando tala en el cerro Nimachay, de San Bartolomé Milpas Altas, a pesar de no tener una licencia de construcción. Esa situación ha provocado que reclamen a los empleados y a su vez, que personas que la empresa identifica como líderes sean denunciados penalmente.

En Antigua Guatemala, la empresa tampoco cuenta con licencia pero ya construyó dos torres en el lugar conocido como Vuelta Grande, luego de haber comprado terrenos de manera irregular a una vecina, según la Coordinadora de Comunidades afectadas por Trecsa.

En agosto de 2020 un juzgado resolvió que la compañía realizó la instalación de torres sin licencia municipal y por ello le impuso una multa administrativa de Q500 mil y le ordenó retirar las torres.

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El caso Glenda Axpuac, criminalizada en San Bartolomé Milpas Altas

Glenda Axpuac es una maestra de educación primaria que reside en San Bartolomé, Milpas Altas, uno de los municipios de Sacatepéquez, donde Trecsa actualmente está construyendo torres de transmisión de energía eléctrica. El pasado 21 de junio, le notificaron a Axpuac que la empresa la acusó de coacción. Otra persona también fue denunciada.

Axpuac contó que se involucró en la defensa del territorio en su municipio y del cerro Nimachay, una reserva ecológica y parque municipal que pertenece al municipio de San Bartolomé Milpas Altas, por una lucha personal. Su hija, ahora de 20 años, padeció de leucemia cuando tenía 16 años, una enfermedad que ya superó, pero en ella como madre persiste el temor de que la misma vuelva a surgir debido a la radiación que pueda sufrir por la instalación de cables de alta tensión.

Por esas razones, lleva dos años de haberse involucrado en la lucha. “A los 16 años se enfermó de leucemia y en el hospital de UNOP -Unidad Nacional de Oncología Pediátrica- fue donde yo conté que habías unas torres, que en ese entonces querían hacer la instalación del cable de alta tensión. Pregunté qué había de malo con eso y el doctor que la evaluó dijo que la radiación hacía que volviera de nuevo el cáncer”, señaló Axpuac en una entrevista telefónica.

Según Axpuac, la recomendación de los médicos es que con la instalación de las torres, su familia tendría que mudarse de San Bartolomé Milpas Altas.

Su motivación es que su hija no vuelva a contraer la enfermedad. “Ahí empecé mi lucha, he estado en reuniones, convocando a todos, para que apoyemos y paremos este proyecto que ya no es de urgencia nacional”.

El 19 de diciembre de 2018, la Corte de Constitucionalidad resolvió una acción de inconstitucionalidad presentada contra el Acuerdo Gubernativo 145-2013, emitido por el entonces presidente Otto Pérez Molina y su Consejo de Ministros de declarar de urgencia nacional y necesidad pública la construcción de las obras contenidas en el Plan de Expansión de Transporte de Energía Eléctrica y las Obras en el Plan de Electrificación Rural. La CC declaró inconstitucional dicho acuerdo, el cual se anuló de la legislación.

Sin embargo, esto no ha evitado que Trecsa continúe con la instalación de torres en diversos municipios y departamentos del país, como en Sacatepéquez, donde según las comunidades, no se le han otorgado licencias de construcción por no cumplir los requisitos.

Al menos 32 defensores criminalizados

Una de las consecuencias de las operaciones de Trecsa en Guatemala ha sido la criminalización de defensoras y defensores en sus territorios. Varios de ellos, como el caso de Axpuac, tienen una denuncia en su contra. Los delitos más comunes que se usan en estos procesos son  amenazas, coacción, abuso de autoridad y usurpación de funciones.

Otro de los  impactos que ha denunciado la población se da en los daños ambientales, como la tala de árboles en zonas de recarga hídrica como el caso de San Bartolomé Milpas Altas.

Laura Rojas, de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trecsa, estimó que al menos 32 personas actualmente tienen una denuncia por parte de representantes de la empresa. Las y los defensores afectados residen en San Pedro Ayampuc, San Raymundo, en Guatemala, Santa Lucía Milpas Altas, San Bartolomé Milpas Altas, Antigua Guatemala y Santa María Cauqué, de Santiago Sacatepéquez, entre otros. 

Uno de los casos más recientes fue el de los hermanos Araujo en San Raymundo, municipio de Guatemala. El pasado 28 de junio, Ernesto y Aníbal, de la resistencia pacífica La Ciénaga, en San Raymundo, tenían una audiencia de etapa intermedia en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mixco, que fue suspendida. Ellos eran señalados de los delitos de atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública, instigación a delinquir y atentado contra la seguridad de los transportes marítimos, fluviales y aéreos. El caso fue cerrado en contra de ellos en enero de 2020, pero una Sala dejó sin efecto la resolución.

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La presencia de la empresa en municipios como San Raymundo, Santiago Sacatepéquez y Palín, Escuintla, data de hace años. En 2013, pobladores acudieron al Congreso para pedir que se frente dicho proyecto. Los comunitarios se quejaron de que la empresa no se acercó a la población.

Axpuac: no quiero ser una víctima más  

A decir de la maestra de educación, inició su participación en la defensa del territorio por medio de unas compañeras de Antigua Guatemala. La lucha en San Bartolomé Milpas Altas comenzó hace dos años, cuando las torres ya estaban construidas. Cuando empezaron a talar de nuevo, ella se involucró por la salud de su hija.

Axpuac sospecha que un incidente que le sucedió en diciembre de 2020, cuando el conductor de un carro blanco que no pudo identificar intentó atropellarla, tiene que ver con su activismo. “Yo siento, pienso y estoy segura, porque sufrí un accidente el año pasado, un carro Tacoma, de doble cabina blanco me pasó atropellando”, relató. Este incidente sucedió en Santa María Cauqué, en Santiago Sacatepéquez, donde ella imparte clases.

Por ello, le pusieron tornillos y dos clavos en un tobillo. “Desde ahí siento que me han querido callar”, refiere entre sollozos. Asociado a ese incidente, en febrero pasado una persona de nombre Noé Sacuy, quien se identifica como gestor social de Treca, le hizo varias llamadas telefónicas haciéndole proposiciones. Esta persona le pidió que se reunieran, por su descontento con la construcción de las torres.

Al preguntarle si esas proposiciones eran de dinero, ella contestó: yo lo sentí de esa forma. El señor me decía, mire, lleguemos a un acuerdo, yo tengo para ofrecerle a usted un proyecto de 100 mil o 150 mil. Ella dijo que se alteró y se sintió ofendida por la propuesta. “Yo siento que la dignidad ni se vende ni se compra, ellos piensan que por tener dinero, así de fácil voy a vender la vida de mi hija y eso no es así. A mí me costó tanto la vida de mi hija que no quiero volver a pasar lo mismo”. Eso le dolió tanto, que los denunció, agregó.

“Si yo solo soy defensora de los bosques y del agua, no tengo por qué estar vendiendo, ni comprando, ni que me den dinero, me he sentido muy ofendida y como que se ha vuelto a revivir los momentos que yo pasé con mi hija cuando tenía leucemia, con sus quimioterapias, cuando se le caía el pelo. Eso ellos no lo entienden, lo que quieren es destruir, matar y no les importa nada”, anotó.

En mayo pasado, presentó una denuncia en el Juzgado de Paz, pero para su sorpresa fue citada el 8 de julio de este año al Ministerio Público (MP) de San Bartolomé a una junta conciliatoria. No lo esperaba, porque lo que quiere es justicia. “Yo no quiero ser una víctima más de las defensoras y defensores de la madre tierra, que aparecen tirados y con un balazo”, manifestó.

Axpuac manifestó que la situación le da temor. Afirma que una de estas personas que la han llamado es el alcalde auxiliar de Santa María Cauqué, quien le cuestiona su oposición al proyecto de Trecsa y le ha pedido que se aleje. “Ellos no saben cuál es mi lucha, no solo por mi hija, sino que también por todos, tarde o temprano esa radiación va a provocar tumores, cáncer, yo he estado investigando, no me he quedado solo con lo que me cuentan”.

El oncólogo de su hija le recomendó que su familia salga de San Bartolomé, porque la recomendación incluye que tienen que estar a unos 4 kilómetros de las torres. Actualmente refiere que las torres están a medio kilómetro de donde vive.

Por otro lado, ella no denunció el incidente con el vehículo ocurrido el año pasado, porque al quedar tirada sobre la calle, no se pudo dar cuenta de sus características. Fue atendida en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) donde estuvo 17 días. Estoy segura que ellos fueron (la empresa) porque fue por donde yo trabajo, dijo.

“Es el proyecto más invasivo que se construye a nivel nacional”

Rojas, de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trecsa, expresó que el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía, PET-01-2009, a cargo de la empresa, es el proyecto más invasivo que se lleva a cabo a nivel nacional. Según información de la página de Trecsa, esta fue contratada por el Estado para desarrollarlo como parte de la política energética del país. La compañía tiene a su cargo la construcción de más de 850 kilómetros de líneas de transmisión, la construcción de 10 subestaciones nuevas y la ampliación de 12 subestaciones en 15 departamentos, 74 municipios y 340 comunidades.

Pero esta construcción no ha estado exenta de polémica desde su inicio. Rojas indicó que al inicio del proyecto, la empresa argumentó que, con base en el acuerdo gubernativo 145-2013, que lo declaraba de urgencia nacional y de necesidad pública, las autoridades locales no podían oponerse al mismo, de lo contrario incurrirían en un delito. Sin embargo, ellos consideran que no podía pasar por la autoridad municipal, que es lo que han peleado en los territorios afectados.

“Es el proyecto más invasivo que se construye a nivel nacional. En todos los lugares que toca ha habido una posición generalizada, no se hizo ni una sola consulta, no hubo participación de la población…no existen estudios de impacto ambiental municipal, son obligatorios en las reglamentaciones para obtener una licencia de construcción”, indicó Rojas.

La licencia de construcción no es únicamente por el proyecto en el municipio, sino por cada una de las torres. “La empresa ha avanzado incumpliendo muchas reglamentaciones nacionales y municipales e internacionales, porque también viola el derecho a la consulta libre, previa e informada. Hay una serie de violaciones de derechos colectivos e individuales, porque se impone un paso de servidumbre, donde las personas tienen su propiedad privada y se les ha coaccionado para que vendan bajo el argumento de que es de urgencia nacional y de necesidad publica, y se le expropia a las personas”, narró la entrevistada.

Rojas describe un juego legal perverso por parte de la empresa. Las personas que dan un paso de servidumbre a la empresa tienen una serie de restricciones para utilizar su terreno. No pueden construir ni sembrar cultivos que sobrepasen los dos metros de altura. Además, por recomendación de las autoridades, se tiene que talar 15 metros de cada lado de donde están instaladas las torres, para evitar accidentes o incendios, por lo tanto se tienen que gestionar licencias de tala y los encargados de hacer esto son los dueños, por lo tanto son responsables de cualquier ilegalidad.

El abogado Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, que ha acompañado casos de criminalización de defensores en Santiago Sacatepéquez, indicó que la criminalización se genera porque en muchos lugares donde opera Trecsa, las comunidades no se les ha informado, porque se hacen negociaciones secretas con las municipalidades y con personas que otorgan su derecho para que la empresa construya las torres.

No obstante, muchos de estos lugares son espacios comunales, como sucedió en Santiago Sacatepéquez, donde el bosque comunal fue talado. Las comunidades reaccionaron y fueron a cuestionar al personal de TRECSA, tras lo cual la empresa los denunció indicando que ellos sí contaban con los permisos y que estaban siendo coaccionados.

“Presentaron un listado de 60 personas… normalmente ponen a los directivos de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, a los alcaldes auxiliares. Son los primeros señalados, porque es fácil identificarlos, solo piden el listado a la Muni y son citados inmediatamente al Ministerio Público, utilizan ese mecanismo como una presión sobre la comunidad para que después no se opongan a cualquier cosa que se haga en su territorio”, explicó el abogado.

En Antigua Guatemala, donde TRECSA tiene prohibido construir debido a que no cuenta con licencia municipal, Rojas dice que la empresa se las ingenió para comprar los terrenos a una señora en donde construyó las torres. “Este es solo uno de los casos donde ha habido coacción”, indicó. En otros casos señalan a la empresa de usurpación, porque construyeron aunque las personas no otorgaron un permiso. “Hay muchos casos de eso que nosotros usamos bastante, es justamente lo que la empresa defiende, el derecho a la propiedad privada”, comentó la activista.

Comunidades no avalan operaciones de la empresa

Sochil Acajabón, presidenta del Comité Comunitario de Desarrollo de Santo Tomás, en Santa Lucía Milpas Altas, señaló que la empresa llegó al municipio en 2012, donde tuvieron un acercamiento con la corporación municipal de ese entonces. Fundamentándose en el acuerdo 145-2013 solicitaron la licencia para construir las torres. El Concejo decidió otorgarles un aval, previo a cumplir con varias cláusulas, según consta en actas.

Entre las cláusulas está que se haya cumplido con la normativa municipal, que según Acajabón, es muy importante, porque requiere lo que se necesita para obtener la licencia de construcción.

Según la entrevistada, pasaron los años y en la comunidad nadie se percató de la presencia de la empresa. “La Muni lo hizo entre ellos, no informó a los COCODES, en 2017, apareció la torre que está en La Choza, en el cruce de Bárcenas, San Lucas y Santa Lucía”.

Empezaron a investigar, ya que para entonces el personal de Trecsa empezó a acercarse a los COCODES, para solicitar el permiso, a cambio de proyectos, para pasar por las áreas comunales. En Santo Tomás, dice Acajabón, se negaron.

Acajabón señaló que un grupo de ciudadanos se organizó para solicitar los expedientes y se dieron cuenta de que la empresa no cumplió con las cláusulas. “No hicieron más que solicitar el aval, empezamos a solicitar a la Muni para que lo cancelara porque no tenía fundamento”, relató.

Según dijo, la municipalidad de Santa Lucía Milpas Altas, le notificó tres veces a la empresa que no podían realizar trabajos en el municipio. El año pasado, durante el estado de calamidad, la empresa no detuvo sus trabajos.

¿Por qué se oponen al proyecto?

Entre las razones para oponerse a la construcción de las torres, Rojas indicó que cuidar el ambiente, por el secamiento de los pozos de agua. En San Bartolomé Milpas Altas se unen dos líneas de transmisión, ya no son 30 metros de ancho lo que se tiene que talar sino 60. Eso afectará una zona de recarga hídrica y el bosque nuboso, que además es área protegida.

Ella señala que la construcción en San Bartolomé es ilegal, porque ahí se le canceló la licencia municipal. A pesar de ello, la empresa sigue operando, como han mostrado los vecinos afectados en varias publicaciones realizadas en redes sociales.

Acajabón señaló que una de las razones por las que se oponen es porque las torres las están instalando en áreas donde hay más bosque. Ellos investigaron y se dieron cuenta de que es justamente en sus fuentes de recarga hídrica. En Santa Lucía Milpas Altas la falta de agua es uno de los mayores problemas, dijo.

“Al ser conscientes de que es una empresa que no está cumpliendo con lo que la ley determina, con lo que a todos como ciudadanos nos exige la municipalidad para la licencia de construcción, siendo nosotros vecinos, nos toca cumplir con un montón de requisitos, no es justo que una empresa venga, haga lo que quiera en nuestro territorio y pues ellos no tengan que cumplir”, declaró la presidenta del COCODE.

Al igual que Axpuac, Acajabón expuso que otra de las razones es que saben que la capacidad de la línea de conducción que van a conectar es muy alta y temen que vaya a perjudicar la salud de quienes habitan el área.

Criminalización es una estrategia para desarticular las resistencias

El 9 de junio de 2021, Axpuac acudió con un grupo de niños, adolescentes y señoras al cerro Nimachay, como parte de las actividades para conocer la reserva y demostrar con hechos por qué se están quedando sin agua. En esa visita se encontraron a personal de Trecsa en el camino público. Ella indicó que solicitaron a la abogada Mónica Sofía Tello Taracena que les entregaran la licencia de tala del bosque y licencia para instalar cables de alta tensión. Por eso, Tello, a quien identifica como abogada de la empresa, la denunció a ella y a otra persona por coacción. Axpuac señaló que eso es mentira y que en ningún momento coaccionó a la abogada.

En una transmisión en vivo, los vecinos señalaron que la empresa trabajaba sin la respectiva licencia y que solicitaban dichos documentos. La abogada indicó que solo se lo darían “a una autoridad”. Además, dijo que estaban trabajando en propiedad privada, sin embargo los comunitarios manifestaron en el video que los terrenos son municipales.  Los vecinos indicaron: “Sacatepéquez está cooptado por ustedes”, ante la insistencia de la abogada de que si creían que había algo ilegal, hicieran la denuncia.

El abogado Castro explicó que los delitos que más usa la empresa en contra de los comunitarios y líderes que se oponen a sus operaciones son: coacción, amenaza e instigación a delinquir.

Aunque son delitos menores, las personas se asustan por estar acudiendo al MP. “Desgasta, es una estrategia para desarticular y evitar las resistencias que hay”, concluyó.