Posible perpetrador podría quedar fuera del Caso Diario Militar por condiciones de salud

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Créditos: Verdad y Justicia.
Tiempo de lectura: 4 minutos

Por Luis Ovalle

La mañana de este martes se llevó a cabo la continuidad de una audiencia, en el Tribunal de Mayor Riesgo B, a cargo del Juez Miguel Ángel Gálvez, para escuchar a las partes procesales y determinar el estado de salud de Mavilio Aurelio Castañeda Bethancourt, ex especialista del Estado Mayor Presidencial, quien habría participado en diversos crímenes registrados en el denominado “Diario Militar, que incluye las fichas de 183 personas, secuestradas entre 1983 y 1985.

Castañeda Bethancourt, quien se encuentra recluido en un hospital de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, padece un estado avanzado de Parkinson y Alzhéimer, enfrenta trastornos psicóticos violentos, razón por la cual, tanto la defensa técnica como la Fiscalía, solicitaron se suspenda la persecución penal “hasta que desaparezca esta incapacidad”.

En el momento en el que el juez Gálvez dio la palabra a los querellantes presentes, Manuel Farfán, sobrino de Rubén Amílcar Farfán, quien aparece en el Diario Militar, hizo referencia a lo tarde que llega la justicia; 37 años después de los hechos, pues como agraviados enfrentan una difícil y desafortunada situación: la salud, tanto para las víctimas sobrevivientes, como de los propios victimarios.

Farfán recordó a mujeres valientes que han buscado desde los años 80 saber dónde están sus familiares y nunca se les brindó la oportunidad de tener información, de ser escuchadas y muchas de ellas han fallecido con el deseo de conocer la verdad y poderlos tener cerca.

Lamentamos mucho que el Ministerio Público no pueda presentarle al señor juez y al pueblo de Guatemala quién fue Mavilio Aurelio Castañeda Bethancourt. No el de ahora sino el de los años 80. Ahora le quieren construir la imagen de una persona honorable y reconocido en su comunidad.

No será posible imputarle los hechos de violencia en los que participó: violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y delitos de deberes de humanidad, dentro de una estructura clandestina que capturaba, torturaba, practicaba violencia y violencia sexual, ejecutaba a las y los capturados, a quienes posteriormente enterraban clandestinamente, dijo.

Asimismo, hizo énfasis en que continuarán exigiendo justicia, la que para ellos es que acepten su responsabilidad y que digan dónde están los desaparecidos. Como agraviados solicitamos señor juez nos garantice que al sindicado se le puedan brindar las condiciones necesarias de salud física y psicológica para garantizarle su vida, “es importante mencionar que nuestros familiares detenidos desparecidos nunca tuvieron esos medidas de garantía a su integridad física, al contrario fueron trasladados en distintos lugares militares  para ser torturarlos, y posteriormente ejecutados y enterrarlos clandestinamente”, indicó.

Mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado continuarán abiertas y sin cicatrizar. Monseñor Gerardi

Así inició su intervención Alejandra Cabrera, hija de Leopoldo Cabrera, también desaparecido y de Clara Luz Tenas Chavarría, quien también fue secuestrada y dejada con vida, dijo que el sistema ha sido lento, tan lento que se generan circunstancias como esta, en la que una persona que presuntamente cometió graves delitos ya no está en capacidad de enfrentar el proceso.

“Hace 37 años las personas que han sido relacionadas a este caso podían decidir sobre sus actos y por tanto presuntamente podrían haber tenido alguna responsabilidad en los hechos que se han descrito y de los que fueron víctimas nuestros familiares, registrados en el Diario Militar, también podría haber enfrentado la justicia y defenderse, pero la impunidad ha sido prolongada”, dijo.

Cabrera destacó que el derecho a conocer la verdad y la justicia les asiste. “No puedo imaginar cómo niños, niñas fueron llevados a centros clandestinos de tortura y les fue arrebatada su inocencia; a nuestros familiares les aplicaron las peores torturas, por ejemplo quisiera compartir algunos de los relatos de mi mamá, que me contó que al llegar a ese lugar clandestino fue sumergida en una tina llena de sangre, heces y orina, que en una oportunidad le ofrecieron comida, a lo que seguido agregaron que la carne era de gente, la de sus compañeros, el negarse a comer los restos de otras personas a las que posiblemente conoció le costó las graves lesiones en sus órganos internos que provocó su hospitalización de meses”.

Era cierto que durante las torturas les arrancaban las uñas y a mi mamá antes de arrancarle las uñas de sus manos, se las deshicieron a golpes, las uñas de sus dedos pulgares nunca se recuperaron y le dolieron cada día de su vida hasta que murió, puedo imaginar que esto la hacía recordar esos horrendos días pues en repetidas ocasiones me dijo, “cuando el militar que me estaba torturando me arrancó las uñas, me las hizo pedazos antes”.

Guardo imágenes en mi mente del día que la volvimos a ver y retiraba con una pinza, pequeños fragmentos de uña que tenía incrustados en sus dedos hinchados y heridos, también recuerdo que esa noche, con esas manos lastimadas, pero amorosas, sostuvo las mías para darme fuerza y seguridad aún en medio de tanto horror. Ella ya no está aquí señor juez, porque murió antes de que la justicia llegara, dijo.

Lamento que políticas desarrolladas en contra de la población, lejos de fortalecer el Estado, ocuparan recursos financieros y humanos, lamento que la corrupción y la cooptación de estructuras que drenan los bienes públicos, tengan a las instituciones en las condiciones actuales, incluyendo al Hospital que se mencionó, lamento también y me sorprende más aún que el ejército que cuenta con uno de los presupuestos más onerosos del Estado, como institución no brinde la atención digna y adecuada a quienes prestaron un servicio en sus filas.

Ya lo expresaron mis compañeros, este es un momento difícil, de sentimientos encontrados, pero desde el inicio de estas audiencias hemos sido enfáticos en cuanto a que el debido proceso, como la dignidad humana debe garantizarse para las partes procesales, tanto para las víctimas como para las personas sindicadas. Nos arrebataron tanto señor juez, tanto, a nuestros familiares, la niñez, nuestro proyecto de vida, pero no nos arrebataron la dignidad con la que estamos hoy aquí pidiendo justicia y exigiendo que nos digan dónde están nuestros familiares, pero, ante todo, nada pudo nunca arrebatarnos la humanidad, por eso respaldo la solicitud del Ministerio Público y lo que ya expuso el abogado que me representa.

Paulo Estrada, otro de los querellantes, señaló que como familiares, hijos e hijas de personas asesinadas, ha sido muy difícil ponerle cara a ese victimario que muchas veces se escondió, para que ahora lleguemos a este punto y aceptar que no está en capacidad de afrontar este proceso. Es complejo y genera sentimientos encontrados, no se vale, que ahora se le pidan condiciones de vida digna, cuando él fue una pieza clave para que hoy más del 60 por ciento de la población no tenga vida digna, dijo.

Lo que queremos es que nos digan dónde están nuestros familiares, dónde los dejaron, concluyó.

El juez Miguel Ángel Gálvez aplazó la audiencia para el lunes 2 de agosto, a las 9 de la mañana, cuando emitirá su resolución sobre la situación legal de Mavilio Aurelio Castañeda Bethancourt.

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