Por Prensa Comunitaria
El Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, presentó un nuevo amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra del presidente Alejandro Giammattei, por declarar en consejo de ministros un nuevo estado de prevención, que según la Presidencia está encaminado a contener el avance de contagios de COVID-19, pero que no fue enviado al Congreso de la República para su ratificación.
En el amparo presentado se reclama el decreto gubernativo 5-2021, emitido por el Presidente, el 13 de julio de 2021 y que fue publicado en el Diario Oficial este miércoles, que contiene la declaratoria de estado de prevención en todo el territorio nacional “sin que el mismo contenga la sujeción constitucionalmente establecida a la ratificación, modificación o improbación por parte del Congreso de la República”.
Según el amparo, este requisito ha sido considerado como parte del mismo, por la CC en un dictamen identificado en el expediente 919-2016.
El equipo de comunicación de la PDH reconoció que este requisito no está establecido en la Ley de orden Público, -enviarlo al Legislativo- porque esta norma tiene fundamento en la constitución de 1965, donde estaba considerada dicha excepción, sin embargo, en la Constitución actual (1985), todos los estados de excepción, incluyendo el de prevención, deben ir al Congreso.
Actualmente el Legislativo se encuentra en receso y los diputados retoman sus actividades parlamentarias en agosto.
El pasado 13 de julio, el presidente Giammattei, con su Consejo de ministros, aprobó un estado de prevención bajo el argumento de contener los contagios por COVID-19. Sin embargo, el mandatario había indicado con anterioridad que era para evitar las protestas en su contra, por parte de la ciudadanía que le exige rendición de cuentas por la falta de vacunas y la mala gestión de la pandemia.
Restricciones
Entre las restricciones del estado de prevención está la celebración de reuniones al aire libre, en el caso en que los asistentes no cumplan con el distanciamiento social, el uso de mascarilla y otras medidas sanitarias.
Las reuniones o manifestaciones públicas en las que, en caso de que no se cumplan las medidas sanitarias, serán disueltas.
El decreto también indica que las fuerzas de seguridad podrán impedir la salida de las poblaciones o en su caso, someterlos a registro, cumpliendo las medidas sanitarias, así como exigir a quienes viajen al territorio la declaración de documento de itinerario a seguir y de los procedimientos contra el coronavirus y sus variantes. “Las fuerzas de seguridad en coordinación con el Ministerio de Salud Pública ejercerán los controles necesarios, poniendo a disposición de autoridad competente a las personas que incumplan la presente regulación”, se lee en el decreto que fue publicado en el Diario Oficial, en el cual fue votado en contra por el vicepresidente Guillermo
