Por Francisco Simón Francisco
El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó este jueves 1 de julio la “lista Engel” en donde figuran funcionarios públicos y del sector empresarial de Guatemala, Honduras y El Salvador, vinculados con actos de corrupción, socavamiento a las instituciones democráticas o persecución a opositores políticos.
Entre los señalados destaca el actual alcalde municipal de Joyabaj, Quiché, Florencio Carrascoza por socavar procesos o instituciones democráticas, al intimidar y encarcelar injustamente a opositores políticos en el municipio.
Del listado de 20 personas guatemaltecas figuran el prófugo y exjuez Mynor Moto, el expresidente Álvaro Colom, el abogado Raúl Falla, de Guatemala Inmortal, Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación Contra el Terrorismo.
También se menciona al recién electo magistrado de la Corte de la Constitucionalidad (CC), Néster Vásquez Pimentel y al diputado Felipe Alejos.
Florencio Carrascoza: la historia de un alcalde corrupto, misógino y racista
El alcalde municipal de Joyabaj, señalado por corrupción por el gobierno de los Estados Unidos, enfrenta varios procesos penales en el municipio. El pasado 12 de junio perdió el derecho de antejuicio por una denuncia sobre violencia contra la mujer, violencia física y psicológica cometidas en contra de la periodista maya K´iche, Anastasia Mejía, directora de Xolabaj Tv y Xolabaj Radio.
Florencio Carrascoza fue denunciado en 2019 por la periodista Mejía cuando era concejala séptima de la Municipalidad de Joyabaj, debido a múltiples actos de misoginia, racismo y discriminación. La periodista comunitaria relató el hecho en una audiencia de primera declaración en un juzgado de Quiché en agosto de 2020. Según ella, el alcalde no la dejaba hablar en las sesiones de trabajo que realizaba el concejo municipal; él le gritaba, le decía “india cállese, india tonta, burra, no es nada aquí”.
Según una investigación realizada por la revista digital feminista RUDA, la periodista Mejía, además de cubrir actividades públicas, también expone actos de corrupción que se comenten en la Municipalidad de Joyabaj, dirigida por el alcalde Florencio Carrascoza, por eso este la acusó penalmente junto a diez personas más como una forma de castigo por ejercer la ciudadanía y el periodismo comunitario en Joyabaj.
La periodista Anastasia Mejía y otras diez personas, son acusadas por los delitos de sedición, robo, incendio y atentado con agravación de la pena, por participar en una manifestación que organizó un grupo de comerciantes frente a la municipalidad de Joyabaj, el 24 de agosto de 2020, en la que exigían al alcalde municipal, Florencio Carrascoza, dar marcha atrás a algunas medidas que impuso para evitar la propagación del coronavirus en el municipio, principalmente las que afectaban al sector de comerciantes del mercado, que fue instalado en el parque municipal.
Carrascoza es querellante, como agraviado, en la acusación por los incidentes ocurridos en la fecha citada. De las personas que fueron detenidas, Sebastiana Pablo, vicepresidenta de la Asociación de comerciantes de Joyabaj, continúa en prisión desde el 25 de agosto de ese año, en la cárcel de mujeres de la ciudad de Quetzaltenango.
Carrascoza ha sido alcalde de la municipalidad de Joyabaj, Quiché, desde 2008. Durante estos 13 años en el poder ha enfrentado once antejuicios en su contra. Uno ha sido declarado con lugar. Las acusaciones en su contra no son nuevas, en 2005 fue acusado por la Contraloría General de Cuentas (CGN), por el delito de peculado y en otros casos por actos de corrupción desde que asumió el poder municipal.
De acuerdo con un documento oficial de los Estados Unidos al que tuvo acceso Prensa Comunitaria, el alcalde además de socavar las instituciones democráticas lidera una red de crimen organizado que opera en el municipio; esta red bajo engaños ofrece servicio de viaje a migrantes irregulares que pretender viajar a los Estados Unidos.
El documento le atribuye el control del corredor migratorio desde Pachalum hasta Santa Cruz del Quiché, ofreciendo este servicio por medio de reclutadores o guías de viaje que se hacen pasar como coyotes. Además, el acalde a través de esta red ofrece servicios de préstamos a las personas con escasos recursos para costear el viaje del ciclo migratorio con una tasa de interés del 12 por ciento a cambio de documentos de propiedades, como terrenos o viviendas. Las personas que adquieren estos préstamos, al ser detenidos o deportados a Guatemala por las autoridades fronterizas de los Estados Unidos en la frontera sur, prácticamente pierden sus bienes.
Según la información, los integrantes de esta red estarían vinculados a delitos de lavado de dinero con servicios de auto hoteles, talleres mecánicos o servicios de trasporte en el lugar.
Implicaciones de la lista Engel
Carrascoza es un alcalde que de acusar pasa a ser acusado por actos de corrupción por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Para las autoridades ancestrales de Quiché, esta designación implica que las acusaciones realizadas por el alcalde en contra de las personas que defienden sus derechos como ciudadanos en Joyabaj se hicieron con intenciones maliciosas, con fines políticos de criminalización contra autoridades ancestrales, dirigentes comunitarios y organizaciones de mujeres que buscan ser reconocidas como sujetas de derechos, quienes exigen el cese de la corrupción y la impunidad en el lugar.
Además, solicitan al juzgado que se desestime el proceso penal en contra de las 11 personas acusadas por el alcalde, utilizando como referencia la lista Engel.
Estas medidas están plasmadas en la “Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte con los EE. UU.”, que tiene como objeto investigar contratos gubernamentales, extorsión, sobornos, la transferencia o haber facilitado la transferencia de réditos producto de actos de corrupción hacia Estados Unidos, actos de violencia, intimidación, amenaza contra investigadores estatales o de organizaciones no gubernamentales.
Además de vedarles el derecho de ingresar a Estados Unidos, también se advirtió que podrían realizarse investigaciones severas en contra de las personas señaladas.
La iniciativa fue presentada por el congresista demócrata Eliot Engel, quien desde mayo de 2019 planteó la iniciativa de ley para “apoyar al pueblo de Centroamérica y fortalecer la seguridad nacional de los Estados Unidos, abordando las causas fundamentales de la migración desde El Salvador, Guatemala y Honduras”.
