La lista Engel

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Créditos: Hector Silva.
Tiempo de lectura: 6 minutos

Por Héctor Silva

Hubo revuelo en los pasillos del poder en Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala y San Salvador el 1 de julio pasado cuando el Departamento de Estado en Washington hizo pública la lista de personas que han participado en actos que han socavado procesos o instituciones democráticos, los que se han involucrado en corrupción o han obstruido investigaciones sobre actos corruptos.

La lista, llamada Engel por el excongresista neoyorquino que le dio vida legal en la Casa de Representantes en Washington, ha escupido varias vergüenzas a las élites políticas del Triángulo Norte centroamericano. Y ha confirmado una verdad como una catedral: los sistemas políticos en Honduras, Guatemala y El Salvador están en manos de grupos criminales cuyos objetivos pasan por afianzarse en el poder, controlar los estados nacionales y enriquecerse, y no por el interés del soberano.

Se trata, en realidad, de tres listas, una por cada país. En cada una de ellas, más allá de los nombres, hay mensajes políticos de Washington, advertencias si se quiere. Porque esta Lista Engel es eso: un instrumento político y diplomático con el que el gobierno de Joe Biden ha establecido el tono de sus conversaciones con Alejandro Giammattei en Guatemala, Nayib Bukele en El Salvador y Juan Orlando Hernández en Honduras.

En Guatemala, la lista incluye a cuatro grupos de personas. Primero, los operadores políticos, como Felipe Alejos, Juan Carlos Godínez Rodríguez, Gustavo Adolfo Herrera Castillo y Gustavo Alejos, quienes desde el Congreso o la cárcel han maniobrado para secuestrar las altas cortes del país; segundo, funcionarios de la judicatura señalados por corrupción, algunos de ellos investigados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), como Mynor Moto o Néster Mauricio Vásquez, recién nombrado miembro de la Corte de Constitucionalidad; tercero, exfuncionarios como el expresidente Álvaro Colom; y, cuarto, tres personas relacionadas a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), la organización de ultraderecha que, amparada en el transnochado discurso anticomunista, lleva años dinamitando los intentos de cualquiera que busque limpiar la cloaca del poder en Guatemala.

Lo de la FCT no deja de ser importante e irónico. Esta fundación está afianzada en retóricas y acciones típicas de la política contrainsurgente como la eliminación del “enemigo interno”, cuyos manuales llegaron a Centroamérica de la mano de operadores estadounidenses allá por 1954, cuando la CIA ayudó a desbancar a Jacobo Árbenz, de quien, decían, era un comunista. Lo mismo sigue diciendo la FCT para intentar, en complicidad con los viejos grupos de inteligencia del poder local, socavar a quienes se han enfrentado a las élites en los últimos años.

Al nombrar a la FCT, Washington parece reconocer que lo que algunos llaman en Guatemala “el reacomodo del pacto de corruptos” tras la expulsión de la CICIG, incluye una política estatal de persecución y criminalización del oponente: lo que por años siguió ocurriendo en la provincia guatemalteca contra quienes reivindicaban los derechos de los pueblos originarios, aun después de la guerra civil, ha vuelto a la capital. Capturas ilegales y procesos judiciales manipulados, como el que el Ministerio Público ha montado al exsuperintendente de la SAT Juan Francisco Solórzano Foppa y el exinvestigador de la CICIG Aníbal Argüello, están en el manual. Washington, ahora, parece entenderlo.

Queda claro que la buena salud del Órgano Judicial guatemalteco, que las élites de las que el presidente Giammattei es operario terminaron de tomarse poco antes de la llegada de la vicepresidenta Kamala Harris a Ciudad de Guatemala a inicios de junio, es prioritaria para los estadounidenses. Lo que no está tan claro es de qué servirá ahora nombrar a los operativos del secuestro de las altas cortes en la lista Engel.

La lista también fue un batacazo importante en San Salvador, donde el presidente Nayib Bukele vio nombrados a algunos de sus ministros y colaboradores más cercanos, artífices de los principales movimientos políticos del bukelismo.

Entre los salvadoreños listados en la Engel está Conan Castro, el secretario jurídico de la presidencia y uno de los hombres más cercanos al presidente. De Castro dice el Departamento de Estado que “colaboró en la remoción inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general”, orquestada en la Asamblea Legislativa el primero de mayo de este año, cuando tomó posesión una nueva legislatura dominada por diputados del partido oficial.

No es poca cosa lo de Castro: al nombrarlo, Washington ubica en el corazón de Casa Presidencial la trama para descabezar al judicial y a la Fiscalía, lo que si bien era cosa sabida en San Salvador queda hoy asentado como verdad diplomática para la administración Biden. Ricardo Zúñiga, el enviado especial de Biden para el Triángulo Norte, había advertido a Bukele que Washington entendía que lo legal era mantener el statu quo anterior al primero de mayo, con lo que el nombramiento de Castro es en realidad un reclamo al presidente.

Importantes son, también, los nombres de Osiris Luna, director de las cárceles salvadoreñas, y Rogelio Rivas, exministro de seguridad, ambos listados por corrupción. En estos casos hay un subtexto: el pacto que, según funcionarios estadounidenses y documentos citados en investigaciones periodísticas, Bukele tiene con las pandillas, sobre todo la MS13, para garantizar la reducción de homicidios, uno de los principales logros en sus dos años de gobierno. Luna y Rivas han sido dos de los principales operadores de ese pacto.

Al nombrar a los sospechosos de transar con la MS13, justo cuando magistrados de la Corte Suprema de Justicia nombrados por el bukelismo intentaron detener la extradición a Estados Unidos de uno de los líderes de esa pandilla, Washington envía otra advertencia.

En el caso salvadoreño también aparecen nombrados el dirigente del FMLN José Luis Merino y la jefa de gabinete de Bukele, Carolina Recinos, ambos con vínculos estrechos a Alba Petróleos, el entramado corporativo alimentado en El Salvador con dinero del petróleo venezolano y que financió al bukelismo al menos desde 2013. La de Alba Petróleos es una investigación prioritaria para Washington.

Enrique Rais, un empresario cercano a Merino, y Adolfo Salume, empresario harinero señalado por sobornar a un magistrado, también están en el capítulo salvadoreño de la Engel.

De Honduras lo que más llama la atención es una ausencia, la de Juan Orlando Hernández, el presidente del país a quien fiscales estadounidenses han señalado como co-conspirador en la misma operación masiva de narcotráfico por el que está condenado su hermano en Estados Unidos.

Hay, sí, una veintena de diputados, funcionarios y exfuncionarios relacionados al Partido Nacional que controla Hernández que aparecen listados por corrupción. También está Porfirio Lobo, expresidente señalado por aceptar sobornos de Los Cachiros, una de las bandas de narcotraficantes más poderosas de Honduras la década pasada, y su esposa Rosa Bonilla de Lobo, condenada por corrupción y luego favorecida por el sistema judicial que controla el Partido Nacional.

Buena parte de los nombrados en Honduras ya fueron investigados y procesados por una unidad fiscal, la UFERCO, que como la FECI en Guatemala fue hasta hace poco el último reducto anticorrupción en el país. Todos ellos siguen libres y la mayoría siguen en sus puestos con mucha tranquilidad, como Gladis Aurora López, diputada del Nacional y miembro de la junta directiva del Congreso, acusada de corrupción y tráfico de influencias. El mensaje es, aquí, claro también: los sistemas judicial y de investigación criminal hondureños están completamente secuestrados, al servicio de las mafias.

Las mafias hondureñas aparecen nombradas en la Engel. Pero no está Juan Orlando Hernández.

¿Puede esta lista tener efectos políticos y judiciales en el Triángulo Norte? Sí y no.

En el apartado político hay un efecto moral importante: por más que griten y se escuden en su popularidad, como es el caso de Bukele, o diatribas nacionalistas, como han hecho algunos de los listados hondureños, el peso de los señalamientos de Washington es suficiente para erosionar los búnkeres del poder y contrarrestar, al menos en la agenda pública, la retórica de criminalizar a todo opositor, periodista o ciudadano a los que estos regímenes entienden como enemigos internos. En corto: hoy será más difícil para Bukele, por ejemplo, tirar basura a la casa ajena cuando la que guarda en la propia apesta ya hacia afuera.

Los mensajes que Estados Unidos ha enviado con estos nombres, los directos y los indirectos, son bastantes claros en varios casos, como los que he señalado arriba. Hoy, por primera vez en un buen rato, parece que Washington ha puesto algunos límites.

El asunto jurídico es más complejo. La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, dijo en una entrevista televisiva que su país puede iniciar acciones judiciales contra quienes tienen activos en el norte. Los listados, además, quedan impedidos de utilizar el sistema financiero estadounidense, de viajar o de hacer negocios allá. Eso, para funcionarios corruptos que tienen necesidad de mover dinero o empresarios con negocios en Estados Unidos, como los salvadoreños Rais y Salume, es complicado.

También es posible, de acuerdo con fuentes diplomáticas consultadas en Guatemala y El Salvador, que la Unión Europea y Canadá se unan a la condena que implica estar en la lista Engel. Si eso es así, los listados podrían, en efecto, convertirse en parias, como lo dijo el congresista demócrata Jim McGovern a La Prensa Gráfica de El Salvador.

Lo que es indudable, y eso es precisamente lo que la lista deja claro, es que nada de esto tendrá repercusiones legales en el Triángulo Norte, donde los tres fiscales generales y los tres órganos judiciales están totalmente arrodillados a las élites políticas y económicas. Aquí, los listados seguirán vociferando, corrompiendo, desafiando. Como lo hizo el diputado hondureño Óscar Nájera, relacionado a Los Cachiros, que no dudó en pedir a Estados Unidos que presente pruebas de lo dicho, o como hizo el exdiputado salvadoreño Walter Araujo, afín al bukelismo, quien, en sus redes sociales, ha anunciado que viajará a China y a Rusia hoy que no tendrá visa estadounidense.

Autoría y edición

Periodista salvadoreño. Fue editor en español e investigador senior de la Fundación InSight Crime. Estudió periodismo en la Universidad Centroamericana de San Salvador y en la Universidad de Barcelona. Trabajó como reportero y editor en La Prensa Gráfica de El Salvador durante 15 años. Fue diplomático en Washington y fellow en el Centro de Estudios Latinoamericanos de American University. En 2014 escribió Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC de El Salvador (1993-2013) y fundó Revista Factum. Ha colaborado con varios medios centroamericanos, con El País de España y The New York Times entre otros

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