Jueza ordena a Deocsa parar cortes de energía en San Ildefonso Ixtahuacán y San Juan Cotzal

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Créditos: Richard Brown.
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Lourdes Álvarez

El juzgado Quinto de Primera Instancia Civil, a cargo de la jueza Sara Leticia Folgar Lemus, otorgó el 6 de julio, un amparo definitivo que promovió el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade en contra de la Distribuidora de Electricidad de Occidente S.A. (Deocsa) por los constantes cortes de energía a pobladores de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango; y San Juan Cotzal, en Quiché, por lo que se debe garantizar el servicio en ambas comunidades.

“Se realizan los cortes de servicio de energía eléctrica a los clientes que están al día en sus pagos, sin notificación previa, lo que vulnera sus derechos a la defensa y debido proceso y lo estipulado en la Ley General de Electricidad”, se pude leer en el documento de amparo que este jueves fue compartido por la PDH.

Según Deocsa, en esos departamentos y en otros del país, han detectado conexiones que califican de ilegales, que afectan las finanzas de la empresa. Dicen que han ofrecido convenios de pago, pero que no han sido aceptados por la población.

Sin embargo, esa empresa ha realizado cortes generalizados en los municipios afectando a los usuarios que están al día con el pago de sus servicios, según la resolución de la jueza, donde se agrega que Deocsa, además, hace una interpretación “arbitraria” del contenido del artículo 50 de la Ley de General de Electricidad, “cuando aduce la existencia de conexión sin previa autorización” en esos lugares y que le otorgaría potestad para realizar los cortes generalizados.

En la resolución, emitida este jueves, también se solicita a Deocsa que cese el corte o suspensión del servicio generalizado y que sí aún no se ha reestablecido el servicio que se haga inmediatamente.

Por otra parte, la resolución indica que la empresa puede iniciar las gestiones para solicitar el cobro a los usuarios que tengan pendiente el pago del servicio, pero sin afectar a la población que ha cumplido con sus pagos, porque existe un contrato vigente con la empresa y al que la población está respondiendo.

En reiteradas ocasiones, las comunidades de esas localidades han expresado que se ven afectados por los constantes cortes de energía, perjudicando los negocios de subsistencia, como venta de pollo, lácteos o embutidos que necesitan refrigeración.

PDH: la energía eléctrica es un derecho humano

En entrevista con Prensa Comunitaria el PDH informó que este tipo de resoluciones son importantes porque la energía eléctrica es también un derecho humano, que si bien se debe pagar, es un servicio público que no debe estar sujeto a actos arbitrarios como los cortes generalizados que motivaron el amparo.

“Estamos de acuerdo en que corten a las personas morosas, pero no a las personas que están al día, porque se afectan servicios esenciales como la salud. La electricidad, en este contexto de pandemia, es fundamental para procesos educativos, por ejemplo. Existe, además, de una ilegalidad una falta de empatía de parte de la empresa. Es una política irracional y arbitraria hacer cortes generalizados, ante esto no puedo ser un espectador y me siento muy satisfecho de que sean declarado con lugar el amparo”, añadió el PDH.

Por otro lado, indicó que se otorgó otro amparo favorable a favor de la comunidad de San Antonio Suchitepéquez, en la Costa Sur del país, donde llevan varios días sin energía eléctrica y otro en Malacatán, San Marcos, en la frontera El Carmen.

“Pese a haber una orden de reinstalación, Energuate se resiste, evidenciando que el problema del servicio de energía eléctrica necesita una revisión de fondo, para evitar este tipo de arbitrariedades”, añadió Rodas Andrade.

El PDH solicitó a Energuate ser respetuosa del estado de Derecho “y eso comienza con el cumplimiento de las resoluciones, para no caer en desobediencia. por eso llamaría a su buena voluntad para cumplir con lo resuelto”, puntualizó.

Autoría y edición

Periodista y comunicadora para organizaciones sociales, de pueblos indígenas y de organismos internacionales; estudios concluidos en sociología, asistente de investigación social para peritajes judiciales con enfoque histórico y antropológico.

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