Por Francisco Simón Francisco
Manuel Hernández Tiquiriz, de 78 años, falleció el pasado lunes 5 de julio, por problemas pulmonares y padecimiento de dolor de cuerpo. Murió en su residencia ubicada en la aldea Cruz Chich de Joyabaj, Quiché.
Según relataron sus familiares, Hernández Tiquiriz tenía problemas de salud a inicios de 2020 y con su detención, la carga psicológica que implicó, los gastos económicos que asumió en el proceso penal que se inició en su contra por el alcalde Florencio Carrascoza, por participar en una manifestación en agosto de 2020, más la movilización desde su comunidad hasta el juzgado de Santa Cruz del Quiché, perdió el equilibrio del cuerpo.
La última audiencia a la que asistió fue el pasado 16 de junio en el Juzgado de Santa Cruz del Quiché para atender la audiencia de etapa intermedia que estaba programada para esa fecha. Sin embargo, fue suspendida sin previo aviso, debido a que el juez suplente, Arnulfo Rocael Carrera Dávila, que estaba designado para este caso, se inhibió de conocer el proceso, ya que fue designado como juez titular en un juzgado de femicidio en el departamento de Santa Rosa.
Manuel Hernández, maya K´iche, campesino y agricultor, creció y vivió en la comunidad de Cruz Chich. Se dedicó a labrar la tierra y cultivar maíz y frijol, para la subsistencia de su hogar. Además, de la crianza de sus animales domésticos.
Él, junto a la periodista Anastasia Mejía y nueve mujeres más fueron criminalizados y acusados penalmente por el alcalde municipal, Florencio Carrascoza, posteriormente detenidos y encarcelados.
La historia de un campesino que fue acusado injustamente
El alcalde Florencio Carrascoza lo acusó penalmente por los delitos de sedición, robo, incendio y atentando con agravación de la pena, por su presunta participación en una manifestación que organizó un grupo de comerciantes, el 24 de agosto de 2020, frente a la municipalidad de Joyabaj, en la que exigían al alcalde dar marcha atrás a algunas medidas que impuso para evitar la propagación del coronavirus en el municipio, principalmente las que afectaban al sector de comerciantes y vendedores del mercado que fue instalado en el parque municipal.
Lo detuvieron el 22 de septiembre de 2020 y luego fue enviado al Centro de Detención Preventivo con sede en Santa Cruz del Quiché. Tuvo que esperar 39 días para la audiencia de primera declaración. Pese a que el fiscal del Ministerio Público (MP), Isaías Mancilla, no pudo demostrar con pruebas suficientes su participación en la manifestación de 2020, la jueza Susan Elizabeth Pérez consideró que había elementos para investigarlo.
Desde el 28 de octubre de ese año estaba con medidas sustitutivas, tuvo que pagar una fianza de Q 20 mil, para recobrar su libertad y debía presentarse a la sede del MP de Joyabaj cada 15 días a firmar el libro de actas, para comprobar su permanencia en el país.
Tres fuentes consultadas en Joyabaj concluyeron que don Manuel Hernández sí llegó a la zona urbana de esa localidad ese lunes 24 de agosto de 2020 a realizar su compra de consumo diario para toda la semana. No podía viajar cualquier día, porque existían medidas de restricción por la pandemia de la COVID-19.
Observó lo ocurrido en la municipalidad y se acercó entre la multitud que exigía la renuncia del alcalde Carrascoza.
Se retiró del lugar ante un hecho, del que dijo, no participó. Don Manuel Hernández murió con deudas que asumió por un proceso penal en su contra, cargado de racismo, exclusión y discriminación.
¿Quién es el acusador de Manuel Hernández y de 10 personas más?
El pasado 1 de julio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó la lista Engel, en donde figuran funcionarios públicos y del sector empresarial de Guatemala, Honduras y El Salvador, vinculados con actos de corrupción, socavamiento a las instituciones democráticas o persecución a opositores políticos.
Entre los señalados destaca el actual alcalde municipal de Joyabaj, Quiché, Florencio Carrascoza por socavar procesos o instituciones democráticas, al intimidar y encarcelar injustamente a opositores políticos en el municipio.
Carrascoza es querellante, como agraviado, en la acusación por los incidentes ocurridos en agosto de 2020, en contra de don Manuel Hernández y 10 mujeres. De las personas que fueron detenidas, Sebastiana Pablo, vicepresidenta de la Asociación de comerciantes de Joyabaj, continúa en prisión desde el 25 de agosto de ese año, en la cárcel de mujeres de la ciudad de Quetzaltenango.
De acuerdo con un documento oficial de los Estados Unidos al que tuvo acceso Prensa Comunitaria, el alcalde, además de socavar las instituciones democráticas, se le señala de liderar una red de crimen organizado que opera en el municipio; que bajo engaños ofrece servicio de viaje a migrantes irregulares que intentan viajar a los Estados Unidos.
El documento le atribuye el control del corredor migratorio desde Pachalum hasta Santa Cruz del Quiché, ofreciendo este servicio por medio de reclutadores o guías de viaje que se hacen pasar como coyotes. Además, el jefe edil ofrece a través de esta, servicios de préstamos a las personas con escasos recursos para costear el viaje del ciclo migratorio con una tasa de interés del 12 por ciento a cambio de documentos de propiedades. Las personas que adquieren estos préstamos al ser detenidas o deportadas a Guatemala, por las autoridades fronterizas de los Estados Unidos en la frontera sur, prácticamente pierden sus bienes.
