Por Regina Pérez
Aunado al repudio y a la indignación ciudadana que generó la decisión de la Fiscal General, Consuelo Porras, de destituir al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, se han presentado tres denuncias penales en contra de la jefa del Ministerio Público (MP) por varios delitos. Dos de estos antejuicios fueron presentados en Juzgados de Turno, los cuales deberán ser elevados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La más reciente denuncia fue presentada este lunes por el abogado Rafael Maldonado, en la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP) por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Maldonado dijo que la decisión de Porras de haber despedido de manera directa a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, fue completamente ilegal y se encuadra en ambos delitos.
De acuerdo con el abogado, las reformas a la Ley Orgánica del MP de 2016 contienen todo el procedimiento de disciplina fiscal, el cual establece una serie de acciones y procedimientos bajo los cuales debe investigarse y en su caso sancionarse las faltas cometidas por el personal del MP.
En esa misma reforma se crean las juntas disciplinarias a quienes corresponde determinar los procedimiento de investigación correspondientes y si hay hechos más graves ya a la Supervisión General del MP, señaló.
Con esta denuncia, Porras acumula tres querellas penales en su contra. Una fue presentada por los secretarios de las bancadas Semilla y URNG y otra por la oenegé Acción Ciudadana, el domingo 25 de julio, dos días después de que Porras anunciara la destitución de Sandoval.
Samuel Pérez, secretario general de la bancada Semilla, señaló que presentaron la denuncia en contra de Porras porque consideran que no hubo un procedimiento para destituir a Sandoval, ya que en una institución como el MP, donde está normado dicho procedimiento, la destitución no puede ser arbitraria.
De acuerdo con Pérez, eso implica que Porras pudo haber incurrido en abuso de autoridad. Lo que reflejó la comunicación oficial que sacó el Ministerio Público (MP) es que no se explican los motivos por los cuales se toma esta decisión, más allá de inconformidad personal de la fiscal general, dijo el diputado.
La denuncia de Semilla y URNG en contra de Porras fue por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución y obstrucción a la justicia.
En tanto, Acción Ciudadana presentó una solicitud de antejuicio en contra de Porras ante un Juzgado de Paz, por los delitos de asociación ilícita y obstrucción a la justicia. De acuerdo con la denuncia, la fiscal destituyó a Sandoval, un fiscal de carrera, sin un procedimiento previo y vulnerando los principios y normas que establecen una independencia fiscal.
CSJ tendrá que resolver solicitudes de antejuicio
Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, señaló que cuando los denunciados ostentan un cargo público que le confiere inmunidad, los jueces se inhiben de conocer dicho antejuicio, el cual tiene que ser trasladado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En caso de que la CSJ resuelva dar trámite a la solicitud de antejuicio la envía al Congreso, en donde se tendrá que conformar una Comisión Pesquisidora que analizará el expediente y recomiende si se le retira o no la inmunidad.
Ibarra destacó que todo apunta a que los magistrados rechacen la solicitud de antejuicio para no exponer a la fiscal general en el Congreso. Dado que junto a Porras integran la alianza política dominante en el país, es lógico que la mayoría en la CSJ resuelva rechazar in limine (sin entrarlos a conocer) los antejuicios, dijo.
Según la directora del Movimiento Pro Justicia, “Ellos tienden a proteger a sus aliados, la fiscal es una aliada de esa alianza política dominante que hay en el país, que comúnmente se llama Alianza Criminal o Pacto de Corruptos, pero vemos que más allá de que son aliados en temas de corrupción, en este momento es una alianza política que está dominando en el país para todo tipo de cosas, no solo para impunidad, sino para la cooptación de las instituciones del Estado y lo que eso implica”.
El diputado Pérez, subrayó que tienen que esperar la respuesta de la CSJ. “Yo creo que la denuncia es bien clara y no estoy seguro que se puedan echar para atrás en un tema así de serio, pero sabemos también las correlaciones de fuerza que existen dentro de la Corte y sus incentivos sobre todo apegados a impunidad”.
El diputado añadió que la vía legal es una opción, pero también están otras acciones políticas y denuncias que puedan hacer fuera del sistema de justicia.
Este lunes, la presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdés, defendió la decisión de Porras. “Ya lo explicó Porras en televisión que fueron faltas de respeto, desobediencia que le permitían a ella hacer un despido directo que está contemplado en la ley”.
Para Ibarra, en caso de que la Corte Suprema dé trámite al antejuicio, éste llegaría al pleno del Congreso donde se tendría que integrar una Comisión Pesquisidora que contaría hasta con tres meses para preparar su informe, incluso podría acabar el periodo legislativo ordinario sin que se resuelva.
La destitución de Sandoval genera repudio y movilizaciones
Según el oficio del MP, en el que se informó a Sandoval de su destitución, la decisión fue tomada tras una objeción por escrito realizada por el jefe de la FECI a la instrucción verbal de Consuelo Porras el 21 de julio de 2021, que según la Fiscal General, “no procedía” y con lo que desobedeció deliberadamente la instrucción.
Sandoval se opuso al nombramiento de la fiscal Cinthia Monterroso en la FECI, que gestionaría casos bajo la jurisdicción de la jueza Érika Aifán.
En rueda de prensa antes de su salida del país, Sandoval dijo que la imposición de la fiscal fue hecha con el objeto de “armar un buen tamal”, ya sea en su contra, en contra de la jueza Aifán o de los demás fiscales. También tenía como función beneficiar a los amigos de Porras involucrados en las investigaciones, manifestó.
Las denuncias en contra de Porras se han presentado en un momento en que crece el reclamo de la ciudadanía para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y ahora de Porras. Este lunes, se organizaron varias acciones de protesta en Alta Verapaz, Huehuetenango, Petén y Escuintla para exigir su dimisión.
Para esta semana también se tiene previsto un paro nacional, convocado por distintas autoridades indígenas, el Parlamento Xinca y los 48 cantones de Totonicapán, entre otras acciones a realizar en contra del gobierno de Giammattei. La Municipalidad Indígena de Sololá dio un plazo de 2 días al Presidente y la Fiscal General para que renuncie, de lo contrario harán uso de su derecho a manifestar pacíficamente, hasta ser escuchados.
