Por Miguel Ángel Sandoval
Ver los titulares de periódicos o escuchar radio, casi no veo TV, es asistir a expresiones de hartazgo por todo el país. No hay un solo lugar en donde no haya expresiones claras de descontento y llamados al paro nacional, con mayor o menor amplitud. Hago una lista. Totonicapán, Sololá, Baja y Alta Verapaz, Jalapa, Quiche, El Progreso, Zacapa, Petén, Santa Rosa, Jutiapa, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Sacatepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Escuintla, la capital. Si falta algún departamento es porque aún no vi el dato concreto. Es algo nacional.
Se agregan sectores de iglesia católica, unos cuantos empresarios, académicos, estudiantes, organizaciones de derechos humanos, grupos campesinos, algunos partidos políticos, empleados públicos descontentos que callan y de manera muy clara y categórica, el plano internacional. De forma especial, la postura del principal socio comercial de nuestro país, EEUU. No incluyo en la lista lo que se dice en redes sociales, que es profuso. En otros términos, hay rechazo extendido.
Vale hacer unas pocas preguntas. ¿Cómo pretendería el gobierno calmar o acallar esta expresión de descontento? ¿Sera posible reencontrar el apoyo social sin cambios? ¿O sería posible gobernar sin apoyo social? Es la gran contradicción entre legalidad y legitimidad. De acuerdo, el gobierno actual tiene legalidad pues gano un a elección, pero ha perdido la legitimidad día con día, de manera sostenida desde hace mucho tiempo. Quizás solo tuvo el beneficio de la duda en el primer trimestre, pero luego viene de bajada, evidente, clarísima.
Fuentes internas del gobierno dicen que, en encuestas propias, apenas el 8% de la gente le cree o le apoya. El resto se mueve del rechazo absoluto al descontento o en la indiferencia por muchas razones y motivos. Lo que señalo es un caso de ingobernabilidad, de crisis de gobernanza, o como se quiera denominar. Pero en esas condiciones solo es posible gobernar en contra de la gente, y eso abre una vía ancha a las dictaduras y gobiernos autoritarios que no tienen nada que ver con la democracia, salvo la idea de que, en un momento, se ganó el poder por la vía de las elecciones. A partir de entonces, el deterioro.
Parece que llegamos a un punto de no retorno. Todas las expresiones de descontento, de rechazo, que piden renuncias del fiscal y el presidente es muy difícil que de pronto cambien de opinión, pues no hay nada que diga que se equivocan de forma clara, evidente. Habría que pensar en que actitud puede asumir EEUU que ha visto en la remoción del fiscal de la FECI un desplante cargado de insolencia por un socio menor. Es el gobierno quien tiene que entender que no puede gobernar en contra de la gente, en contra de la democracia. No tiene muchas alternativas.
Quizás si tomara varias medidas podría continuar y terminar su mandato. A título de ejemplo: despedir a la fiscal general, impulsar la reforma constitucional, particularmente en la justicia. Resolver la cuestión sanitaria y la vacunación. Pero, sobre todo, allanarse a las investigaciones que todo indica se realizan para establecer presuntas ilegalidades o corruptelas cometidas desde el gobierno. Pero no se puede continuar como si no hubiera pasado nada. Parecería que, en la actualidad, ni siquiera la pandemia con todas sus anomalías, incluyendo el negocio de la Sputnik o la ejecución de fondos, puede limitar la expresión de descontento. Por el contrario, todo apunta hacia la profundización de la protesta, del rechazo.
Son tiempos difíciles los que están en curso. La crisis del gobierno se está trasladando de forma acelerada a una crisis del sistema y ello demanda reformas que con los días que pasan, se revelan como de mayor profundidad. Estamos ante una crisis inédita. Estas notas se escriben antes de saber el resultado y nuevos desarrollos del paro del 29 de julio, que por supuesto acompañaré.
