Por Lourdes Álvarez
Es como una fotografía en la que se ven dos grupos. En lo alto, en una tarima, hay varios personajes de distintas épocas. Hombres y mujeres que se saludan unos con otros, se dan palmadas en la espalda. Comparten confianza, dineros; visten bien. Están alegres. Abajo, a ras de suelo, millones de personas de las que apenas se pueden ver algunos rasgos. Están todos desdibujados y grises. Los de la tarima son jueces, policías, fiscales, empresarios, políticos, gente con poder. Los de abajo son los demás, los gobernados.
Una fotografía así muestra las estructuras de poder que tienen capturado al Estado de Guatemala. Juan Francisco Sandoval, el abogado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), recién destituido, fue uno de los que mostró, en esa fotografía cómo los de arriba, las estructuras de poder, capturaron al Estado de Guatemala, cómo el Estado dejó de responder a las necesidades de los guatemaltecos a los que gobierna y cómo esas estructuras se garantizaron impunidad.
El costo de la verdad
Desde el hallazgo en Antigua Guatemala de varias maletas que contenían Q122 millones de quetzales vinculados a José Luis Benito, ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Jimmy Morales, hasta las investigaciones de facturas que fueron entregadas por la empresa de Byron Lima, Torre Fuerte, a la municipalidad capitalina que estaba al mando de Álvaro Arzú, más las maniobras en los procesos penales sobre el caso Tigo. Todas y cada una eran parte de un sistema subterráneo que se alimenta de una misma fuente que se resiste a desaparecer: el poder de las élites políticas y económicas de Guatemala.
El sistema, que no puede sobrevivir sin impunidad, ejecuta ahora sin cortapisas una estrategia de aniquilación de quienes se atrevieron a nombrarlos. Empezó con la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), su comisionado Iván Velásquez, investigadores, fiscales y ahora contra quien se había convertido en el último bastión que quedaba en la lucha contra la corrupción: el fiscal Sandoval y la FECI.
El viernes 23 de julio se anunció por parte de la Fiscal General del MP, Consuelo Porras, que Sandoval ya no continuaría al frente de la FECI, “por los constantes abusos y frecuentes atropellos de los cuales la institucionalidad del Ministerio Público ha sido objeto, así como el irrespeto que como mujer, funcionaria y profesional del derecho ha sido víctima desde el inicio de su gestión para menoscabar su trabajo, integridad y dignidad”.
En una conferencia de prensa posterior, Sandoval desde la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reveló que formaban parte de ese sistema subterráneo de corrupción algunos operadores políticos claves como Gustavo Alejos, secretario privado del expresidente Álvaro Colom, por su vinculación con actividades ilícitas durante las elecciones de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. También figuras como la excandidata a la presidencia y exesposa de Colom, Sandra Torres y, hasta el presidente Alejandro Gimmattei por su aparente vínculo con el dinero encontrado en las maletas de Benito y la visita de algunos supuestos rusos en marzo reciente.
Esclarecer esa enmarañada red de actores, poder, cuotas y niveles de participación ahora parece un anhelo muy lejano. Con la destitución de Sandoval, sin seguir un proceso administrativo según la ley del MP, el sistema subterráneo minó una serie de esfuerzos de persecución e investigación criminal estratégica, los cuales se vieron fortalecidos con la instalación de la CICIG. Estos casos, que diligenciaban la comisión y FECI, eran “de un perfil alto, porque se trataba de fenómenos asociados con Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) y Redes Político Económico Ilícitas de organizaciones criminales de un perfil muy alto”, en palabras de Aníbal Argüello, exfuncionario de la CICIG, quien también sufrió persecución penal acusado en el caso Política y Falsedad junto a Juan Francisco Solórzano Foppa y otras personas, en un proceso que los mantuvo 22 días en prisión preventiva.
Para Claudia Paz, exfiscal y jefa del MP, son esos casos de alto impacto en temas de corrupción, donde se encontraban vinculadas estructuras que podrían procurarse impunidad, los que llevaron a la destitución de Sandoval. Sobre todo “porque las investigaciones avanzaban y podrían afectar a personas de alto perfil en este gobierno”, dice Paz y Paz, quien también se refirió al procedimiento para sacar a Sandoval de la fiscalía y lo calificó de “ilegal” desde su cuenta en Twitter.
Según Paz y Paz, en conversación con Prensa Comunitaria, “Juan Francisco es un fiscal de carrera, esto significa que no hay libre remoción, entonces si se le quería destituir debió haberse iniciado un proceso disciplinario y comprobarse que había cometido una falta muy grave”.
Pero ese proceso nunca llegó. Tampoco parece posible, hoy, para esclarecer las denuncias que hizo Sandoval en su última conferencia desde la PDH, donde destacan los retrasos por parte de la Fiscal General en los casos “Subordinación de poderes” que involucra a una empresa de telefonía, cuando el fiscal Luis Omar Mejía, se disponía a operativizar el caso. Vaya sugerencia (de Consuelo Porras) por certeza jurídica, que era necesario esperar a que se resolviera un recurso de reposición”, según Sandoval.
Para Sandoval, “cuando se le informó que el recurso estaba resuelto, casualmente con una inusitada inmediatez, la sala segunda de la corte de apelaciones del ramo penal, entró a conocer y resolvió una recusación, en la que la misma sala manifestó que no se habría aprobado la causal, pero por sanidad procesal, había que proceder a remitir el expediente a la judicatura 10 de primera instancia penal, con los resultados que ustedes ya conocen”.
Con el caso de la excandidata Sandra Torres, “en cuántas ocasiones con el licenciado Andrei Gonzales, le manifestábamos que estábamos listos para proceder, le advertíamos que, si esa persona lograba inmunidad, era muy difícil que la Corte Suprema de Justicia diera trámite, porque desconfiábamos de ella y su repuesta fue “ustedes son unos exagerados”.
“En el caso de financiamiento ilícito del Partido Unionista, cuántos regaños y reprimendas recibimos por cumplir nuestra función”, indicó el ahora exfiscal y señaló que “será labor de la fiscal responder porqué le impuso a la FECI que cualquier cuestión relacionada con el Presidente de la Republica, no solo se pidiera de manera cordial, sino que no se podía llevar a cabo sin su visto bueno, en varias ocasiones le pregunté por qué esa situación, porque era incorrecta, y porque atenta contra la autonomía e independencia del Ministerio Público.
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Impunidad histórica
Las redes de impunidad, poder, dinámicas, alcances y sobre todo sus formas de reaccionar y reconfigurarse cuando se ven amenazadas no se pueden explicar sin un repaso por la conformación del Estado de Guatemala y sus estructuras.
Tampoco se puede obviar el conflicto armado interno, las prácticas institucionales implementadas para controlar a la población, silenciar y hasta eliminar a personas o grupos que se consideraban como enemigo interno, sobre todo de las diversas regiones etnolingüísticas del país. Las masacres y los planes de tierra arrasada en contra de población civil desarmada se han documentado de manera amplia por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, previo a la firma de los Acuerdos de Paz en la llamada era democrática.
Aquella lógica contrainsurgente nunca dejó de crecer en el sistema subterráneo guatemalteco, que ha seguido alimentándose de la creación de enemigos internos.
El investigador Harald Waxenecker, en el documento Impunidad y Redes ilícitas: Un análisis de su evolución en Guatemala para la Fundación Myrna Mack, dice: “Las transiciones del autoritarismo a la democracia y de la guerra a la paz lograron –pese a contradicciones e infinitas dificultades– sentar bases para introducir reformas en el sistema judicial. No obstante, persistían estructuras de poder con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas: los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS)”.
Waxenecker cita que desde el mandato de CICIG se estableció que los CIACS son aquellos grupos que reúnan las siguientes características: “Cometer acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos y estar vinculados directa e indirectamente con agentes del Estado, o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas”.
Para hacerle frente a las CIACS, según la publicación de Waxenecker, además de la instalación de la CICIG, el MP experimentó un proceso de fortalecimiento de sus capacidades de investigación y la persecución penal pública desde 2008, bajo conducción de Amílcar Velásquez Zárate (2008-2010), Claudia Paz y Paz Bailey (2010-2014) y Thelma Esperanza Aldana (2014-2018). Fue en ese proceso donde se creó la FECI.
“Pero, esta lucha contra la impunidad y la corrupción sacudió la realidad histórica de poder. Las estructuras y redes buscan blindarse, pues, la impunidad es parte de la esencia y forma de (re) producción de poder y riqueza. Los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) cometen acciones ilegales, pero –al mismo tiempo– son capaces de generar impunidad”, razona Waxenecker.
De lo denunciado por Sandoval el día de su destitución, que ha sido reafirmado por múltiples investigaciones en medios de comunicación guatemaltecos e internacionales, se puede establecer que ese mecanismo que genera impunidad nunca dejó de articularse en función de una causa común: desterrar todos los avances en la lucha contra la corrupción y afianzarse.
Casos emblemáticos
Uno de los casos que más de cerca tocó al poder que Sandoval investigó fue el del Partido Unionista de Álvaro Arzú y el sistema político que funcionaba desde esa comuna. Sandoval dijo que existió molestia por parte de Consuelo Porras cuando se intentó operativizar la investigación. Ese caso investigaba una red que operaba desde la municipalidad capitalina, que tenía vínculos con el Sistema Penitenciario, donde guardaba prisión Byron Lima y donde fue asesinado.
La historia de Lima cuando era militar y Arzú cuando era presidente de Guatemala en la segunda mitad de los 90 está atravesada por el asesinato de monseñor Juan José Gerardi, uno de los crímenes de mayor impacto social para el país. El caso de Gerardi evidencia que desde “el Estado planifica, ejecuta y encubre el crimen, empleando la institucionalidad más alta de la jerarquía militar y, paralelamente, utilizando métodos especializados de inteligencia contrainsurgente”, según la publicación de Waxenecker.
Otro caso que tocó al poder fue el de la excandidata Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE). La FECI documentó financiamiento electoral ilícito para el partido que la postulaba y una estructura que funcionaba desde la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la cual, a cambio de crédito fiscal, desviaba fondos para el partido de Torres, donde destacaba su operador Gustavo Alejos.
También está el expediente denominado Comisiones Paralelas, con figuras como el exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala Estuardo Gálvez, el actual rector Murphy Paiz, nuevamente Alejos, entre otros investigados por la elección anómala de las altas cortes del país.
Y están los sobornos que habrían recibido varios diputados para aprobar la denominada Ley Tigo, que beneficiaría a diversos empresarios y funcionarios durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Vencer a las islas
Al desarticular la unidad que estaba encargada de investigar estos casos las investigaciones quedan prácticamente muertas. Uno de los éxitos de investigar fenómenos de macrocriminalidad es poder abordarlos como una unidad, porque existen elementos de investigación que van a permitir armar un caso que a su vez permitirá armar información para otro nuevo, agrega Argüello.
“El caso la Línea dio información para el caso TCQ, ambos dieron información para el caso Coaptación del Estado y así sucesivamente fueron surgiendo muchos casos como ramificaciones. Pero si esto se desarticula se convierten como en pequeñas islitas de información y, lo que pasa al final es que se destruyen las capacidades investigativas de la fiscalía”, apunta el exanalista de la CICIG.
Para la politóloga Heidy de Mata, debilitar a la FECI era parte de la estrategia de un poder que no es solamente político, sino también obedece a la interrelación de lo económico y lo ideológico en una nación dominada por los intereses de estructuras que han capturado al Estado.
“Desde que iniciaron los procesos de transición democrática lo que se cuestiona es la falta de representatividad en los tres poderes del Estado y la coherencia que es fundamental para administrar la cuestión pública y la rendición de cuentas”, agrega de Mata.
La exfiscal Paz y Paz cree que de lo denunciado por Sandoval la población guatemalteca debe comprender, más allá de términos técnicos o jurídicos, que en este capítulo de la historia del país, que inició con la instalación de la CICIG y la lucha contra la corrupción, poco a poco “se han ido cooptando las instituciones, la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, Fiscalía y ahora la FECI para impedir el avance de la justicia y frenar la lucha contra la corrupción”.
Un proceso con fecha de caducidad
Para Argüello, la destitución de Sandoval y el ataque mediático que inició en contra el exjefe de FECI la propia fiscal Consuelo Porras, es lo visible. “Pero hay otras cosas atrás, similar a lo que se decía cuando se argumentaba que el problema no era la CICIG, que era Iván Velásquez -el exjefe de la comisión- porque se hacía una persecución selectiva y era algo ideológico”.
El expresidente Jimmy Morales, su gobierno y colaboradores hicieron creer que apoyarían una lucha contra la corrupción, pero sin el excomisionado . “Sacan a Velásquez y luego van en contra de los internacionales de la CICIG y finalmente acaban con el convenio de la comisión, dejándola fuera. Esa es la estrategia que están siguiendo ahora. La FECI no es el problema, por eso se va a poner una nueva jefe en la FECI, pero lo que viene después es desarmarla, atacarlos, perseguirlos, hostigarlos”, apuntó Argüello.
El exanalista de CICIG señala que Consuelo Porras dio un discurso desde los medios de televisión abierta, los cuales son propiedad de actores que han
sido investigados por FECI, y dio lectura a una especie de libreto que se ha construido por los “netcenter” -cuentas masivas en redes sociales electrónicas-, otro de los fenómenos de las redes criminales que son utilizados para propagar desinformación o ataques contra determinados personajes, según investigó la CICIG.
Para Paz y Paz, las investigaciones de la FECI develaron como la corrupción es parte de la forma de hacer política y gestionar el Estado en Guatemala. “No es un accidente, un hecho aislado, es la manera en que las elites políticas y económicas han dispuesto de los fondos públicos para su beneficio personal, postergando la satisfacción de necesidades básicas de miles de guatemaltecos y guatemaltecas”.
Argüello cree que lo que se debe comprender con la destitución abrupta de Sandoval de la FECI es que envía un mensaje fuerte y directo para quien participe en la lucha contra la corrupción y quien se atreva a investigar o a levantar la voz contra el statu quo, porque será perseguido por las instancias y las personas que han participado en los ilícitos.
“El derecho penal no es la solución a los problemas de Guatemala, porque la situación es más profunda y compleja, pero los casos penales sí muestran una fotografía de por qué estamos cómo estamos y esa foto que valientemente mostraron las investigaciones de la FECI muestra cómo las estructuras tienen capturado al Estado y por qué el Estado ni siquiera da los insumos mínimos a la población y menoscaba sus derechos fundamentales como a la vida”, puntualizó Argüello.
Para de Mata no se midió el alcance de las decisiones que se tomaron recientemente sobre Sandoval y los equipos de investigación de la FECI. “Si yo quiero mantener obediencia necesito mantener legalidad y legitimidad. Si queremos mantener un orden político y social debe existir también coherencia. La justicia es un elemento fundamental para mantener el orden político y social y el Estado de Derecho” A título personal, de Mata enfatizó que esa decisión se debería reconsiderar.
Por ahora, en forma individual o desde diversas organizaciones campesinas, indígenas, urbanas y articulaciones ciudadanas, la población guatemalteca ha empezado a tomarse las calles desde la destitución de Sandoval y ya se anunció un paro nacional indefinido que comenzaría este jueves 29 de julio. Los personajes desdibujados y grises de la fotografía, parece, vuelven a estar hartos de los de la tarima.
