Por Francisco Simón Francisco y Regina Pérez
La fiscal general es, hoy, el objetivo de la furia de miles de guatemaltecos, por su alianza con el que se conoce como “Pacto de corruptos”, que incluye al actual presidente Alejandro Giammattei y a su antecesor, Jimmy Morales, él mismo investigado por FECI y quien eligió a Porras como su aliada.
Consuelo Porras llegó al Ministerio Público en 2018 tras una carrera de más de 35 años en el sistema judicial, nombrada por el presidente Morales. Desde su llegada, la nueva fiscal se distanció de Thelma Aldana, su antecesora, en el apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el trabajo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), cuyo trabajo abiertamente obstaculizó.
El golpe final de Porras ocurrió el 23 de julio, cuando anunció que removía al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Porras no era la candidata favorita para ser nombrada Fiscal General en la elección de 2018. Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, una entidad que monitorea los procesos de postulación y elección en varias entidades del sector justicia, señala que Porras siempre se caracterizaba por participar en procesos donde nunca era electa, tanto para las Cortes como para el Ministerio Público. Siempre sobresalía porque tiene un buen currículo, pero nunca era elegida.
Según el expediente que Porras presentó ante la Comisión Postuladora en 2018, tiene un doctorado en Derecho y una maestría en Derecho Penal. Entre 1996 y 2004 laboró en el Ministerio Público, donde se desempeñó como agente fiscal de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. También trabajó como Magistrada de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala.
Una característica, señaló Ibarra, es que antes de ser fiscal general, Porras no tenía padrinos políticos; por eso nunca ganaba los procesos en los que se postulaba. Por esa razón, Ibarra señaló que se esperaba de ella una gestión diferente y verdaderamente independiente, como había sido durante su trayectoria anterior “porque llegó al cargo sin tener realmente tachas”.
Morales la nombró Fiscal General tras escogerla de una lista de seis aspirantes, entre los que estaban el juez Miguel Ángel Gálvez, la abogada Brenda Dery Muñoz, la abogada y exfiscal Verónica Ponce, la jueza Patricia Gámez y Edgar Melchor, quien era jefe de la Dirección de Investigación Criminal (DICRI) en aquel entonces.
¿Por qué Morales la eligió a ella? Ibarra señala que, de los seis candidatos, Porras era la que menos cercanía tenía con la CICIG y con la gestión de Thelma Aldana y eso la hacía ideal para Jimmy Morales.
Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), señala que Porras no era la candidata favorita de la sociedad civil, pero que en un principio se le dio el beneficio de la duda.
De León Escribano coincide en que el currículum de Porras era bastante neutral. Pero la directora del Iepades indicó que con la elección de Porras como Fiscal General, era obvio que había ciertas vinculaciones con Morales y con la impunidad que rodeaba al mandatario.
Con destitución de Sandoval, Porras abre espacios de impunidad
El día en que fue removido, Sandoval dijo en una conferencia de prensa cómo Porras ha cooptado el sistema de investigación en el MP para favorecer al presidente Alejandro Giammattei, a diputados, a magistrados y a algunos empresarios vinculados a actos de corrupción.
Una de las investigaciones que incomodaron a Porras, según Sandoval, fue el hallazgo de Q122 millones vinculados al ex ministro José Luis Benito, caso que la FECI trabajó en silencio porque había sospechas de que uno de los secretarios de Porras trasladaba información a los involucrados. Sandoval dijo que con el dinero incautado se podría explicar una posible relación con el partido Vamos del gobierno actual. Dentro de ese proceso se requirió la declaración testimonial del exsecretario de la Presidencia y a partir de entonces los ataques en su contra y de la FECI se incrementaron.
Sandoval también se refirió a una información que recibió la FECI sobre la presencia de personas de nacionalidad rusa en la casa del Presidente entre finales de abril y principios de mayo de este año.
Además, el exjefe de FECI dejó entrever que la intención de Gustavo Alejos, secretario privado del expresidente Álvaro Colom, de colaborar con la justicia en la investigación sobre posibles influencias ilegales en la elección de la Junta Directiva del Congreso 2020, así como el manoseo en la elección de las altas Cortes, también aceleró su salida de la fiscalía especial.
Para el abogado Oswaldo Samayoa, Alejos “tiene la habilidad de aglutinar a muchos sectores a su alrededor, en algunas ocasiones buscarles acuerdos y darles beneficios. Es un padrino facilitador omnipresente en los poderes del Estado, de tal cuenta que todo lo que Alejos diga dentro de cualquiera de los procesos penales y que él está dispuesto a revelar va a dar a conocer no solo autores mediáticos, sino también los autores inmediatos de las operaciones de corrupción en la administración pública, a partir de allí, personas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial comenzaron a mover piezas para sacar a Sandoval de la FECI”, puntualizó.
Con el Caso Comisiones Paralelas 2020, Sandoval ejemplificó como Porras presionó a la FECI para que detuviera al exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, y como benefició al magistrado Néster Vásquez, quien pudo asumir en la Corte de Constitucionalidad (CC) al no ser impugnada su elección en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En otros casos, dijo Sandoval, Porras trató de evitar las investigaciones.
El abogado Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), señaló que la decisión de Porras de destituir a Sandoval de la FECI implica un retroceso en los procesos de investigación penal en contra de personajes investigados por cometer actos de corrupción, y abre puertas a un escenario de impunidad en el país.
Respecto al caso Comisiones Paralelas, Cadena expresó que “la no persecución de las personas involucradas en esta investigación significaría más impunidad y otra vez el crimen organizado puede tener influencia en la elección de las cortes, por eso se espera que el fiscal Sandoval también sea reinstalado en el puesto para que continúe con las investigaciones y que no sean afectadas ni obstaculizadas por la fiscal general, que ha demostrado afinidad con las personas corruptas”.
Sobre la designación de Vásquez como magistrado de la CC, Cadena opinó que “Vásquez ha demostrado que está vinculado al crimen organizado desde que estuvo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y bajo su mandato fue que los jueces empezaron a ser investigados… En conclusión, es un operador que representa intereses de criminales y ex militares vinculados a casos justicia transicional… No nos sorprende que Porras lo haya protegido”.
Ramón Cadena cree que la salida de Sandoval beneficia a militares que han cometido violaciones a los derechos humanos, empresarios evasores de impuestos y funcionarios del actual gobierno, incluso el mismo presidente Giammattei.
Ante este escenario, y para rescatar el estado de derecho “la población tiene que salir unida con una presión constante… Solo así se va lograr que se atienden las demandas sociales, la presión tiene que ser fuerte y Giammattei tiene que renunciar por cometer actos gravísimos de corrupción”, concluyó Cadena.
Persecución de opositores políticos
Para el abogado constitucionalista Oswaldo Samayoa, el retroceso en la investigación del caso Comisiones Paralelas, uno de los que incomodó a la fiscal general, se explica en tres niveles. Uno es que los abogados opositores a los intereses de este grupo se mantengan procesados, por ejemplo la detención de Gálvez, exrector de la USAC, que de acuerdo con lo que reveló Sandoval, fue Porras quien presionó para que fuera detenido y para beneficiar a Vásquez en las elecciones a la magistratura de la Corte de la Constitucionalidad.
El segundo nivel se asocia con la generación de impunidad a cualquiera de los que pertenecen a estos grupos que procuraron tener el control sobre la elección de jueces de las cortes de justicia y de apelaciones.
Y el tercer nivel está relacionado con todo el gremio de abogados al obligar alianzas que promueven la impunidad.
En opinión de Samayoa, estos tres niveles quedan encerrados en un gran círculo que se llama “utilización del poder penal para la persecución de opositores políticos”. Según el abogado, es también un riesgo para la ciudadanía la aplicación de esta estrategia, porque en cualquier momento pueden detener a cualquier persona crítica a los intereses de los grupos que controlan el poder.
Según Samayoa, que la fiscal general del MP haya protegido a Vásquez implica la protección de dos columnas de intereses desde el poder constitucional; la protección del crimen organizado y grupos paralelos, es decir del poder económico o del poder militar.
Samayoa reiteró que detrás de la designación de la nueva fiscal de la FECI, Carla Valenzuela, existen intereses de impunidad. “Los procesos no van a avanzar, van a decir que las evidencias no fueron suficientes”. El abogado prevé un escenario de desestimación de casos penales con el argumento ya esgrimido por Porras de que “Francisco Sandoval actuó con razones ideológicas, precisamente para decir después que los casos fueron montados y con esos argumentos van a cerrar todas las investigaciones realizadas por el ex titular de la FECI”.
Por su parte, la directora del IEPADES considera que Porras sacó a Sandoval de la FECI porque estaba ya muy cerca de algunas investigaciones que iban a afectar al Presidente de la República y a los amigos de la fiscal general. Ahora sí se demuestra que ella está totalmente al servicio del presidente, no de la justicia, señaló.
“Debe haber sido muy grave lo que ella tenía que tapar al sacar a Juan Francisco Sandoval de esa forma. Era más lo que tenían que perder (si no lo sacaban), creo que ellos no pensaron que iba a haber esa reacción desde las comunidades”, aseguró Carmen de León Escribano.
¿Cómo llegó Porras al pacto?
Porras nunca fue afín a la CICIG ni se caracterizó por dar su apoyo a la FECI.
Según Ibarra, a su llegada al MP, Porras bajó perfil a todo lo relacionado con la lucha contra la impunidad. “Ella ralentizó el avance de la lucha contra la corrupción porque desde el principio le bajó el ritmo al trabajo de la FECI. Desde el principio saboteó toda la relación del MP con la CICIG. Y particularmente esta práctica se incrementó cuando finalizó el mandato de la CICIG”, indicó Ibarra.
En agosto de 2018, rodeado de militares, el presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG en el país. Tendría que pasar un año para que la Comisión finalizara su mandato en Guatemala, pero Porras nunca actuó a favor de CICIG.
En la rueda de prensa, Sandoval recordó cuando Porras les dijo a él y otro fiscal que eran unos “exagerados” cuando llamaron su atención sobre los jeep J8 donados por el gobierno de Estados Unidos que fueron usados por Morales para amedrentar a la Comisión y que incluso pasaron frente a la Embajada de Estados Unidos.
Antes de destituir a Sandoval, algunos sectores del país ya exigían la renuncia de Porras, pero no con la misma fuerza que lo están haciendo ahora.
Ibarra señaló que Porras “se sumó a la alianza político dominante”, a la que también se ha llamado “alianza criminal” o “pacto de corruptos”, que tiene como fin cooptar el Estado.
Por ahora, la destitución de Sandoval por parte de Porras el pasado 23 de julio ha sumido al país en una nueva crisis política, la más grave que han vivido la fiscal general y el presidente Giammattei.
Lea el primero de los textos de la serie: Destitución del jefe de FECI y el poder en Guatemala:
