Por Luis Ovalle
Apresuro los pasos. No me dará tiempo a esperar el elevador. Al cabo solo son dos niveles más. Alcanzo a escuchar la voz del juez Miguel Ángel Gálvez y sé que es ahí, la sala de vistas donde se lleva a cabo el seguimiento a la audiencia de primera declaración de dos de los 12 detenidos: Juan Francisco Cifuentes Cano y Eliseo Barrios Soto, ambos señalados por el Ministerio Púbico (MP) de cometer delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad.
Es el momento en el que el juez hace la presentación de los asistentes. La fuerza del corazón me lleva hacia adentro, a las bancas donde se encuentran los familiares de las víctimas. Podría estar ahí, como familiar y escuchar las argumentaciones del abogado que defiende a los dos señalados; “por extraño que parezca”, dijo el jurista, los dos lo escogieron a él, para que los defendiera, aunque entre ellos nunca se vieron.
Utilizará esto para descalificar a los testigos. “No es cierto que se conocieran entre ellos”, “no es cierto que le dijeran el pirata a Barrios Soto”, “No es cierto que hayan secuestrado a nadie, tampoco a niños, mucho menos que hayan violado a niñas y mujeres, mucho menos embarazadas”, dijo.
Es difícil asumir la condición de periodista, cuando hay un sentimiento mucho más arraigado y doloroso: ser hermano de un desaparecido. Mi padre murió en 2004, sin conocer el paradero de su hijo, sin tener la oportunidad de cerrar el duelo y depositar una flor en su tumba. Mi madre, a sus 86 años, no lo olvida, pero evita hacer público su recuerdo o que se lo recuerden. Menos extraños. Es algo suyo, es lo único que le queda de él: su recuerdo. La vemos llorar frente al altar donde tiene su foto y la de mi padre.
Salgo del área destinada al público y me dirijo rápidamente a la de periodistas. Sí, es mi responsabilidad y es donde puedo cumplir con ella, utilizando mi equipo. Me siento en el piso y me acomodo para empezar a tomar notas.
Continúa su exposición el abogado Francisco Javier Gallardo Samayoa, defensor de Francisco Cifuentes Cano, exjefe del Batallón de Reacción y Operaciones Especiales (BROE) y del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional, así como de Eliseo Barrios Soto, exespecialista del Estado Mayor Presidencial.
El defensor presenta una serie de argumentaciones, en las que descalifica en principio el documento principal: el Diario Militar; descalifica a los principales testigos, de quienes dice también debería aclararse su situación jurídica, porque, según él, ocultaron información y fueron copartícipes en los supuestos hechos suscitados.
Además, menciona dos personas, testigos de descargo: Eluvia y Carlos García Dávila, que habrían trabajado en la inteligencia militar, pero que nunca presenciaron ninguna captura ilegal o que se utilizaran los vehículos para cometer algún ilícito.
Sobre el delito de deberes contra la humanidad, Gallardo Samayoa, hace referencia al Convenio de Ginebra, signado por Guatemala, dirigido a aliviar la suerte de las fuerzas armadas enemigas, pero considera que no se está hablando de guerra, e indica que el MP fue claro en eso.
Por momentos se cruzan mis investiduras. Dejo de ser periodista para convertirme en hermano del desaparecido. Y es que duelen los argumentos del abogado, particularmente cuando hace suponer que no hay desaparecidos: huyeron a México o a otro país, dice.
Pero pesa más la ética del comunicador y regreso. Escucho fríamente lo que ya esperaba que dijera el jurista: solicita la falta de mérito para sus dos defendidos, en cuanto a los delitos que se les sindican: desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad.
Pasan de las 11 de la mañana. El juez suspende la audiencia para preparar su resolución, la que dará a conocer a las 1:30 de la tarde.
El juez resuelve
La audiencia continúa a las 2:15 de la tarde. El juez Gálvez profundiza en su intervención, con una cátedra magistral de derecho penal, la que concluye al dictar auto de procesamiento contra Juan Francisco Cifuentes Cano y Eliseo Barrios Soto, por los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad.
El togado aplaza la audiencia para mañana miércoles, a las 9 de la mañana y determinar lo correspondiente a la prisión preventiva, así como la fecha de la audiencia de etapa intermedia.
El pasado 27 de mayo fueron detenidos 10 militares en situación de retiro, entre ellos 2 generales y dos policías, en total son doce los detenidos en prisión preventiva: Marco Antonio González Taracena y Víctor Augusto Vásquez Echeverría; el coronel Jacobo Salán Sánchez se entregó voluntariamente, durante la primera audiencia, realizada el 1 de junio; así como dos expolicías: Juan Francisco Cifuentes Cano, exjefe del Batallón de Reacción y Operaciones Especiales (BROE) y jefe del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional y Gustavo Adolfo Oliva Blanco primer jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) -especializado en la contrainsurgencia policial-.
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Los demás, oficiales de menor rango, miembros de la estructura operativa señalada de cometer desapariciones forzadas, torturas, violaciones y asesinatos, de muchas de las personas incluidas en el denominado Diario Militar o “Dossier de la Muerte”, integrado por 183 fichas de opositores políticos que fueron capturados y/o asesinados entre 1983 y 1985.
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De los detenidos, vinculados en este caso, aún faltan por enfrentar su primera declaración el general retirado Víctor Augusto Vásquez Echeverría, Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth y Gustavo Adolfo Oliva Blanco, primer jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT), -especializado en la contrainsurgencia policial-.
