Por Lourdes Álvarez
Esta mañana, las Autoridades Ancestrales de Guatemala emitieron un pronunciamiento en el que rechazan la “continuidad de la corrupción e impunidad por parte del Gobierno, que no se ha interesado en resolver los grandes problemas que afrontan los pueblos Maya, Garífuna, Xinka y población ladina o mestiza en condiciones de pobreza”.
Aunque de momento se descartaron movilizaciones de protesta, Rigoberto Juárez del Payxail Yajaw konob’ o Gobierno Plurinacional, informó que las Autoridades Ancestrales se encuentran en trabajo permanente en las comunidades y que ese tipo de decisión se debe consultar al resto de pueblos.
“Si va a haber necesidad de movilización será de acuerdo con lo que las otras autoridades van a decir, en este momento no estamos convocando a manifestar, estamos haciendo ver que las autoridades indígenas estamos altamente indignados por lo que está pasando”, indicó Juárez.
Otro de los temas del pronunciamiento refiere a “la gran cantidad de muertes causadas por la COVID-19” y el estado de prevención que decretó ayer el Gobierno, cuando consideran que lo mejor sería “ocuparse en aclararle a la población dónde está el dinero, cuáles son las políticas y programas aprobados, para la contención de esa pandemia”, según el comunicado.
Juárez agregó que cuando la población se pronuncia y sale a manifestar no se trata de una acción casual, sino porque existe una acumulación de malestar, de indignación y de sufrimiento que el Gobierno no está atendiendo.
“Si al presidente le molesta, lo único que tiene que hacer es actuar por la población, no en contra de la población. Qué bueno que la población urbana se da cuenta que hay un gobierno que no atiende las necesidades; nosotros desde hace años hemos venido diciendo que no hay un Estado para los Pueblos Indígenas”, subrayó Juárez.
Ayer, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade y la oenegé Acción Ciudadana presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) porque consideran que la medida del estado de prevención buscaría limitar garantías constitucionales de la población.
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Por otro lado, las Autoridades Indígenas condenan “al Estado y al Congreso de Guatemala por la creación de leyes para el despojo de los bienes del pueblo a favor de empresas transnacionales violentando los derechos individuales y colectivo indígenas. Condenamos las acciones que llevan a la persecución permanente de defensores de derechos humanos, defensores de la vida, de la tierra y del territorio”
Finalmente, también rechazaron la celebración de las actividades asociadas al bicentenario de independencia, porque consideran que solo es la continuidad de 500 años de despojo, de persecución, de criminalización, violencia y profundización de la pobreza en los pueblos indígenas.
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