150 años de la Revolución de 1871

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Créditos: Edgar Ruano Najarro.
Tiempo de lectura: 9 minutos

Por Edgar Ruano Najarro

En 1971, en ocasión del centenario de la revolución del 30 de junio de 1871, el gobierno de Guatemala se metió de lleno en la conmemoración de esas efemérides. Gobernaba entonces el Ejército de Guatemala, con el general Carlos Manuel Arana Osorio como presidente de la república, quien por medio de un acuerdo presidencial creó un pomposo “Comité Central Pro Festejos de la Revolución de 1871” integrado por los ministros de Educación, Defensa Nacional, Gobernación, Finanzas y por un par de historiadores de cierto renombre en aquellos días, Francis Gall y Arturo Valdés Oliva; algunos periodistas o directivos de diarios nacionales, el director de la Hemeroteca Nacional, Rigoberto Bran Azmitia y dos coroneles en calidad de asesores.

Así pues, al amparo de este “Comité Central” se llevaron a cabo algunas actividades conmemorativas, en tanto que la Editorial “José de Pineda Ibarra” del Ministerio de Educación publicó algunos títulos dedicados a dicha revolución entre los que destacan Mariano Zeceña con “La revolución de 1871 y sus caudillos” (132 páginas); “Fundación de la Escuela Politécnica” (173 páginas) de Arturo Valdez Oliva y otros autores. La Tipografía Nacional publicó también algunos títulos como una bibliografía sobre el general Barrios (59 páginas), en tanto que la antigua Editorial del Ejército hizo lo propio, pues dio a luz también a algunos estudios de autores militares sobre diversos aspectos de la institución armada.

En el ámbito puramente académico, la Universidad de San Carlos, por ejemplo, no estaba en aquellos días para celebraciones. Es sabido que desde el 13 de noviembre de 1970 se vivía en Guatemala bajo el Estado de Sitio y a los cuatro días de esa fecha habían sido capturadas 150 personas, habiendo dado inicio con ello una ola de atentados contra personalidades del mundo académico y de la política. El día 26 de noviembre fue muerto a tiros Julio Camey Herrera, abogado y fundador del Partido Revolucionario y al día siguiente, en palabras del historiador Augusto Cazali: “A partir de las 4 horas de la madrugada, un aparatoso despliegue de fuerzas militares, usando tanquetas, helicópteros, camiones de transporte de tropas, con armamento de fusiles y ametralladoras, rodeó y ocupó la Ciudad Universitaria, como si se tratara del asalto a una fortaleza…la tropa penetró a las oficinas y a otras instalaciones; fueron incautadas listas de estudiantes, correspondencia, libros y otros documentos, sin que quedara comprobación de esto en actas especiales.”

A los tres días del “cateo” a la USAC, fue tiroteado Alfonso Bauer Paiz, abogado y economista, profesor universitario, quien salió herido, pero con vida; en diciembre fue asesinado Jaime Monge Donis, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Las cosas se agravaron para la universidad al llegar enero de 1971. Adolfo Mijangos López, diputado de la oposición democrática y profesor universitario también fue asesinado a balazos el 13 de ese mes.

Un informe del Comité Ad Hoc sobre Guatemala de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) señaló al año siguiente que 1971 había sido “el peor de la historia reciente de Guatemala” en cuanto al terror estatal se refiere. En todo el año, se dice en el informe, murieron 959 personas por motivos políticos, fueron secuestradas 171 personas y 194 fueron desaparecidas. Se agrega que los medios periodísticos estadounidenses estimaron que entre noviembre de 1970 y mayo de 1971 fueron asesinadas unas dos mil personas.

Ese fue el contexto imperante en aquel junio de 1971, cuando el Estado de Guatemala celebraba el centenario de la revolución de 1871. En la fecha de la celebración, el 30 de junio, los actos fueron dominados por el Ejército. Hubo un desfile militar encabezado por la Escuela Politécnica y el Instituto Adolfo Hall seguido de las delegaciones de cadetes de algunos países invitados. Y es que no se conmemoraba solamente el 150 aniversario de la gesta del 871, sino también el día del Ejército, que se lleva a cabo también los días 30 de junio. Así, el aniversario de la revolución y la fiesta del Ejército se mezclaron y, como ha sucedido desde hace mucho, ya nadie sabe qué es lo que se celebra exactamente o bien solamente se dice “Día del Ejército”.

Los actos principales se llevaron a cabo frente a la tribuna presidencial del antiguo Campo de Marte con maniobras de orden cerrado de la compañía de caballeros cadetes, la cual “Con la gallardía y marcialidad que le son característicos -dijo la crónica del diario El Imparcial-demostró su preparación ejecutando con precisión cronométrica varias maniobras, las cuales fueron premiadas por los centenares de asistentes con nutridas palmas”. El punto culminante de la doble conmemoración fue la entrega de sus nuevos despachos como generales de brigada a los coroneles Carlos Manuel Arana Osorio, presidente de la República y comandante general del Ejército de Guatemala, Leonel Vassaux Martínez, ministro de la defensa nacional y Kjell Eugenio Laugerud García, jefe del estado mayor de la defensa nacional. Fueron las esposas de estos altos oficiales quienes les colocaron las insignias de su nuevo grado militar.

En el discurso oficial a cargo del nuevo general, Leonel Vassaux Martínez, este señaló algunas de las realizaciones conocidas de los gobiernos de los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios y llegó a decir que la Escuela Politécnica fue una de las conquistas de aquel proceso y que esta escuela era “hija espiritual de la revolución de 1871”.

Frente a todo esto, cabe preguntarse ahora ¿Por qué el gobierno militar de Arana Osorio le dio tanta importancia al aniversario número cien de aquel suceso? Una respuesta, que podría dar cualquier oficial del ejército guatemalteco, es que Justo Rufino Barrios, líder indiscutible de aquel proceso, fue el fundador del actual ejército de este país, que creó el alma mater de la institución en septiembre de 1873, en la cual generación tras generación se ha formado la oficialidad. Por todo ello, los militares le guardan agradecimiento y honores, además de admiración porque murió como un soldado, en una guerra contra otro país. La estatua ecuestre de la Plaza Barrios, que inmortaliza el episodio de su arrojo, valentía y su sacrificio en el campo de batalla, remata el aura heroica del presidente y líder del 71. Fue precisamente la argumentación del decreto del presidente Ubico Castañeda en 1934 que declaró el 30 de junio “Día del soldado” y a partir de entonces el Ejército de Guatemala celebra su día en esa fecha, causando con ello la confusión de la ciudadanía ya indicada.

No obstante, un académico de la actualidad, un historiador, o cualquier otro cientista social, pueden dar otra respuesta que, sin invalidar los motivos expresados por los militares, intentarían rascar u horadar con más profundidad y encontrar razones menos espectaculares, pero más significativas y de más impacto en el desarrollo social, económico y político de esta sociedad. He aquí:

La revolución de 1871 fue encabezada por dos civiles, Justo Rufino Barrios, abogado y cafetalero, y Miguel García Granados, comerciante, quienes cuando se hicieron del poder modernizaron y prácticamente refundaron el Ejército de Guatemala, pero lejos de construir una nueva institucionalidad política que hiciera que las nuevas fuerzas armadas se supeditaran al poder político civil, actuaron de modo contrario, es decir, se asignaron altos grados militares del Ejército y de esa manera presidieron el Estado y gobierno al mismo tiempo que se convirtieron en los jefes de las fuerzas armadas. Se trató, pues, de una elite política de extracción civil, que se convirtió en militar. En otras palabras, la elite de la clase política que asumió el poder en 1871 fue una clase política civil que se auto militarizó y de esa forma dirigió el Estado y llevó a cabo su proyecto de modernización del país.

Así nació el moderno poder político construido por los liberales y fue por ello que el Estado Nacional creado con ese movimiento fue un Estado altamente penetrado por las elites militares, ya que desde un principio no se hizo mayor distinción entre una clase política y los mandos militares. Visto de otro modo, la mediación entre el Estado y la sociedad civil fue constituida desde un principio (1871) como una relación entre el Ejército (que controlaba el Estado) y la sociedad civil, la cual estaba encabezada por la elite terrateniente y comerciante. Por eso mismo, una disputa o una crisis política de cierta profundidad siempre se dirimió en el terreno militar, habiéndose convertido el Ejército de Guatemala en una de las columnas vertebrales de la creación y desarrollo del Estado guatemalteco surgido de los sucesos de 1871-

Pero la revolución liberal no se agota con el tema militar. Muy al contrario, fue en el terreno económico en el cual los liberales guatemaltecos (jefes a su vez de las fuerzas armadas) llevaron a cabo la mayor transformación del país del siglo XIX. Una de las primeras tareas del nuevo régimen liberal, con Justo Rufino Barrios como presidente de la república, fue iniciar el proceso de desamortización que fue ejecutado rápida y contundentemente. Al lado de este dio comienzo un largo proceso de reparto agrario destinado a la creación de un sistema de fincas que se convertirían en las unidades productoras de café y de cualquier otro producto agrícola susceptible de ser exportado. Paralelamente, se dictaron diversas medidas expresadas en decretos y leyes, con las que dio comienzo la destrucción de la propiedad comunal. Con esto empujaron a las masas rurales de origen maya a vivir de una pequeña producción agrícola que apenas les alcanzaba para subsistir un ciclo anual, en pequeñas propiedades que a partir de entonces se podían vender y comprar en el mercado.

En otras palabras, la expropiación de la Iglesia Católica, la destrucción de la propiedad comunal que le fue aparejada y el reparto de tierras para la creación de fincas cafetaleras fue un proceso que cerró el círculo de la conversión de la tierra en una mercancía que circulara libremente en el mercado y de esa cuenta estar en disposición para ser adquirida y convertida en las unidades productivas indicadas, proceso que además dejó a la propiedad privada como la forma principal de propiedad en la estructura de la tenencia de la tierra en la economía guatemalteca.

En el caso de la fuerza de trabajo, la pequeña economía campesina todavía no tenía una necesidad apremiante de emplearse por un salario en las haciendas, además de que esta pequeña economía no estaba completamente monetizada, todo cual generaba una escasez relativa de trabajadores para las fincas cafetaleras. Por tanto, pese a la ideología liberal que enarbolaban, los gobernantes no dudaron ni un instante en revivir el trabajo forzado en la forma de mandamientos, leyes contra la vagancia, libretas de trabajo, sujeción por deudas, cárcel y castigos corporales cuando necesitaron crear los contingentes de hombres, mujeres y niños a ser empleados en la producción del café.

Este campesinado, arrinconado en sus minifundios, fue la fuerza de trabajo inicial para la actividad agrícola exportadora de las fincas cafetaleras y fue compelido a emplearse en estas explotaciones agrícolas mediante los procedimientos indicados, los cuales revivieron en sus aspectos más severos las vejaciones, los crímenes y las expoliaciones del trabajo forzado de las masas campesinas practicado durante el proceso colonial. Fue de esa forma que el país se insertó económicamente en el mercado mundial como una economía productora de un bien agrícola, que fue el café, pero que con el tiempo le seguirían otros productos como el banano, algodón, azúcar y demás. Se trató, pues, de la creación del modelo económico agroexportador.

En lo social, todo el proceso generó una ampliación importante de la clase terrateniente de origen criollo, pues se fusionaron a ella los nuevos propietarios de la tierra que comenzaron a explotar el cultivo del café. El resultado fue un continuado y endurecido dominio económico y político de una oligarquía terrateniente remozada (Severo Martínez y Julio Castellanos Cambranes). A su vez, se creó el otro polo de la ecuación social en el ámbito rural, que fue el surgimiento del campesinado minifundista, el cual fue la consecuencia directa de la destrucción de la propiedad comunal y del acaparamiento de tierras para el sistema de las fincas modernas que ya eran empresas capitalistas que producían para el mercado internacional.

Otro proceso social que fue resultado de este régimen fue el mantenimiento y aun la profundización de la segmentación de la sociedad guatemalteca, pues desde el mismo momento en que se obligó a los pueblos de origen maya a trabajar en las fincas y para el Estado en la construcción de caminos y puentes del país bajo diversas formas de trabajo forzado, se les mantuvo en la escala más baja de la pirámide social. Los rezagos socioeconómicos más extremos y en general en sus condiciones de vida, caracterizadas por una situación de pobreza generalizada se profundizaron y enseñorearon en la población originaria. Por ello, la condición de explotación y opresión de esta población, recrudecida a partir del régimen liberal de 1871, mantuvo y realimentó los viejos prejuicios racistas de origen colonial que han atravesado históricamente las relaciones sociales en Guatemala.

Los liberales herederos de Barrios estuvieron el poder un poco más de setenta años, entre 1871 y 1944, y dieron lugar a las dictaduras más ominosas que hasta entonces había tenido el país. Comenzado por el propio Barrios quien se hizo del poder por doce años y gobernó a su antojo, dueño de la hacienda y la vida de los guatemaltecos. Le siguieron otros generales hasta llegar a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, quien, como se sabe, se mantuvo 22 años en la presidencia con los mismos métodos de Barrios. Después de un par de generales llegó al poder un ahijado de Barrios, el general Jorge Ubico Castañeda, imitador obsesivo de su padrino en las malas artes de gobernar.

Durante ese largo período de setenta y pico de años, los liberales crearon la bandera nacional, el escudo, el himno nacional y en general la emblemática nacional, así como el mito de los próceres de la independencia, que tan brillantemente ha sido desenmascarado por el historiador Horacio Cabezas Carcache. En otras palabras, lo que en el imaginario colectivo se considera lo guatemalteco, la nación, la patria, no ha sido más que la creación de los liberales discípulos de Justo Rufino Barrios.

En este 30 de junio de 2021 casi nadie se ha acordado del sesquicentenario de la revolución de 1871. Las autoridades de “cultura” están embarcadas (o dicen estarlo) en el tema del bicentenario de la independencia, en tanto que el mundo académico y social, que algo está haciendo al respecto, realmente se encuentra atenazado por la grave crisis social y política que atraviesa el país, pues el crimen se ha ido apoderando del Estado de Guatemala, sin que la propia Universidad de San Carlos haya escapado a ese fenómeno, además de que asoman en el escenario nacional algunas señales del pasado autoritario y represivo. Justo Rufino Barrios y sus pares ya prácticamente están olvidados, hundiéndose en el lugar que les corresponde, en el fango de la historia, por más que sus efigies aparezcan en los billetes de la moneda corriente nacional o le den nombre a algún paso a desnivel en la ciudad de Guatemala. Sin embargo, lo peor de su legado no termina de desaparecer, sigue determinando en buena medida la marcha del proceso nacional.

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