Créditos: Verdad y Justicia.
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Por Centro Civitas

El 22 de junio de 2021 se violentó en el Centro Médico Militar de Guatemala el mandato constitucional de permitir el libre acceso de la prensa a las fuentes de información, al negársele el ingreso a la periodista Rolanda García, de Prensa Comunitaria, y a su colega Edwin Bercián, de Publinews, a una audiencia programada ese día a las 8:30, en el caso Diario Militar. Según lo estipulado en el Artículo constitucional 35: “Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho”.

Otros periodistas presentes en el lugar indicaron que ese día inicialmente un oficial en la entrada de dicho centro, identificado en su gafete como Morales V., quiso negarles el acceso a la audiencia por realizarse en ese lugar, en donde se encuentran recluidos algunos de los acusados por crímenes de lesa humanidad. Los periodistas acudieron a varias instancias y lograron que les permitieran enviar un listado inicial de los cuatro reporteros que solicitaban cubrir la audiencia, entre los cuales iba incluido el de Bercián. Luego de varios minutos, fue autorizado el ingreso a tres periodistas, no así a Berciá n, con el argumento de que su nombre no iba en el listado. Uno de los periodistas que ingresaron indicó que esto es falso, pues el nombre de su colega de Publinews fue enviado dos veces.

Bercián quedó dentro de su vehículo, claramente identificado por el nombre del medio, y momentos después se acercó el oficial Morales, quien preguntó al periodista cuál era su ideología, acto que puede verse como intimidatorio. Al hacerle notar el periodista la irrelevancia de su pregunta, el oficial se retiró. Posteriormente acudió al lugar la periodista Rolanda García y solicitó el ingreso a la audiencia. Sin embargo, el oficial le indicó que no estaba autorizada.

Con el fin de intentar dilucidar la responsabilidad de lo sucedido, se habló con el Departamento de Comunicación del Organismo Judicial, desde donde se dijo que la audiencia se producía fuera de su jurisdicción y que la responsabilidad de facilitar el ingreso de las y los periodistas era del Centro Médico Militar. Al hablar con los encargados del lugar, indicaron que quien autorizaba el ingreso de la prensa era el juez y no ellos, pero admitieron haber recibido listados de periodistas, además, negaron que el nombre de Bercián estuviera entre estos y dijeron desconocer la solicitud de Rolanda García. Cuando se les insistió que el nombre de Bercián sí figuraba en los listados, exigieron pruebas.

En 2020 y 2021 han sido numerosas las denuncias de periodistas sobre las negativas de diversas fuentes estatales al acceso a la información pública. En esta ocasión, resulta notorio que al no haber un mecanismo claro y transparente que permita facilitar el acceso

a la prensa a las audiencias del caso Diario Militar se ha generado opacidad y discrecionalidad en la toma de decisiones y se han violentado las leyes internas e internacionales de Libertad de Expresión. Por tanto, solicitamos la investigación e intervención del Procurador de los Derechos Humanos a fin de que se brinden garantías a la prensa de libre acceso a las audiencias de este caso tan importante para la sociedad guatemalteca.

También denunciamos lo sucedido y pedimos una investigación profunda a instancias nacionales e internacionales en el país sobre lo sucedido, con el fin de que sean deducidas las responsabilidades de la negativa del ingreso a dos periodistas a tan importante audiencia.

Guatemala, 22 de junio de 2021.

Autoría y edición

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