Por Nelton Rivera
Representantes de asociaciones de víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI), condenaron este martes frente al edificio del Congreso, la propuesta de un grupo de diputados y diputadas, que busca eximir a los oficiales del ejército implicados en delitos de lesa humanidad y graves violaciones a derechos humanos cometidos entre 1960 y 1996.
Mujeres sobrevivientes y familiares de víctimas denunciaron que el diputado Antonio Fernando Arenales Forno, del partido Valor, busca eliminar de toda responsabilidad penal a militares que puedan ser acusados por delitos cometidos durante la guerra, anular cualquier sentencia dictada, que oficiales condenados queden en libertad y procesar penalmente a fiscales o jueces que incumplan lo que establezca esta normativa en su momento.
La propuesta de ley 5920 se plantea en el contexto de investigaciones de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) y los juicios que se conocen en varios juzgados y tribunales, como el caso Creompaz, la Masacre de las Dos Erres, Genocidio Ixil y el más reciente el caso del Diario Militar.
La Plataforma Nacional de organizaciones de víctimas del CAI, a través de un comunicado, expresó que “la iniciativa de ley 5920 viola el derecho nacional e internacional, se basa en mentiras y tergiversa el contenido de la Ley de Reconciliación Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”.
Sobre la 8a avenida y 10 calle de la zona 1 frente al Congreso, en un reducido espacio, leyeron el comunicado y exigieron al Congreso de la República abstenerse de conocer la iniciativa, por considerarla una ofensa para las 250 mil víctimas y los procesos de búsqueda de justicia de sus familiares y sobrevivientes.
El exmilitar Borys Arcely Lemus Contreras, haciéndose pasar por periodista, fotografió y tomo videos de las personas reunidas durante la conferencia de prensa que ofrecieron. Lemus apareció públicamente el 21 de junio en las manifestaciones de un grupo de militares que pedían un pago por los servicios prestados durante la guerra.
Una ley pro impunidad
La iniciativa “ley de consolidación de la paz y la reconciliación”, fue presentada el 7 de junio a la Dirección Legislativa, promovida por la diputada Ana Lucrecia Godoy Marroquín, el diputado Antonio Fernando Arenales Forno y siete más de la bancada Valor.
La Fundación Mirna Mack señaló a Arenales Forno de ser uno de los ideólogos detrás de la estrategia de la restauración en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el documento Impunidad y redes ilícitas: Un análisis de su evolución en Guatemala.
El partido Valor lanzó en 2019 como candidata presidencial a Zury Ríos Sosa, hija del militar golpista José Efraín Ríos Montt y Roberto Molina Barreto como candidato a la vicepresidencia. Ahora Molina Barreto es magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Los diputados a través del texto de la iniciativa buscan desconocer por completo la existencia del genocidio, a pesar de la sentencia de 2013 y la de 2018, que reconocen que el Estado de Guatemala a través de las fuerzas de seguridad, cometió el delito en contra del pueblo Maya Ixil. La resolución fue celebrada por las Naciones Unidas como precedente histórico para la justicia transicional en Guatemala.
Comunicado
Conferencia de prensa
