Por Juan Enrique Hernández Chanchavac
“Sos un ignorante de la ley”, “no están actuando como estudiantes, están actuando como delincuentes”, con esas frases Mauricio López Bonilla siendo ministro de Gobernación de Otto Pérez Molina en 2012, buscaba descalificar la rebeldía de los jóvenes estudiantes normalistas, miles de niños y niñas defendiendo la educación pública magisterial en las calles, sin temor de la represión. López Bonilla en 2019 fue condenado a 13 años de cárcel por el caso Patrullas fase 2.
Cinco años después, los medios de comunicación tradicionales, aliados al ex presidente Jimmy Morales, señalaron de “vándalos” y “terroristas” a los manifestantes del 14 y 15 de septiembre de 2017, una jornada en la que la ciudadanía recuperó La Plaza, como un espacio de lucha de la gente y no, una plaza privada, militarizada para celebrar falsos actos de independencia. Morales junto a los principales dirigentes del CACIF que buscaron a toda costa evitar a la justicia, ser juzgados por financiar partidos políticos de forma ilícita y por la ilegal expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2019, siguen estando impunes.
Los medios de comunicación, especialmente los oficiales dedicaron su tiempo a replicar las acusaciones y mensajes de odio del entonces diputado Estuardo Galdámez… “cara de terrorista tienen”, “no son guatemaltecos, aquí lo que tenemos son terroristas saber ni de donde”, acusaba Galdámez con su gorra roja de Kaibil, enojado porque la tropa militar tuvo que retirarse del Parque Central ese día frente a la movilización de la gente. Galdámez fue capturado por el caso Asalto al Ministerio de Salud y actualmente esta preso en la Brigada Militar Mariscal Zavala.
Un año después, Gendri Reyes actual ministro de Gobernación de Giammattei, señalo de terroristas los actos de las manifestantes pacíficas del 21 de noviembre de 2020, Patricia Sandoval diputada del partido de narcotráfico FCN, como lo señala el ex comisionado Iván Velásquez, solicitó al Congreso de la República que se conformara una comisión para saber, según ella, que “terroristas y delincuentes” habían quemado el Congreso.
“Un delincuente debe ser tratado como un delincuente, un terrorista debe ser tratado como terrorista”, dijo Sandoval, quien junto al ministro de Gobernación están implicados en un escándalo al tratar de conseguir la modificación de un pasaporte sin cumplir con la ley. De Reyes se sigue pidiendo su destitución por la violencia excesiva con la que reprimió a la gente en las calles de la ciudad capital y en Quetzaltenango ese 21 de noviembre.
La lucha contra la corrupción y la impunidad en las calles, la han sostenido las juventudes, estudiantes universitarios, de educación media, trabajadores, y otras juventudes, porque el mismo sistema los ha excluido, pero que allí están picando la piedra de la desigualdad, de la injusticia, de la corrupción y la impunidad. Cuatro gobiernos han paso, funcionarios van y funcionarios vienen, la resistencia de los jóvenes en el campo y en la ciudad sigue siendo criminalizada se les acusa de delincuentes y terroristas, anti desarrollo, ingobernables o desestabilizadores.
Las juventudes que en 2012 paralizaron las clases a nivel magisterial, que en 2015 llegaron de distintos lugares, a distintas plazas y tumbaron al general en la presidencia, que en 2017 impidieron los falsos actos de celebración de la independencia criolla, y que en 2020 quemaron parte de las instalaciones del palacio legislativo, lo que han hecho valientemente. Siguen siendo la llama que todo lo prende frente a los otros, esos que siguen cooptado al Estado. Esos que con sus fortunas financian ilegalmente partidos políticos, tienen negocios con el narcotráfico, acostumbrados a l abuso de poder y represión, que ocupan municipalidades, esos de apellidos extranjeros que con sus políticas neoliberales y elitistas son los verdaderos delincuentes, los delincuentes históricos. Corto les queda llamarlos delincuentes.
Defender los derechos de millones de personas en este país, como los propios, no convierte a las juventudes en delincuentes, gritar con la verdad las tantas injusticias y denunciar a los responsables de estas tampoco las convierte en terroristas o violentos, cuando la violencia sigue siendo una alternativa contra un sistema que asesina a niños con hambre, exclusión o discriminación. En conclusión, en este contexto político guatemalteco, tomar instalaciones educativas, recuperar fincas, pintar paredes, destruir monumentos, símbolos conservadores, o quemar instituciones públicas no convierte en delincuente o terrorista a nadie, todo lo contrario, los convierte en la esperanza y la resistencia.
