Por Francisco Simón Francisco
Las autoridades del Centro Médico Militar, ubicado en la zona 16 de la ciudad capital, restringieron el ingreso a los periodistas, Rolanda García de la cadena de noticias Telesur y Edwin Bercián de Emisoras Unidas, a la audiencia del Caso Diario Militar que se llevó a cabo en ese lugar en contra de varios ex militares, supuestamente por no encontrarse en el listado que autorizó el Juez Miguel Ángel Gálvez, aunque posteriormente un oficial cuestionó a Bercián sobre su posición ideológica.
El argumento del oficial fue que ambos no estaban registrados en el listado que autorizó el juez Gálvez, pero a decir del periodista Bercián, él había enviado su nombre mientras iba en camino, para que le permitieran ingresar al llegar al lugar. Incluso esperó media hora junto a otros periodistas, quienes sí pudieron entrar.
Minutos después el mismo militar se acercó a Bercián para cuestionarle a qué iba en realidad y si era de izquierda o de derecha, es decir que ideología tiene. Ante el cuestionamiento el periodista Bercián respondió que llegó al lugar a desarrollar su trabajo periodístico. Finalmente, el militar no permitió su ingreso. Ambos iban con documentos que respaldan su acreditación.
Los dos casos de restricción a la libertad de prensa se dan cuatro días después de la presentación de una hoja de ruta y metodología para el abordaje de un programa de protección a periodistas, en la que participaron autoridades del Ministerio Público (MP) y del gobierno central, encabezado por el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC), situación que llamó a la preocupación a representantes del gremio periodístico, que no fueron convocados.
Hay una preocupación alarmante para el ejercicio periodístico en Guatemala: persiste la censura y la criminalización contra periodistas, las restricciones a actividades de carácter público y a fuentes de información pública.
Esta realidad coloca a los periodistas en una situación de desprotección y de riesgo. Y se persigue, ataca y difama a quienes dan cobertura a actividades sociales o del gobierno, fiscalizan o cubren audiencias de casos penales contra políticos vinculados a corrupción, militares acusados de crímenes de guerra o los hechos de criminalización contra defensoras/es de derechos humanos.
Los actores y el contexto en donde ocurren estas limitaciones no han variado. En su mayoría son cometidos por el mismo presidente Alejandro Giammattei, agentes de la Policía Nacional (PNC) y el caso más reciente se trata de un militar que acusa a periodistas con ideologías partidarias en el país.
La periodista Rolanda García, maya K’iche’ no es la primera vez que sufre este tipo de restricción. A principios de febrero de este año, ella denunció una serie amenazas que recibió por integrantes de un Cocode de la comunidad de San Benito I, ubicado en Cobán, Alta Verapaz. Luego de documentar la contaminación del río Icbolay y dos riachuelos que provocó la empresa petrolera Latin American Resources (LAR). Según la periodista, algunos integrantes de este Cocode eran trabajadores o afines a la empresa petrolera.
Actualmente la pandemia ha sido la razón perfecta que han utilizado jueces para limitar el ingreso a la prensa en audiencias que corresponden a militares, entre otros actores. Como ha ocurrido con el periodista, Elmer Ponce de Prensa Comunitaria. El pasado 21 de mayo, en San Benito Petén, el Tribunal de Sentencia Penal y Delitos contra el Ambiente limitó su ingreso junto a otros periodistas a la audiencia de debate oral y público en contra de cuatro personas, acusadas de asesinar al terapeuta maya Domingo Choc.
Lo mismo sucedió con el periodista Santiago Botón de Telesur. El pasado 18 de junio fue restringido su ingreso a la sala de audiencia de primera declaración de 21 pobladores de la comunidad Chicoyogüito, detenidos el pasado 9 de junio cuando se disponían a participar en una manifestación, para exigir la devolución de sus tierras despojadas por el ejército en 1968.
Ese día el periodista Botón reportó en su cuenta de Facebook que se había vedado el ingreso de la prensa al Juzgado. “Como ha ocurrido en el sistema de justicia, la prensa se quedó afuera”, indicó durante una transmisión en vivo. Para el periodista se entiende que por la pandemia no permitan el ingreso a los periodistas a la audiencia en un espacio reducido. Sin embargo, él denunció que “es costumbre de ese Tribunal limitar el trabajo periodístico. “No es la primera vez que nos ha tocado quedar afuera”, subrayó.
Un caso reciente le ocurrió al periodista Juan Juárez, corresponsal de Prensa Comunitaria en San Juan Ixcoy, Huehuetenango, a quien le fue restringido este derecho por autoridades de la municipalidad de este municipio el pasado 19 de junio cuando intentó ingresar a una actividad cultural de carácter público, que consistía en la elección y coronación de señoritas en honor a la fiesta patronal del municipio.
Según Juárez, una persona de nombre Juan Bautista Jacinto, que controlaba el ingreso al salón comunal, fue quien impidió el ingreso del periodista, la restricción fue decisión de la Comisión encargada de la Elección y Coronación de señoritas, con el visto bueno del alcalde municipal, afirmó Bautista Jacinto.
