Por Luis Ovalle
La Alianza por las Reformas, integrada por diferentes organizaciones de sociedad civil, manifestó, en redes sociales, que las reformas a la Ley de Oenegés, aprobadas por la alianza oficial y confirmadas hoy por la CC, son una afrenta al derecho a la libertad de asociación y otorgan facultades dictatoriales al Presidente, que podría cancelar organizaciones de la sociedad civil que le incomoden.
Esta mañana se dio a conocer el visto bueno por parte de la CC a las reformas a la Ley de Oenegés las que, según trascendió, entrarán en vigencia el próximo lunes 21 de junio y que las partes ya fueron notificadas.
Algunos mensajes de la Alianza por las Reformas califican de mentira: que las oenegé solo buscan desestabilizar, y aclara: lo que promueven algunas de ellas es la crítica pública a los corruptos en los organismos del Estado y otras dependencias. Que no están sujetas a fiscalización: mentira. Desde siempre han estado sometidas al control de entidades como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de a Superintendencia de Bancos.
Que las oenegé no trabajan por el bien común: mentira. Hay diversos tipos que velan por el cumplimiento y la reivindicación de derechos para beneficio general de la población. Algunas de ellas tienen presencia donde el Estado no llega.
Desde el pasado 12 de mayo la CC había denegado en definitiva los amparos interpuestos contra el Legislativo y el Ejecutivo, por la aprobación de las reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernametales, que habian sido aprobadas en marzo de 2020, pero aún estaba pendiente de resolverse un amparo provisional.
Eddie Cux, de Acción Ciudadana, dijo en mayo, a Prensa Comunitaria, que lo que acontece es un grave retroceso para la democracia en el país, por los controles que se tratan de implementar ocn estas reformas hacia las ONG, con lo que se limita de alguna forma el actuar de éstas, cuando se denuncia algún caso de corrupción.
La Red de Información contra la Impunidad en Guatemala (RICIG), dijo hoy que el anuncio de la CC, en cuanto a que a partir del próximo lunes se aplicará la “Ley Mordaza”, luego de que fuera revocado el amparo provisional presentado por la Fundación Myrna Mack, que detenía las reformas, constituye un ataque directo a la sociedad civil.
En febrero de 2020, Acción Ciudadana, Conavigua, Fundebase, Asociacion Maya Uk’ux Be, la Asociación para el Desarrollo Integral y la Asociación (CEIBA), Asociación Transformando el Mundo, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), UDEFEGUA, entre otras organizaciones y personas particulares, así como diputados, presentaron amparos en la CC en contra del Congreso y del presidente Alejandro Giammattei, por la aprobación en el Congreso de las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales.
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El amparo fue presentado por la amenaza de que la Ley entrara en vigor, lo cual limitaría los derechos a la libertad de acción, asociación, libre emisión del pensamiento y la participación ciudadana.
En marzo de 2020, la CC otorgó amparo provisional, por lo que quedó en suspenso la aprobación de dicha ley.
