Por Francisco Simón Francisco y Julián Ventura
La audiencia de etapa intermedia contra la periodista y cuatro personas originarias de Joyabaj, que estaba programada para este miércoles 16 de junio, fue suspendida, según lo dio a conocer el secretario general del Juzgado de Santa Cruz del Quiché, debido a que el juez suplente, Arnulfo Rocael Carrera Dávila, que estaba designado para este caso, se inhibió de este proceso ya que fue designado como juez titular en un juzgado de femicidio en el departamento de Santa Rosa.
La periodista Anastasia Mejía y los demás acusados se presentaron al juzgado con la intención de enfrentar la audiencia de etapa intermedia. Fueron recibidos con marimba y entre aplausos por una multitud de personas y autoridades ancestrales que los acompañaron frente al juzgado. Sin embargo, al entrar a la sala de audiencias, en compañía de sus abogados, fueron notificados que el procedimiento programado para esta fecha fue cancelado.
El litigio malicioso en el sistema de justicia en Guatemala es una práctica recurrente cuando hay una persecución penal contra personas indígenas, que implica un trato diferenciado y desigual en la búsqueda de justicia. En este contexto se desarrollan los casos de la periodista Anastasia Mejía, Petrona Siy Castro, Sebastiana Pablo, Micaela Solís y Manuel Pablo, criminalizados por la quema de la Municipalidad de Joyabaj, Quiché, el 24 de agosto de 2020 y privados de libertad con prisión domiciliar.
En el caso de Sebastiana Pablo lleva nueve meses en prisión preventiva en el Centro de Detención para Mujeres de Quetzaltenango.
Para la abogada defensora Wendy López, lo que hace este juzgado es ilegal e inhumano, particularmente Sebastiana Pablo, quien lleva más de nueve meses en prisión preventiva, por lo que solicitó al juzgado como a la Sala de Apelaciones la designación inmediata de un juez titular para que retome este caso en definitiva.
En este proceso es visible que existe una actitud injusta y racista asumida por los encargados del Juzgado de Santa Cruz del Quiché, al notificar a las partes procesales fuera del tiempo. Los acusados y sus abogados ya se encontraban en el juzgado cuando fueron notificados, lo que implicó la suma de gastos innecesarios en alimentación y el tiempo invertido en movilizarse, además de una carga psicológica, al considerar que los acusados tuvieron que viajar desde sus comunidades en Joyabaj, para llegar al lugar de la audiencia.
El abogado Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), concluyó que este acto por parte de la justicia ordinaria guatemalteca, simbólicamente es un acto de racismo en contra de la población indígena, porque el Consejo de la Carrera Judicial fue notificado desde el diez de junio de la excusa que presentó el juez suplente Carrera Dávila para inhibirse de este proceso, es decir tuvieron casi una semana para nombrar a otro juez, sin embargo no lo hicieron y tampoco avisaron a los sujetos procesales.
Perseguidos por ejercer el derecho de la libertad de expresión, manifestación y fiscalización
La periodista Anastasia Mejía, Petrona Siy Castro, Sebastiana Pablo, Micaela Solís y Manuel Pablo son acusados por los delitos de sedición, robo, incendio y atentado con agravación de la pena. El hecho por el cual están siendo acusados está relacionado con una manifestación que organizó un grupo de comerciantes frente a la municipalidad de Joyabaj, el 24 de agosto de 2020, en la que exigían al alcalde municipal, Florencio Carrascoza, dar marcha atrás a algunas medidas que impuso para evitar la propagación del coronavirus en el municipio, principalmente las que afectaban al sector de comerciantes del mercado, que fue instalado en el parque municipal.
Tanto la periodista Anastasia Mejía, Petrona Siy Castro y Manuel Pablo fueron los primeros detenidos por este caso el 22 de septiembre de 2020 y luego encarcelados en el Centro de Detención Preventiva de Quetzaltenango. Tuvieron que esperar 39 de días para la audiencia de primera declaración. La jueza Susan Elizabeth Pérez justificó que el trabajo periodístico realizado por Mejía el 24 de agosto, frente a la Municipalidad de Joyabaj, la hace partícipe de cuatro delitos. Desde el 28 de octubre de ese año le fue restringido el ejercicio periodístico y actualmente goza de una medida sustitutiva.
En la audiencia de primera declaración, las acusaciones del fiscal del Ministerio Público, Isaías Mancilla, contra la periodista, estuvieron cargadas de discriminación y descalificaciones, al poner en duda el trabajo periodístico realizado por ella. En reiteradas ocasiones se le pidió que probará con credenciales, créditos académicos o documentos oficiales la calidad periodística que ejerce en Joyabaj.
La periodista, directora de la Radio Xolabaj y del canal de televisión Xolabaj Tv, dio cobertura total al acontecimiento mediante transmisiones en vivo que quedaron registradas en las cuentas de Facebook del canal de televisión.
El proceso penal abierto en contra de ella es un caso de criminalización, en donde se utiliza el derecho penal para afectar a una persona indígena por su labor periodística en su municipio o departamento. Además de ejercer una violencia de carácter institucional y penal en su contra, por su condición de mujer, indígena y por ser de un lugar en donde convive con una población maya K’iche’.
Según una investigación realizada por la revista digital feminista RUDA, la periodista Mejía, además de cubrir actividades públicas, también expone actos de corrupción que se comenten en la Municipalidad de Joyabaj, dirigida por el alcalde Florencio Carrascoza, por eso este la acusó penalmente como una forma de castigo por ejercer la ciudadanía y el periodismo comunitario.
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