Por Lourdes Álvarez Nájera
Desde marzo de este año, la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en firme la sentencia de suspensión del proyecto minero Fénix, a cargo de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), que mantenía operaciones en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz y ordenó al ministerio de Energía y Minas (MEM) realizar el proceso de consulta a los pueblos indígenas. Esta cartera publicó la convocatoria a una reunión el próximo 15 de julio, pero sin la presencia de la Gremial de Pescadores, la organización que promovió el amparo y logró la sentencia.
Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, informó que no fueron notificados sobre esa reunión de preconsulta, que se convocó a partir de las 9 de la mañana, en el hotel Nana Juana, kilómetro 274, entre la carretera de Petén y Río Dulce. “Los que conforman la mesa técnica son las personas que tienen interés con la empresa, por ejemplo, la municipalidad y el Codede, a ellos no les conviene que nosotros seamos parte, por eso no fuimos tomados en cuenta”, agregó.
Los invitados por el ministerio de Energía y Minas, según su página web, son el Concejo municipal de El Estor en Izabal; el Concejo municipal de Panzós, en Alta Verapaz; comunidades indígenas Maya Q’eqchi’, radicadas en El Estor, Izabal, que constituyen el área de influencia del proyecto; comunidades indígenas Maya Q’eqchi’, radicadas en Panzós, Alta Verapaz, que constituyen el área de influencia del proyecto; la compañía Guatemalteca de Níquel, Sociedad Anónima, CGN; la Procuraduría de los Derechos Humanos; el Ministerio de Cultura y Deportes y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Además, la Universidad de San Carlos de Guatemala y las universidades privadas que participan en los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE); la Comisión Presidencial de Diálogo y los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), que funcionan en El Estor y Panzós.
La sentencia ahora es de las comunidades
“Nosotros como Gremial de Pescadores logramos la sentencia, pero ahora no solo es la lucha de la gremial, es de las comunidades que piden la preconsulta”, aseguró Pop y añadió que es importante la presencia y legítima representación de las comunidades en ese proceso.
“Las comunidades que deben estar y hacer valer el derecho de cada una, eso es lo que se busca y se planteó este sábado, porque hay varias personas que no están de acuerdo en cómo están llevando las cosas hasta este momento”, dijo.
La licencia del proyecto Fénix, que quedó suspendida de manera provisional desde el 2019 abarcaba 248 kilómetros en aquel entonces, según Pop “con la sentencia se redujo a 6 kilómetros, pero lo que ahora nos preocupa es por qué han desconocido lo de Cahabón y Senahú, y solo se está hablando de El Estor a Panzós, ¿por qué ya no de esos otros dos municipios?”.
Según el presidente de la gremial, les preocupa que en lugares del sector Lote 8, Lote 4, Lote 5, y Lote 9, se ha reportado la presencia de personas que han alertado a las comunidades sobre el interés de otra empresa en explotar esas áreas, que colindan con Cahabón y Senahú, en Alta Verapaz.
Pop aseguró que existe desinformación en las comunidades sobre todo el proceso de suspensión y de consulta que ordenó la CC, e indicó que el sábado 12 de junio realizaron un encuentro con los líderes y lideresas de varias comunidades que expresaron no están de acuerdo con la explotación minera en esa región del país.
Minera sigue operando
En reiteradas ocasiones, el diputado independiente Aldo Dávila y el diputado Carlos Barreda de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), han citado a los titulares del ministerio de Energía y Minas para que aclaren por qué el proyecto mantiene operaciones pese a la sentencia de suspensión de la CC.
El 9 de junio, el diputado Barreda, informó que a casi dos años de la orden de suspensión, la mina ha generado ganancias de hasta Q324 millones 600 mil porque sigue operando.
En una citación con la bancada de la UNE, Luis Ayala, viceministro de Hidrocarburos y Minería dijo que realizarían “una revisión de la sentencia emitida por la CC para determinar el motivo de porqué la mina aún continúa la extracción de metales sin permiso”, según declaraciones recopiladas por el departamento de comunicación del Congreso de la República durante la citación.
Barreda solicitó que en un mes se pueda recopilar la información y presentar la denuncia, porque constituye una “clara desobediencia a lo ordenado por la CC”.
Entretanto, el diputado Dávila también ha citado en dos ocasiones a los titulares del ministerio de Energía y Minas que no se han presentado a las reuniones, la última el pasado 10 de junio, donde enfatizó que las comunidades “no están pidiendo nada que no tengan el derecho a pedir, que son los informes para que no sean vulnerados sus derechos”.
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Presentarán acciones legales
Rafael Maldonado, abogado de la Gremial de Pescadores de El Estor, declaró que no esperaban la convocatoria a la reunión de preconsulta convocada por el ministerio de Energía y Minas.
“Nos tomó por sorpresa a la gremial y a mí, porque los miembros de la gremial fueron los que interpusieron la acción de amparo y son parte dentro del proceso y, a la fecha el ministerio nunca nos ha convocado para informar el avance del proceso”.
El abogado catalogó de “oscura” la convocatoria, porque al analizar a los invitados notaron que se trata de “personas aliadas a la minería, evitando la participación de las personas que son críticas de esa actividad contaminante en el departamento de Izabal y Alta Verapaz”.
Esta semana se estaría presentando una solicitud de debida diligencia para el cumplimiento de la sentencia que otorgó la CC, ante Corte Suprema de Justicia, que es el tribunal que va a controlar el desarrollo del proceso de consulta, según el abogado.
“Ese proyecto ha representado contaminación y muerte para esas comunidades, hay personas que han fallecido por su oposición al proceso”, dijo el abogado y recordó que lo que más les preocupa es que a pesar de la sentencia la empresa sigue operando.
MEM en silencio
Se intentó obtener información sobre el listado de participantes y la omisión de la Gremial de Pescadores por parte del ministerio de Energía y Minas, pero el departamento de comunicación de esa institución indicó que debían realizar las gestiones para saber quién podría brindar declaraciones, sin que hasta el cierre de esta nota se haya obtenido alguna.
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La tarde del jueves 10 de junio, después de la publicación de esta nota, el departamento de comunicación de esa institución envió la siguiente respuesta:
“Debemos estar alerta y unidos”
El presidente de la Gremial de Pescadores enfatizó que han enfrentado momentos complejos y difíciles desde que denunciaron la contaminación del proyecto en el lago de Izabal hasta el momento de la sentencia, pero subrayó que es importante que las comunidades se mantengan alertas y unidas.
“Dios nos ha dado las fuerzas para esta lucha, que en ningún momento pensamos abandonar, pese a los riesgos que ya hemos vivido, pero aún así es importante que las comunidades sigan alertas y unidas. Seguiremos mientras Dios nos de vida y vamos a seguir socializando con las comunidades que nosotros como pueblos indígenas, hagamos valer nuestros derechos como pueblos originarios”, concluyó Cristóbal Pop.
