Por Simón Antonio Ramón
El proceso penal contra siete comunitarios criminalizados por la empresa Industria Chiquibul fue cerrado el pasado viernes 11 de junio, por la jueza Fabiola Alejandra Martínez Choc, del Juzgado de Primera Instancia Penal de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, al resolver sobreseimiento en la etapa intermedia.
El abogado Francisco Vivar, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), y parte de la defensa jurídica de los dirigentes dijo que “el Ministerio Público no pudo acreditar en los medios de prueba. La jueza optó por otorgarles un sobreseimiento a los procesados y con ello cerrar el proceso en contra de ellos”.
Según el abogado de CALDH, la jueza ordenó que se les devuelva la caución económica que se les había impuesto a los comunitarios.
El 18 de marzo de 2021 inició la etapa intermedia en el que la defensa de los dirigentes criminalizados solicitó la separación de Industrias Chiquibul, una empresa que se dedica a la plantación de palma africana, por ser una de las partes del caso, pero no fue aceptada por el juzgado.
Antecedentes
Los siete comunitarios fueron criminalizados penalmente al exigir contratos individuales y mejores condiciones laborales desde 2016. La respuesta de la empresa fue acusarlos de los delitos de detención ilegal, coacción, allanamiento y usurpación agravada.
En noviembre de 2019, solicitaron la renovación de su contrato a la compañía. A través de la Asociación Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), plantearon al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) establecer una mesa de diálogo para lograr un acuerdo entre la empresa y los trabajadores sobre la renovación de sus contratos laborales para el 2020. La respuesta del ministerio de Trabajo fue proponer una mesa de diálogo sin la intervención de terceros, sin que se llegara a concretar.
A los trabajadores, la empresa les notificó que no serían contratados en 2020. Realizaron varias movilizaciones, la más grande fue en Candelaria, en el kilómetro 439. En enero de ese año se movilizaciones durante varios días en los cinco puntos de industrias Chiquibul, exigiendo los pagos que por ley les correspondía y demandan ser contratados nuevamente.
En marzo de 2020 Bernabé Gualná campesino e indígena Q’eqchi, miembro de la Comunidad Cooperativa Sachaj, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio de Raxruhá. Fue trasladado a la cárcel de Cobán, por orden del Juzgado de Primera Instancia Penal de San Pedro Carcha, a raíz de una denuncia presentada por la empresa Industria Chiquibul S.A..
También fueron denunciados los otros seis dirigentes, pero sólo Gualná fue detenido. El 16 de abril fue ligado a proceso por los delitos de detención ilegal, coacción, allanamiento y usurpación agravada, por los hechos que presuntamente ocurrieron en enero del mismo año y se le dictó prisión preventiva por el juzgado de Primera Instancia Penal de San Pedro Carchá. El 27 de mayo recuperó su libertad después de que el juzgado aceptó la solicitud de arresto domiciliario.
La empresa Industria Chiquibul es señalada del ecocidio producido en el río San Román, en Sayaxché, Petén, en 2017. Su casa matriz, Unisource Holding Inc., es dueña de la empresa Mayafert, S. A., la cual fue acusada en 2015 de corrupción vinculada al caso Cooptación del Estado e investigada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP). El representante legal de Mayafert, Karl Christian Kaehler de León, y el director ejecutivo, Julio Barrios, fueron acusados en este caso.
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