Por Francisco Simón Francisco
Los periodistas Marvin Del Cid y Sony Figueroa asistieron el pasado lunes al Juzgado del Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia (MAIMI), en la que el juez Keny Harnaldo Arrivillaga Méndez ratificó las medidas de alejamiento a favor de Joselyn Fernanda Mérida Solana, directora de Comunicación Social del Congreso de la República en contra de los periodistas, por una denuncia penal que presentó el pasado 27 de mayo por el delito de violencia psicológica contra la mujer.
En la audiencia, el abogado Rootman Pérez se opuso a estas medidas restrictivas en contra de sus defendidos y presentó las pruebas de descargo para revertir la decisión del juez, que incluye pruebas fotográficas, audiovisuales y las notas periodísticas, para comprobar la falsedad de los hechos denunciados por la directora.
Con la decisión del juez Arrivillaga Méndez, los periodistas de los medios de comunicación Artículo 35 y Vox Populi quedaron sujetos a proceso de investigación por el Ministerio Público (MP), con la prohibición de intimidar a cualquier integrante del grupo familiar de la agraviada, la prohibición de acceder al domicilio permanente o temporal, lugar de estudio o de trabajo de Mérida Solano, específicamente a la oficina que ella tiene en el Congreso, como directora de Comunicación Social.
La denunciante argumentó que se sentía perseguida y acosada por los periodistas. Según la denuncia, fue perseguida por Del Cid luego de salir del salón donde fue interrogada por los diputados de la bancada Semilla, el pasado 26 de mayo.
En uno de los vídeos presentados por el abogado Pérez, se observa que los señalados no eran los únicos reporteros presentes en el salón de la citación e hizo notar que sus defendidos solo le hicieron a Mérida las mismas preguntas que ella evitó responder ante los diputados de Semilla. Además, fuera del salón se encontraba otra periodista que abordó a Mérida Solano junto a Del Cid, lo cual también descarta una persecución específica contra ella por parte del señalado.
A pesar de lo planteando por la defensa de los periodistas, el juez consideró que no había suficientes argumentos para desestimar las medidas e indicó que estas debían ser proporcionadas para garantizar la seguridad de la víctima mientras el Ministerio Público investiga los hechos.
Los periodistas fueron denunciados con base en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, días después de haber publicado la investigación “La estrategia del Congreso para atacar a opositores y funcionarios”, en la que se develó que Mérida Solano, en su calidad de directora, habría girado instrucciones a personas para dirigir una campaña de desprestigio contra el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade y contra el diputado de la bancada Semilla, Samuel Pérez.
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Ruth Del Valle, encargada de la Defensoría de las Personas Defensoras de DDHH y Periodistas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), asistió a la audiencia para garantizar el debido proceso, que se lleve en respeto a los derechos humanos y no se violente el derecho a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, por las denuncias que puedan enfrentar los periodistas.
Dentro de las medidas restrictivas estaba la prohibición a los periodistas de ingresar al Congreso de la República, pero el juez estableció que si bien es cierto se mantuvo la restricción de acercarse a ella, no así al Congreso. El juez consideró se estaría violentando el derecho al ejercicio periodístico al impedirles ingresar al Legislativo porque es una de las fuentes que ellos cubren, puntualizó Del Valle.
¿Qué pasa con la Ley contra el Femicidio en Guatemala?
Lo que ocurre en Guatemala es que se está mal utilizando esta ley, que está orientada a la protección de las mujeres que son víctimas de violencia. Sin embargo, actores que buscan impunidad en el país, recurren frecuentemente al contenido de dicha normativa, para criminalizar no solo a periodistas sino también a defensores de derechos humanos.
Los delitos que se denuncian con esta ley no coinciden con el contexto en el que se desarrolla la violencia contra la mujer y principalmente en los delitos de femicidio, que establecen una relación de poder, es decir de victimarios a agraviados. Pero en la situación que denuncia la directora de Comunicación Social del Legislativo, no existe esa relación de poder. Al contrario, ella tiene más poder que los periodistas denunciados porque es funcionaria pública.
Para estos casos que son políticos y no penales y desde la perspectiva de los derechos humanos, tanto los Juzgados de Femicidio como el Ministerio Público no deberían de promover este tipo de denuncias que se dan por la mala utilización de una ley.
Instituciones públicas, como la Policía Nacional Civil (PNC), también encontraron en esta ley una salida perfecta para denunciar supuestas agresiones en contra de una agente de seguridad, por parte de manifestantes que se oponen a la mala administración del gobierno central, Alejandro Giammattei. El lunes 7 de junio la PNC publicó un comunicado en donde indicaba que la agente fue objeto de violencia física y psicológica en la Plaza Central, durante la visita de la vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris.
Con estos casos se presume que hay una intención maliciosa, al utilizar una ley noble, destinada a proteger a la mujer, para perseguir a periodistas y activistas de derechos humanos y favorecer a actores políticos que están vinculados con actos de corrupción.
El contexto y las formas en que se presentan las denuncias nos ilustran que al final lo que se busca es atacar a periodistas que investigan actos de corrupción en las instituciones públicas, a activistas que denuncian la criminalización y represión estatal y a quienes insisten en el respeto a la democracia y el estado de derecho en el país.
