Por Regina Pérez
En el cuarto día de la audiencia de primera declaración del general Marco Antonio González Taracena, uno de los 12 acusados en el caso Diario Militar, el juez Miguel Ángel Gálvez resolvió ligarlo a proceso por los delitos de desaparición forzada, contra los deberes de la humanidad, asesinato y asesinato en grado de tentativa, además tendrá que guardar prisión preventiva y permanecerá en el Centro Médico Militar, tras la acusación del Ministerio Público (MP) que lo señala de haber sido jefe de “el Archivo” del Estado Mayor Presidencial, que elaboró el referido documento y dirigió operaciones clandestinas en contra de opositores políticos.
Esta audiencia se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Médico Militar, ubicado en la zona 16, debido a las condiciones de salud de González Taracena, quien se moviliza en silla de ruedas.
Según la acusación de la Fiscalía, González Taracena fungió como jefe del Archivo General y Servicios de Apoyo (AGSA), conocida como “el Archivo”, del Estado Mayor Presidencial (EMP), durante el gobierno de Óscar Mejía Víctores. Esta fue la estructura encargada de elaborar y recopilar la información que aparece en el Diario Militar, donde aparecen los nombres de 183 personas que el Ejército identificó como militantes de organizaciones guerrilleras, quienes fueron detenidas ilegalmente, torturadas, asesinadas y desaparecidas.
Durante su argumentación, el juez hizo relación del acusado con otros militares ya ligados a proceso. En la estructura, según el MP, también participaban Enrique Cifuentes de la Cruz, alias “el miquillo”, Edgar Corado Samayoa, alias “el Diablo” y Rone René Lara, alias “el Diablo”, todos sargentos especialistas del EMP.
El general retirado también tuvo capacidad de decisión para la ejecución de los hechos de lo que se le acusa, que fueron cometidos entre 1983 y 1985, señaló la fiscal Elena Sut de la Fiscalía de Derechos Humanos.
De acuerdo con la Fiscalía, existen elementos suficientes presentados sobre la participación del general por la desaparición forzada de 14 personas que aparecen en el Diario Militar, así como de haber cometido asesinato contra 4 personas, asesinato en grado de tentativa en contra de una víctima que logró escapar de sus captores y que dio su testimonio en este caso, así como delitos contra los deberes de humanidad contra 16 personas.
El abogado del militar retirado, José Axel Marín Quintanilla, defendió en el tercer día de audiencias que su cliente haya participado en los hechos y que haya sido jefe del referido Archivo. “Agencias de inteligencia hay en todo el mundo, para recabar información, con el fin de evitar mayores daños”, señaló.
De acuerdo con Marín, González Taracena era “ayudante” del jefe de Estado y no estaba al mando del Archivo, como señaló el MP durante la acusación.
En el segundo día de audiencia de primera declaración, el MP detalló el modo de operar de la estructura clandestina que realizó seguimientos, capturas, detenciones ilegales y torturas en centros clandestinos de detención, así como leyó testimonios de testigos que conocieron a víctimas del Diario Militar, entre ellos a Mayra Janet Meza Soberanis y a Héctor Rolando Valdez Guzmán. En el caso de Meza Soberanis ella le dijo al testigo que logró reconocer al general en una fotografía que le enseñaron, tras su detención ilegal en 1983. Ella fue liberada pero volvió a ser detenida ilegalmente y posteriormente asesinada en 1985.
Gálvez consideró que los medios de convicción presentados por el MP, documentos y testimonios, eran suficientes para sospechar de la comisión de estos delitos. En esta etapa del proceso no se establece la culpabilidad del acusado ni se analizan medios de prueba, dijo el juzgador.
Tras la resolución, el abogado defensor presentó un recurso de reposición en contra de la resolución del juez, argumentando que el delito de desaparición forzada no existía en los años en que supuestamente se cometieron los hechos y que la retroactividad de la ley no es permisible. El juez declaró sin lugar el recurso.
Por otro lado, el Ministerio Público solicitó enviar al militar retirado a prisión preventiva, argumentando que existe grave riesgo de obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de fuga y riesgo para las partes en este proceso.
¿Quiénes ya fueron ligados a proceso?
Las capturas del Diario Militar fueron efectuadas por la Fiscalía de Derechos Humanos el pasado 19 de mayo, a 22 años de que el documento saliera a la luz pública. En total han sido detenidos 12 militares que formaron parte del EMP y del Estado Mayor de la Defensa.
El pasado 9 de junio, el juez Gálvez ligó a proceso a seis acusados por los delitos de desaparición forzada, asesinato, contra los deberes de la humanidad y asesinato en grado de tentativa.
Los militares ligados a proceso fueron: José Daniel Monterroso, alias “Lengüita”, sargento especialista del Estado Mayor de la Defensa; Enrique Cifuentes de la Cruz, alias “Miquillo”, sargento especialista del Estado Mayor Presidencial (EMP); el coronel Esdras Jacobo Salán Sánchez, parte del Estado Mayor de la Defensa; Edgar Virginio de León Sigüenza, alias “El Choco” Sargento Mayor del Estado Mayor de la Defensa; Rone René Lara, alias “El Carnitas”, sargento mayor especialista del Estado Mayor Presidencial: Edgar Corado Samayoa, alias “El Diablo”, también sargento mayor especialista del EMP.
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Restricciones a la prensa
La audiencia de primera declaración en el caso de González Taracena comenzó desde el martes 22 de junio en las instalaciones del Centro Médico Militar, donde está recluido el general, por problemas de salud. En esta audiencia también se acusaría al general retirado Víctor Augusto Vásquez Echeverría y Gustavo Adolfo Oliva Blanco, pero el primero entró en coma el día de la audiencia en tanto el segundo tiene problemas de audición.
Desde el primer día, periodistas tuvieron dificultades para ingresar a las instalaciones. La periodista y corresponsal de Telesur, Rolanda García y el fotoperiodista Edwin Bercián, de Publinews, no pudieron ingresar debido a que según los oficiales que los atendieron, no estaban en la lista de periodistas.
En el segundo día de audiencias, abogados querellantes denunciaran obstáculos para ingresar y el representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos solicitó el libre acceso a la prensa y a observadores internacionales.
El juez llamó la atención sobre que a pesar de tratarse de instalaciones militares, no se debía limitar el acceso a la audiencia que es pública.
