Jueces de Mayor Riesgo piden a la Fiscal General revisar y desestimar denuncias en su contra

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Créditos: Jueces de Mayor Riesgo pidieron a la Fiscal General revisar y desestimar denuncias sin fundamento en su contra. Foto Ricigt
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Regina Pérez

Los jueces de Mayor Riesgo Yassmín Barrios, Érika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul pidieron a la Fiscal General, Consuelo Porras, la desestimación de denuncias espurias e infundadas que se han hecho en contra de los juzgadores, principalmente de quienes les ha tocado cubrir casos de corrupción y derechos humanos.

Barrios, Aifán, Gálvez y Xitumul, en cuyos juzgados se conocen casos relacionados a la corrupción y derechos humanos, consideran que estas denuncias constituyen una forma de hostigamiento hacia su trabajo. Además, señalaron que estas acciones en su contra no tienen fundamento y que incluso datan de 2012, por lo que piden que sean desestimadas.

Según indicó la jueza Érika Aifán, del Juzgado de Mayor Riesgo D, la ley establece un plazo de 20 días para que el Ministerio Público (MP), si existieran elementos de investigación, inicie acciones como solicitudes de antejuicio en contra de los jueces.  “Habiendo transcurrido ese plazo y habiendo excedido el plazo razonable, hemos pedido a los fiscales que tienen asignadas estas causas, la desestimación de las mismas, sin embargo no hemos encontrado una respuesta”, expresó Aifán.

Es por ello que decidieron presentar una solicitud conjunta a la Fiscal General, para que revise los casos, porque existen por lo menos unas 30 denuncias penales que están en esta situación.

Estas denuncias que se encuentran en el MP sin ningún trámite y vienen desde hace años, constituyen una forma de hostigamiento a los jueces, manifestó.

“No creemos que los recursos del MP deban enderezarse para perseguir a jueces y a fiscales honrados, considero que esos recursos deben de ir para atacar a las personas que delinquen, no a la independencia judicial”, dijo la jueza Yassmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo “A”.

En un Estado democrático se debe respetar la independencia judicial que no es solo una garantía para los jueces sino para todos los ciudadanos que van a contar con jueces responsables, libres e independientes y que van a juzgar sin privilegios de carácter económico y social, sin ningún interés político, dijo Barrios.

El juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo B, quien ha denunciado el seguimiento en su contra, indicó que una opción podría ser acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las medidas precautorias que tienen los cuatro jueces, aunque esto aún no ha sido discutido.

Gálvez indicó que aparte del hostigamiento hacia su persona, uno de los problemas fundamentales es que se atente en contra de la independencia del Organismo Judicial. El hecho de querer mantener denuncias abiertas de años significa que existe cierto hostigamiento y se atenta contra la independencia judicial, manifestó.

El presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, Pablo Xitimul, dijo que se sienten “perseguidos” y “hostigados” e indicó que el MP desestima las denuncias que ellos presentan en tanto, las interpuestas en contra de los jueces ya tienen solicitudes de antejuicio. 

He presentado diez denuncias y han sido desestimadas, eso significa que el MP si está atendiendo el plazo de 20 días, pero las que están en contra nuestra, siguen ahí con el fin de hostigarnos y amedrentarnos, como una presión psicológica para que no resolvamos de mejor manera los casos de nuestra competencia, dijo.

Xitumul manifestó que esta situación no solo pone en zozobra a los jueces sino a la población, porque la independencia judicial no es exclusiva de los juzgadores. “Si nos dejan trabajar conforme a derecho, la población estará tranquila”, indicó.

Seguimiento a jueces y reporte de movimientos

Durante la conferencia de prensa, la jueza Aifán también indicó que ha presentado denuncias por persecución de vehículos sin placas y el MP las ha desestimado bajo el argumento de que no puede identificar el vehículo porque no tienen placas. “El otro argumento que utilizaron en esa denuncia es que no quise colaborar, porque cuando me fueron a buscar yo estaba en audiencia. Yo no puedo suspender una audiencia y tampoco se me informó que se haya presentado alguien del MP”, anotó.

El OJ está trasladando las denuncias hacia el MP, pero no vemos una respuesta efectiva en seguridad hacia nosotros, subrayó Aifán.

Gálvez señaló que el hostigamiento no solo proviene de las mismas instituciones sino de personas armadas. “Me han dado seguimiento algunas personas, eso desde mi punto de vista es atentar en contra de la independencia del Organismo Judicial y lo ponemos de conocimiento a la misma Corte Suprema de Justicia”, mencionó.

La jueza Barrios dio a conocer que la semana pasada se recibieron directrices de parte de la División de Protección y Seguridad (DPPS) de la Policía Nacional Civil (PNC) que se encarga de proteger a personalidades, para que los agentes que la resguardan reporten diariamente cada uno de sus movimientos. Esto significa que están violentando mi independencia judicial y poniéndome en peligro, indicó.

“No tengo nada que esconder, pero sí me preocupa porque gozo de medidas cautelares y el Estado de Guatemala está obligado a garantizar mi vida, mi integridad y la de mi familia”, enfatizó.

Autoría y edición

Periodista y comunicadora. Soy curiosa y me apasionan las redes sociales. Mis raíces son de la cultura Maya K'iche'.

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