Por Regina Pérez
Durante el tercer día de audiencia de primera declaración del general Marco Antonio González Taracena, quien según el Ministerio Público (MP) fungió como jefe del “Archivo” una estructura del Estado Mayor Presidencial, que recopiló, registró y sistematizó el documento conocido como Diario Militar, familiares de detenidos-desaparecidos que aparecen en él tuvieron un espacio para expresarse, el que aprovecharon para solicitar que el ejército les diga dónde están sus seres queridos.
En la audiencia en la que se esperaba que el juez Miguel Ángel Gálvez dictara una resolución en contra de González Taracena por cuatro delitos, en la primera etapa de este proceso, Manuel Farfán, director de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FAMDEGUA), señaló: “Nuestra solicitud puntual, señor juez, es que nos digan dónde están, ha llegado el momento de asumir esa responsabilidad por las familias guatemaltecas que tienen un familiar detenido-desaparecido”.
El tío de Farfán, Rubén Amílcar Farfán aparece en el Diario Militar junto a otras 182 personas y fue uno de los primeros casos que el MP presentó durante la audiencia en contra de otros seis militares acusados, que ya fueron ligados a proceso por desaparición forzada, delitos contra deberes de la humanidad, asesinato y asesinato en grado de tentativa.
Farfán señaló que han recibido denuncias y testimonios de familias víctimas de desaparición forzada, en la que se desarrolló una violencia sistemática en contra de estudiantes universitarios, catedráticos, obreros, sindicalistas y población civil.
El defensor de derechos humanos agregó que el MP presentó indicios del control sistemático, seguimiento, tortura, violación sexual y ejecuciones extrajudiciales de hombres, mujeres y niños.
El Estado de Guatemala, por medio del ejército, es el responsable de estos hechos, indicó Farfán, quien recordó que el juez ha hecho referencia al testimonio de su madre, Aura Elena Farfán, -fundadora de Famdegua y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)- sobre una ocasión que tuvo una cita con el general Óscar Humberto Mejía Víctores, donde ella le suplicó que le dijera dónde estaba detenido su hermano.
“La respuesta del general Mejía Víctores fue que si él era subversivo, no lo esperara. Que si su madre era guerrillera, él mismo la mataba. Qué podíamos esperar en ese momento, en esas condiciones políticas de 1984, había un conflicto armado interno y en medio estaba la población civil”, dijo el director de Famdegua.
Farfán señaló que su abuela, Adela Farfán, “hubiera muerto tranquila, alrededor de sus hijos. Ella falleció a los 98 años y en su último momento preguntó ¿Por qué no ha venido Rubén?”, en referencia a su hijo desaparecido.
El defensor de derechos humanos indicó que existen pruebas contundentes de la existencia de cementerios clandestinos, donde se encuentran personas detenidas desaparecidas, como la zona militar número 21 de Cobán, Alta Verapaz, donde se encontraron más de 500 osamentas de las cuales se han identificado al menos a 300 personas que ya fueron devueltos a sus familias. “Ellos ya pudieron cerrar ese círculo”, anotó.
Agregó que esa angustia la han vivido pero también ha sido un referente para que los familiares se organicen y continúen la lucha de “hombres y mujeres valientes que se enfrentaron a un Estado militar, a un gobierno que les ocultó la información y las evidencias, el MP está poniendo las pruebas contundentes en la mesa”.
Luego de ello, Farfán mencionó a Blanca Rosa Quiroa López quien buscó a su hijo Óscar David Hernández Quiroa, detenido desaparecido el 23 de febrero en 1984. Herlindo Hichos, quien ya falleció, buscó a su hija Irma Marilú Hichos, miembro de la AEU de 1984, detenida desaparecida el 21 de mayo de 1984. Sonia Serrano que buscó a su papá, Jorge Luis Serrano, sindicalista. Natalia Gálvez Soberanis, buscó a su hijo Carlos Guillermo Ramírez Gálvez, quien también aparece en el Diario Militar. “Lamentablemente ella hace un mes falleció, no está viendo esto, ella ha sido una impulsora para continuar la búsqueda de las personas desaparecidas”, dijo.
“Así puedo nombrar y seguiré nombrando madres, padres, abuelos que buscan a sus hijos, hermanos, padres, son 45 mil detenidos-desaparecidos” prosiguió. Finalizó diciendo: “Tengan el valor de decirnos donde están, es un derecho que a nosotros nos asiste. Hasta encontrarlos”.
Paulo Estrada, hijo de Otto René Estrada Illescas y sobrino de Julio Alberto Estrada Illescas, quienes también aparecen en el Diario Militar, secundó la petición en cuanto a que se les diga dónde están los restos de sus familiares.
Creo que todas las familias que tenemos un familiar detenido-desaparecido lo que buscamos es la verdad, dijo Estrada, quien también nombró a otras personas que trazaron el camino en la búsqueda de sus familiares. “Doña Jesús Palencia “Doña Chusita” buscó a su hijo Alfonso Alvarado Palencia hasta que falleció. Doña Marinita Sosa Calderón, buscó a su hermano Orencio Sosa Calderón, un doctor que atendía a gente de escasos recursos. ¿Cuál fue su delito? Ser médico, ayudar a los pobres, los que no podían ir a un centro asistencial. Don Efraín García buscó a su hijo hasta que falleció”.
Estrada señaló que su papá, Otto René Estrada Illescas, miembro del Partido Guatemalteco de Trabajo (PGT) y del grupo estudiantil FRENTE iba desarmado cuando fue detenido ilegalmente. “Eso lo dice el documento, iba desarmado, se lo llevaron herido. ¿Será que lo atendieron?”. En tanto su tío, Julio Estrada, era miembro del PGT y del secretariado de AEU. “¿Cuál fue su delito? Buscar otra Guatemala mejor para todos, en la que quepamos todas y todos”.
“Mi petición es: yo quiero saber qué pasó con cada uno de los detenidos-desaparecidos del caso Diario Militar, no hablo solo por mí, sino por las familias”, dijo Estrada.
“Después de 37 años nos merecemos que se haga justicia, que nos digan en donde están, que hicieron con ellos, creo que es parte de ese honor militar aceptar lo que hicieron”, concluyó el querellante.
Audiencia de primera declaración continuará el 25 de junio
El pasado 23 de junio, la Fiscalía de Derechos Humanos pidió al juez Gálvez ligar a proceso al general Marco Antonio González Taracena por los delitos contra deberes de la humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa en agravio de varias víctimas que aparecen en el Diario Militar. Los querellantes en este caso se unieron a la petición del MP para que el militar sea ligado a proceso.
Este documento, también conocido como “Dossier de la Muerte”, que contiene el registro de la captura, desaparición forzada y asesinato de 183 personas, identificadas como militantes de organizaciones guerrilleras, salió a la luz en 1999, por el Archivo Nacional de Seguridad, cuando la experta Kate Doyle lo hizo público en una conferencia de prensa.
Lea más:
Sin embargo, no fue hasta el 19 de mayo 2021 que la Fiscalía capturó a 11 militares retirados, por su posible participación en la desaparición de personas que aparecen en el Diario Militar. El coronel retirado, Jacobo Esdras Salán Sánchez, se entregó a las autoridades el 1 de junio, en una audiencia realizada por este caso.
Durante el tercer día de audiencias, luego de que el abogado de González Taracena presentara un incidente y se concediera audiencia a las partes, el juez Gálvez suspendió la audiencia que continuará el 25 de junio a las 9 horas, en las instalaciones del Centro Médico Militar.
Lea más:
