Defensa de exmilitares y PN cuestionan autenticidad del Diario Militar, testimonios y testigos

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Créditos: Famdegua
Tiempo de lectura: 4 minutos

Por Lourdes Álvarez Nájera

A 20 minutos de las cuatro de la tarde de este martes, concluyó el sexto día de las diversas jornadas de audiencia de primera declaración, de seis mandos militares y de la policía, ahora en situación de retiro, que fueron capturados por el Ministerio Público (MP) a finales de mayo, acusados de detención, desaparición forzosa, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de humanidad, en contra de varias personas que aparecen en el Diario Militar. Este miércoles se podría conocer si el juez Miguel Ángel Gálvez del Juzgado de Mayor Riesgo B, los vinculará o no a un proceso judicial y bajo qué cargos.

Durante la audiencia de este día se escuchó a la mayoría de los abogados de los exmilitares y expolicías y para mañana solo quedó pendiente de escuchar a la defensa de Edgar Corado Samayoa, en una nueva audiencia que está convocada a partir de las 8:30 de la mañana en el mismo lugar.

La mayoría de los argumentos del grupo de abogados se centró en la solicitud de falta de mérito y libertad inmediata para los acusados, porque en su criterio no existen suficientes elementos de prueba por parte del MP para vincularlos al caso.

 Además, afirmaron que el Diario Militar también reconocido como el Dossier de la Muerte, es un documento de dudosa procedencia que primero fue publicado en una revista en los Estados Unidos y que, según ellos, debería tener sellos o firmas de alguna institución militar o policial, con lo que intentaron cuestionar su autenticidad.

Sucelly Yoliset Montenegro, abogada del especialista retirado de la Dirección de Inteligencia Militar (D2), José Daniel Monterroso Villagrán, vinculado a la desaparición de Rubén Amílcar Farfán quién aparece en una de las fichas del Diario Militar, argumentó que no se establecen circunstancias claras de tiempo, modo y lugar para vincularlo al caso.

Agregó que los acontecimientos pasaron “hace mucho tiempo”, e indicó que el testimonio de la persona que presentó el MP no menciona la participación del acusado en procesos directos de traslado o tortura de Farfán.

Por otra parte, el abogado defensor de Edgar Virginio de León Sigüenza, exsargento y especialista del Estado Mayor Presidencial (EMP) y de la Dirección de Inteligencia Militar (D2), presentó una protesta por los peritajes que el MP acreditó como parte del proceso y contra los testimonios de testigos que se encuentran bajo reserva por el tipo de caso.

“Qué el testigo diga que mi patrocinado era sanguinario, no es motivo para que se le vincule al caso”, indicó el abogado.

Entretanto, Byron Geovanny Raymundo, defensor de Enrique Cifuentes de la Cruz, excomisario de Policía Nacional (PN) y exjefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PN, quien también estaría vinculado al grupo elite el Archivo, se refirió al Diario Militar como “un listado de personas” que fue publicado por primera vez en un medio de comunicación internacional y cuestionó por qué si se tenía conocimiento de esa información “no se inició antes la investigación”.

Agregó que se catalogó como “un documento único, pero esto lo obtuvieron de una revista” e indicó que varias de las declaraciones de las personas que se presentan como testigos en contra del acusado, se reservan los datos y se les niega saber quiénes son, por lo que “no sabemos su idoneidad”.

José Carlos Guerra Aldana, defensor de Rone René Lara, exsargento mayor especialista, también vinculado a la estructura el Archivo, hizo ver que el juicio, que es de conocimiento de la opinión pública por las transmisiones en vivo desde la sala de audiencias, propicia que “algunos medios de comunicación ya lo condenan y lo sindican de los delitos sin que se hayan demostrado”.

El último en tomar la palabra fue el abogado Eddy Ronaldo Herrera López, defensor de Jacobo Esdras Salán Sánchez, excoronel vinculado a la D2, también a casos de corrupción y desfalco en el Ministerio de la Defensa y señalado de pertenecer al grupo La Cofradía vinculado al crimen organizado, quien cuestionó los medios de investigación y testigos del MP, por lo que el juez Gálvez le hizo ver que este momento del proceso no era para abordar esos temas.

En una de sus intervenciones el abogado Herrera dijo que los testigos del MP eran manipulados y descalificó la posibilidad de hacer memoria de los hechos por los que acusaban a Salán Sánchez.

Mañana se escuchará al abogado defensor de Edgar Corado Samayoa, también exespecialista del EMP quien estaría vinculado a la estructura el Archivo.

Dossier de la Muerte

El Diario Militar, también es reconocido como el Dossier de la Muerte y es un documento donde se registran las fichas de unas 183 personas bajo categoría de “enemigo interno”, que la defensa de los mandos militares y policiales que están vinculados al caso asegura que fue entregado a la investigadora Kate Doyle del National Security Archive por unos US$ 2 mil dólares. También indicaron que ella no es experta en este tipo de información militar y por lo tanto no pudo concluir que es auténtico.

Doyle expresó, según un artículo de Natalia Torres del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, que “por décadas, el ejército de Guatemala puso trabas a la búsqueda de información de los familiares de los desaparecidos –incluso a los investigadores de las comisiones de verdad- a través del silencio y la negación. Solo después de que este extraordinario documento fuera filtrado de los archivos internos del ejército y fuera hecho público, pudieron los guatemaltecos tener certeza de la existencia de documentos acerca del rol militar en la brutal contrainsurgencia. Si se desea que el derecho a la verdad sea una realidad en el hemisferio, los Estados deben estar obligados legalmente a abrir los archivos secretos que contienen información sobre los abusos a derechos humanos cometidos por sus propios agentes de seguridad y proveer dicha información de manera completa a investigadores y a la sociedad en su conjunto”.

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Autoría y edición

Periodista y comunicadora para organizaciones sociales, de pueblos indígenas y de organismos internacionales; estudios concluidos en sociología, asistente de investigación social para peritajes judiciales con enfoque histórico y antropológico.

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