Por Paolina Albani
Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila y Suyén Barahona, dirigentes del partido político Unión Democrática Renovadora (Unamos), fueron detenidas entre el 12 y 13 de junio por el régimen de Daniel Ortega. Desde inicios del mes, el Presidente de Nicaragua emprendió una campaña para encarcelar a sus opositores políticos a cinco meses de las Elecciones Generales, valiéndose de la llamada “Ley de Soberanía”.
La Policía nicaragüense también detuvo a Hugo Torres, disidente sandinista, y a Víctor Hugo Tinoco Fonseca, exvicecanciller de la república durante 1980, ambos integrantes de Unámonos. Con estas detenciones, Ortega ha logrado sacar de la contienda política a 13 de las personas que le disputarían la Presidencia.
Las cuatro mujeres de Unámonos fueron detenidas no sin antes allanar sus viviendas. Previo a su captura, dos de ellas publicaron videos en sus redes sociales para contar lo que estaba ocurriendo y advertir de la fuerte presencia policial afuera de sus residencias.
Las detenidas son señaladas de haber realizado actos que menoscaban la independencia, soberanía y la autodeterminación, además de incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación, según la Ley 1055, “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia y la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, según información de La Prensa Nicaragua.
Poco después de la detención de Dora María y Ana Margarita, Unámonos lanzó un comunicado donde refirió que fueron llevadas por patrullas antimotines y señalaron la acción como: “una agresión más de la dictadura de los Ortega Murillo en contra de la oposición nicaragüense y en contra de Unámonos”.
También han sido detenidas:
1.Cristina Chamorro,
2. Esperanza Sánchez,
3. Karla Escobar,
4. Julia Hernández,
5. Violeta Granera,
6. Arturo Cruz,
7. Félix Maradiaga,
8. Juan Sebastián Chamorro,
9. José Adán Aguerri,
10. Violenta Granera y
11. José Pallais.
De agosto de 2020 a junio de 2021, han sido detenidas 124 personas, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. La mayoría son hombres con 115, y 9 son mujeres.
Secuestros por detenciones
A Suyén Barahona, presidenta de Unamos y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), se la llevaron de su casa el 13 de junio. Poco antes grabó un video donde indicaba: «Si están viendo este video, es porque la Policía ha allanado mi casa y me ha secuestrado como lo ha hecho con otros». Barahona es activista por la democracia y ha tenido comunicación con Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, para compartir los problemas que sus países atraviesan a causa de las dictaduras de Ortega y Nicolás Maduro.
Dora María Téllez, exguerrillera de la Revolución Sandinista a finales de los 70 y fundadora de Unámonos, antes llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ha sido crítica del régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo. El día que fue llevada, el domingo 13, su casa fue rodeada y allanada por la policía. Fue detenida junto a Ana Margarita Vijil, quien se encontraba en su compañía. Vijil es abogada, activista y defensora de derechos humanos, además de ser docente de derechos humanos y género.
Támara Dávila, de 40 años, es psicóloga y miembro del consejo político de UNAB. Ya había sido detenida por el régimen en 2018 por salir a protestar y exigir la libertad de otros presos políticos. Esta vez, fue sacada de su casa el sábado 12, cuando su hija de 4 años estaba presente.
Desde entonces, poco o nada se ha sabido de los detenidos, pero se sabe que deberán de pasar 3 meses en prisión mientras la policía recaba pruebas en su contra.
La organización IM-Defensoras lanzó varias alertas al momento de las detenciones donde expresan su preocupación por la represión policial y un “aumento de campañas de hostigamiento, detenciones, arrestos domiciliarios, allanamientos y criminalización, utilizando medidas judiciales inconstitucionales contra compañeras activistas y defensoras de derechos humanos”. A la vez, exigieron que se garantice la protección de las defensoras y participantes políticas.
Con información de Nodal y de IM-Defensoras.
