Por Regina Pérez
Durante el segundo día de audiencia de primera declaración del general Marco Antonio González Taracena, en el caso conocido como “Diario Militar” el Ministerio Público (MP) pidió al juez Miguel Ángel Gálvez ligarlo a proceso por los delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de humanidad.
La Fiscalía de Derechos Humanos señaló que existen elementos suficientes para ligar a proceso a González Taracena, quien según los medios de convicción presentados, entre documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), declaraciones testimoniales y fichas, fue jefe del Archivo del Estado Mayor Presidencial y participó en los hechos que se le imputan entre 1983 y 1985.
Los abogados querellantes Grupo de Apoyo Mutuo, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (FAMDEGUA) y de Wendy Santizo Méndez, hija de Luz Haydeé Méndez, quien también aparece en el Diario Militar se adhirieron a la petición de la Fiscalía al juez Gálvez para que ligue a proceso al militar acusado.
Testigo individualizó a González Taracena
Durante la audiencia, la fiscal Elena Sut hizo referencia a la declaración de un testigo que conoció a Mayra Jeaneth Meza Soberanis, quien fue secuestrada en dos ocasiones y aparece en el Diario Militar.
Meza Soberanis, le contó al testigo que fue torturada y violada sexualmente. Sus captores la tenían con los ojos vendados y amarrada a una cama, durmiendo en el suelo en un lugar que ella no pudo identificar.
El testigo manifestó que Mayra le contó, que su hermano Gustavo Adolfo Meza Soberanis, quien también había sido secuestrado y era médico, le curó golpes en la cara y que había hecho lo mismo con otras personas que estaban siendo retenidas. En una reunión, los captores se dejaron ver en una visita que realizó el jefe, que llegó a supervisar lo que estaba pasando.
La persona se acercó a Mayra, le golpeó en la cara y le advirtió que con ellos no se jugaba, luego de ello la liberaron y le dijeron que no dijera nada de lo que había pasado y que a cambio de eso no la iban a molestar. También le dijeron que la iban a vigilar.
A una semana de haber sido liberada, un tío, que era capitán del ejército, le llevó unos anuarios de la Escuela Politécnica en las que ella reconoció los rostros de los captores que la golpearon. En el documento había una foto donde aparecen tres de los perpetradores, el jefe y los hombres que constantemente la habían amedrentado.
Ella le contó al testigo que reconoció a dos de los oficiales de apellido Salán, uno de ellos Esdras Salán Sánchez y el oficial, un mayor, era el coronel González Taracena. “Esa vez me mostró esa foto y me contó que no sabía en donde había estado retenida, pero si recuerda que escuchaba la diana que tocaban en los cuarteles y salían a marchar los soldados, ya que era lo que se escuchaba cada mañana”, relató el testigo.
“Señor juez, es importante establecer que la víctima, previo a desaparecer nuevamente, le relata a un compañero y la víctima reconoce a la persona que compareció a supervisar cuando estaba retenida en un lugar que ella no reconoció, sin embargo, ella ayuda a identificar, por medio de un anuario, la fotografía de la persona que llegó a supervisar y en dicha foto ella indicó que era una persona de nombre González Taracena”, dijo Sut.
La audiencia se lleva a cabo en las instalaciones del Centro Médico Militar, en la zona 16 de la capital, donde González Taracena está internado por padecimientos de salud. No obstante, en los dos días de audiencias querellantes y periodistas denunciaron obstáculos para ingresar a las audiencias.
El juez Miguel Ángel Gálvez aplazó la audiencia de primera declaración para este jueves 24 de junio, en la que podría resolver si liga a proceso o no al general retirado.
Antecedentes
El Diario Militar es un documento contiene el registro de la captura, desaparición forzada y asesinato de 183 personas que eran identificadas como militantes de diferentes organizaciones guerrilleras, con nombre, seudónimo, organización en la que militaban y cargo, fecha de captura y muerte, entre otra información.
El documento se hizo público el 29 de mayo de 1999, por medio del Archivo Nacional de Seguridad, a través de la experta Kate Doyle, que confirmó su elaboración, por cuerpo paralelo de inteligencia, adjunto al Estado Mayor Presidencial, conocido como “el Archivo”.
El pasado 27 de mayo, la Fiscalía de Derechos Humanos capturó a 11 militares por este caso, entre los que figura el general retirado Marco Antonio Taracena.
El juez Gálvez ya ligó a proceso al coronel retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez y a los sargentos José Daniel Monterroso Villagrán, Enrique Cifuentes de la Cruz, Rone René Lara, Edgar Virginio de León Sigüenza y Edgar Corado Samayoa, por delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y contra deberes de la humanidad.
El general Víctor Hugo Vásquez Echeverría y el teniente coronel Gustavo Adolfo Oliva Blanco no pudieron estar en la audiencia que inició el pasado 22 de junio, aduciendo problemas de salud.
En tanto los capturados Eliseo Barrios Soto, especialista del Estado Mayor Presidencial, Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth, también especialista del Estado Mayor presidencial y Juan Francisco Cifuentes Cano, quien fue primer jefe de la Brigada de Operaciones Especiales de la extinta Policía Nacional aún no enfrentan su audiencia de primera declaración.
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