Por Regina Pérez
A 38 años de que ocurrieran las desapariciones forzadas y detenciones ilegales de 183 personas, entre hombres, mujeres e incluso niños, en el contexto del conflicto armado interno, que aparecen en el llamado “Diario Militar”, el Ministerio Público (MP) comenzó la imputación de delitos en contra de seis militares retirados, quienes habrían estado atrás de las operaciones ilegales para capturar, torturar, asesinar y desaparecer a personas que eran consideradas “enemigo interno”.
En el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, realizó la imputación de delitos a José Daniel Monterroso Villagrán y Virginio de León Sigüenza, sargento especialistas del Estado Mayor de la Defensa y Enrique Cifuentes de la Cruz, sargento especialista del Estado Mayor Presidencial.
Monterroso Villagrán, alias “Lengüita”, sargento especialista y oficinista 5 del Estado Mayor de la Defensa, fue señalado de la desaparición forzada y delitos contra deberes de la humanidad en contra de Rubén Amílcar Farfán, quien fue llevado el 15 de mayo de 1984 del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) de la extinta Policía Nacional (PN), a las instalaciones de la antigua Escuela Politécnica, ubicada en la Avenida de la Reforma, zona 10, que fue utilizada como un centro clandestino ilegal de detención.
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Monterroso Villagrán, según el MP, realizó junto a la estructura que pertenecía, torturas a Farfán con el fin de obtener información para el sistema clandestino de inteligencia. A la fecha se desconoce el paradero de Farfán, quien según el Diario Militar, fue “300”, lo que significa que fue asesinado de manera extrajudicial.
Estas acciones eran parte de un plan común diseñado y ejecutado por fuerzas de seguridad del Estado, cuyo registro se documentó en el Diario Militar, con el fin de controlar y eliminar a las personas que eran consideradas enemigo interno.
Una persona con reserva de datos, que fue especialista del Ejército, declaró en la Fiscalía que conoció a Farfán cuando era joven en Jutiapa, tras participar en partidos de fútbol. El 15 de mayo de 1984 volvió a verlo, cuando estaba de conductor de servicio en la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, ubicada en la antigua Escuela Politécnica.
“Vos, fíjate que me llevan y no sé por qué”
Traían a Rubén Amílcar Farfán a quien reconoció y le dijo “Vos, fíjate que me llevan y no sé por qué”, palabras que, dijo, “tengo grabadas desde ese día”. Según su declaración, escuchó que un militar identificado como Mayor Alfonso Tarso de León Maldonado le dijo a Rubén “Me vas a decir la verdad, si no te voy a arrancar los genitales”.
El piloto declaró que Farfán fue trasladado a un cuarto junto a una piscina que servía para vestidores y que fue convertido en “bunker”, de aproximadamente 3 metros de ancho por 5 de largo, donde se realizaban las torturas. Luego de 20 minutos escuchó sus lamentos “algo que no le deseo a nadie, yo decía, desgracia, darse cuenta de eso y no poder hacer algo”.
A la media noche tenía que entregar su turno pero no lo hizo, porque quería saber qué pasaría con Farfán. Veinte minutos después vio salir una camioneta Toyota Land Cruiser, color blanco, que llevaba personal operativo. Cuando les abrí el portón me di cuenta que llevaban a Rubén, pero él no me vio porque lo llevaban vendado, en la tarde regresaron pero el detenido ya no venía con ellos, relató.
Los hechos ocurrieron cuando el coronel Byron Disrael Lima Estrada, era el Director de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército.
La panel blanca
Este testigo también se refirió al uso de la famosa panel blanca, que salía de la Antigua Escuela Politécnica. La misma pertenecía a la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, marca Toyota, color blanco, relató.
Ese vehículo se guardaba donde se lavaban los carros y en una ocasión que fue a lavar un camión, se acercó a ver su interior. Como estaba sucia, pudo ver coágulos de sangre de aproximadamente 5 centímetros.
Agregó que en los operativos de contrainteligencia participaban Alex Leonel Barrillas Soto, Virginio de León Sigüenza, José Daniel Monterroso y Manfred Orlando Pérez Lorenzo. Estos jefes operativos son los que saben en donde fueron enterradas todas estas personas que ellos eliminaron, indicó.
Otra persona que declaró bajo reserva, que trabajó en la Dirección de Inteligencia en 1984 como conductor de vehículos, señaló que los integrantes del grupo de Monterroso y De León Sigüenza, otro de los detenidos en este caso, “eran de lo peor”.
También fueron imputados hechos a De León Sigüenza, alias “Choco”, jefe operativo de contrainteligencia del grupo “A”, descrito como “sanguinario”, quien está acusado de la desaparición forzada de Farfán y del delito de deberes contra la humanidad.
En el caso de Enrique Cifuentes de la Cruz, alias “Miquillo”, quien fue sargento especialista del Estado Mayor Presidencial, se le señala de los delitos de desaparición forzada de al menos 9 personas, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad en contra de 12 personas.
Cifuentes de la Cruz está inculpado del asesinato de Silvio Matricardi y de asesinato en grado de tentativa de Álvaro René Sosa Ramos. Ambos figuran en el Diario Militar, en el caso de Sosa Ramos logró escapar de sus captores luego de asegurarles que delataría a otras personas. Fue llevado a la Avenida la Reforma, donde aprovechó para escapar y refugiarse en la Embajada de Bélgica. Posteriormente pidió refugio político en Canadá.
También acudieron a la audiencia de primera declaración el coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez, Rone René Lara y Edgar Corado Samayoa, especialistas del Estado Mayor Presidencial, a quienes no se les pudo imputar los delitos debido a que el juez Gálvez aplazó la audiencia para el jueves 3 de junio.
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Otros militares detenidos en este caso son: el general retirado Marco Antonio González Taracena; Eliseo Barrios Soto, ex especialista del Estado Mayor Presidencial; Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth, ex especialista del Estado Mayor Presidencial, Gustavo Adolfo Oliva Blanco, quien fue primer jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) de la extinta Policía Nacional y Juan Francisco Cifuentes Cano, quien fue primer jefe de la Brigada de Operaciones Especiales de la PN.
El Diario Militar o “Dossier de la Muerte” es un documento que fue hecho público el 20 de mayo de 1999, que mostraba cómo actuaron las estructuras de inteligencia militar para reprimir y asesinar a quienes consideraban enemigos del Estado. En el mismo se registra el seguimiento, captura y ejecuciones extrajudiciales de 183 hombres y mujeres catalogados como enemigos internos durante el Conflicto Armado Interno. Los hechos ocurrieron entre 1983 y 1984.
