Por Regina Pérez y Luís Ovalle
En la audiencia de primera declaración de cinco militares y policías retirados, sindicados de participar en la desaparición de 183 personas, cuyos nombres fueron incluidos en el llamado “Diario Militar”, se presentó el coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez, quien por orden del juez Miguel Ángel Gálvez, fue detenido y enviado a la cárcel de Mariscal Zavala.
Salán Sánchez tenía una orden de captura en este caso por desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y deberes contra la humanidad, razón por la que se presentó al Juzgado de Mayor Riesgo B.
El pasado 19 de mayo se ejecutaron las capturas de 11 militares y policías retirados, acusados de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad. Salán Sánchez no fue encontrado en su residencia.
El coronel retirado fue condenado en 2014, junto a Napoleón Rojas, por el desvío de 120 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa, durante el gobierno de Alfonso Portillo.
Según información de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el militar trabajó en la Dirección de Inteligencia del ejército (D-2) a finales de los ochenta y los noventa.
El abogado defensor de Salán Sánchez, Eddy Herrera, solicitó al juez que revocara la orden de captura de su defendido, con el argumento de que recientemente padeció COVID 19; al respecto, el Ministerio Público y los abogados querellantes argumentaron que debido a la gravedad de los delitos por los que se le sindica, lo que procedía era cumplir con la detención.
El juez Gálvez rechazó la petición del abogado, por lo que al concluir la audiencia se dio cumplimiento a la orden de aprehensión y fue trasladado a la cárcel ubicada en el cuartel Mariscal Zavala, donde un médico forense lo evaluará.
Audiencia se aplaza
A la audiencia se presentaron los sindicados Enrique Cifuentes de la Cruz, Edgar Corado Samayoa y Rone René Lara, exespecialistas del Estado Mayor Presidencial; también los exintegrantes de la D-2, José Monterroso Villagrán y Edgar de León Sigüenza.
A las 14:00 horas el juez aplazó la audiencia de primera declaración de los cinco sindicados para el miércoles 2 de junio, a partir de las 8:30 horas, luego de discutir con los abogados como se realizaría la misma. Aunque el juez dijo que pedirá una sala con mayor capacidad, esto no se podrá realizar mañana debido a que solicitarlo conlleva un trámite.
En la sala no estuvieron presentes, por encontrarse en diferentes sanatorios del país y en otros departamentos, los siguientes sindicados:
Juan Francisco Cifuentes Cano, quien fue primer jefe de la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía y del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional.
Gustavo Adolfo Oliva Blanco, quien fue primer jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) -especializado en la contrainsurgencia policial-.
General retirado Marco Antonio González Taracena, antiguo director de Inteligencia y ministro de la Defensa entre 1995 y 1995. También es vicepresidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA)
Eliseo Barrios Soto, militar retirado y ex especialista del Estado Mayor Presidencial. Él fue detenido en Petén, razón por la que no pudo comparecer a la audiencia.
Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth, militar retirado y ex especialista del Estado Mayor Presidencial, detenido en Cobán, Alta Verapaz.
Al finalizar la audiencia, todos los detenidos salieron con la vista al suelo, custodiados por elementos de seguridad de presidios; el último en salir fue Salán Sánchez.
¿Qué es el Diario Militar?
Manuel Antonio Farfán, representante legal de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guateala (FAMDEGUA) y querellante en el caso, señaló que la aparición del Diario Militar en mayo de 1999, confirmó la sospecha que tenían sobre el seguimiento y violencia por parte de las fuerzas del Estado, en contra de 183 personas, entre 1983 y 1985.
El Diario Militar o Dossier de la Muerte fue hecho público el 20 de mayo de 1999. Demostraba como actuaron las estructuras de inteligencia militar, utlizando los poderes del Estado, para reprimir y diezmar a quienes consideraban enemigos del Estado.
El documento de inteligencia militar registra el seguimiento, captura y ejecuciones extrajudiciales de 183 hombres y mujeres catalogadas como enemigos internos durante el Conflicto Armado Interno, entre 1983 y 1985.
Su publicación permitió hacer una relación de los numerosos casos denunciados y conocidos y entender que las graves violaciones a los derechos humanos a más de 180 familias guatemaltecas, no fueron hechos aislados, sino que respondían a una estrategia de persecución, hostigamiento y erradicación de personas que buscaban garantizar el Estado de derecho, la democracia y la dignidad humana.
