Por Luis Juárez
Los ladrones en el gobierno se reproducen como el gorgojo en el maíz. Viven del maíz (Estado). Todo lo toman, todo lo roban. Se limpia el costal de maíz de gorgojo, pero a los pocos días está lleno nuevamente. Es una plaga que crece rápidamente. El gorgojo acaba con todo el maíz en tan poco tiempo, si el dueño (pueblo) no se percata a tiempo y lo elimina rápidamente.
El pacto de corruptos es como el gorgojo que se reproduce tan rápidamente y sigue avanzando a tal punto que ahora quieren carcomer a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que desempeña un papel trascendental en la lucha contra la corrupción e impunidad. Uno de los gorgojos acude a la inconstitucionalidad en su creación.
Los gorgojos principales expulsaron a la CICIG con la complicidad del gobierno de Jimmy Morales. Los incomodó el procesamiento de docenas de altos funcionarios del gobierno, también les incomodó que fueran desbaratadas las mega redes de corrupción en las instituciones públicas, que involucraron a la misma familia del entonces comediante y expresidente y a varios exfuncionarios públicos –magistrados, congresistas, ministros, jueces, policías y narcotraficantes, especialmente algunos empresarios globalizados.
Los afiliados del “pacto de corruptos”, para reacomodarse en el poder y seguir saqueando los recursos y prostituyendo el sistema de justicia, ven como obstáculo la labor de la FECI, dirigida por el fiscal Juan Francisco Sandoval.
Para lograr sus ambiciones económico privadas, la clase política depredadora, abusiva y corrupta, ha sumergido al país en un desorden legal y social a su conveniencia, al extremo de mover sus influencia para la subordinación de poderes, que se evidenció recientemente en una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), eliminando las pruebas presentadas por la FECI, contra varios diputados del extinto Partido Patriota, que habrían recibido sobornos por la aprobación de leyes. Sobornos financiados por la empresa de telecomunicaciones TIGO. La exvicepresidenta Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina son parte de la guinda de ese pastel.
La ciudadanía está harta y cansada de funcionarios corruptos, gobierno tras gobierno. La culpa la tiene la sociedad civil organizada y no organizada, escolarizada y no escolarizada, que sigue eligiendo a personas no idóneas y aptas a cargos públicos cada cuatro años.
Algunos ciudadanos con pensamiento crítico son electos a algún cargo público en las elecciones, pero lamentablemente al tomar el poder se “enmudecen” o los “apendejean”. En el peor de los casos, se dejan absorber por el sistema al que días antes se habían opuesto y criticado.
La ciudadanía está harta de escuchar los mismos discursos como si estuvieran en campaña política electoral. Se necesitan acciones concretas de inversión social para paliar las grandes desigualdades sociales en salud, educación, seguridad ciudadana, justicia, empleo, pobreza, desnutrición, migración, etc. Ya basta de utilizar a la sociedad en experimentos sociales y planes-piloto como acostumbran practicar todos los gobiernos de turno.
Hay que recordar a los funcionarios públicos que sirven a la iniciativa privada, así como a la clase media que está al servicio de la dictadura oligárquica, que el Estado de Guatemala en su artículo uno de la Constitución Política de la República, se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. El objetivo principal según el artículo dos es el de garantizar a los habitantes, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
Sin embargo, ninguno de esos valores se está garantizando en la práctica. La lucha por la vida, la familia, el bien común y el desarrollo de los pueblos tiene como respuesta el encarcelamiento por un sistema de justicia cooptado. Significa para el sistema ser comunista, terrorista y guerrillero. La lucha ardua de los pueblos por la libertad de emisión del pensamiento, significa también discriminación, odio, estigmatización, encarcelamiento y destierro.
La libertad de emisión del pensamiento, de organización, asociación, movilización y manifestación no solo son restringidas y atacadas por el sistema mediante la implementación de estados de sitios en las áreas rurales, para ejercer control social sobre la población, sino que las personas son perseguidas, encarceladas o asesinadas por sicarios del sistema que han cooptado los poderes del Estado, particularmente el poder judicial.
Descaradamente, utilizan la corbata, los recursos, la estructura del Estado y la institucionalidad democrática para criminalizar a los movimientos sociales y la fuerza opositora, para después, hacer sus mega negocios lucrativos privados. Son expertos en sobrevaloración de los precios en licitaciones y compras públicas y en borrar evidencias en la transparencia en las adquisiciones de bienes y servicios a pesar de los instrumentos implementados por el Estado.
De nada sirve cualquier medida adoptada por el Presidente para combatir la corrupción e impunidad en los funcionarios corruptos y abusivos en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, si en los tres poderes se encuentra la guarida y nidada del grupúsculo de funcionarios derechistas conservadoras ortodoxas corruptas y mafiosas, compuesto por empresarios de la construcción, agroexportadores, transportistas, ganaderos, industriales, comerciales, etc.
En la percepción ciudadana, Juan Francisco Sandoval es más que un Presidente. Digno de respeto y admiración por su labor al frente de la FECI, como la única instancia de justicia asertiva y efectiva con credibilidad institucional. Querido por miles de guatemaltecos y odiado por pacto de corruptos que tiemblan de miedo, porque les sigue paso a paso la huella.
Se aterrorizan y se retuercen el hígado al escuchar la palabra FECI, que es sinónimo y símbolo de legalidad, justicia, transparencia, depuración, limpieza y autenticidad de un verdadero Estado democrático pluralista e incluyente.
