Por Francisco Simón Francisco y Nelton Rivera
En Guatemala, la violación de los derechos humanos nos remite a los años del conflicto armado interno, pero ahora también se utiliza el derecho penal para criminalizar a quienes luchan contra la corrupción, la impunidad y defienden los derechos humanos, entre ellos periodistas comunitarios.
Estas solo son algunas de las características de un Estado capturado y cooptado por redes que se procuran impunidad, conformadas por funcionarios, empresarios globalizados, militares y el crimen organizado.
Un caso ilustrativo fueron los ataques contra la periodista Michelle Mendoza, corresponsal de la cadena internacional de noticias CNN en Español. Mendoza, al igual que un grupo de periodistas y fotoperiodistas, asistieron el 17 de mayo a la presentación del tercer informe de trabajo de la fiscal general del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, actividad que se realizó en un hotel de la zona 10 capitalina.
Al evento acudieron distintas personas. En la primera fila del lugar se encontraba la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vitalina Orellana y Orellana, quien habría pasado desapercibida en este acto, si no fuera porque la periodista Jody García la observó usando su celular para fotografiar a la periodista Mendoza en repetidas ocasiones.
Minutos después, las fotos de la magistrada fueron publicadas en la cuenta de Twitter del perfil anónimo @LordVaderGT, una de las cuentas que forman parte de un grupo que, bajo anonimato, publica información en apoyo a funcionarios y exfuncionarios acusados de corrupción y también para descalificar el trabajo de muchas personas contrarias a los intereses que representan.
Mendoza ha sido objeto de acoso, amenazas e intimidaciones en los últimos meses, desde varias cuentas anónimas; también ha sido amenazada con mensajes enviados a su celular.
Aunque la magistrada Orellana niega haber tomado las fotografías a la periodista Michelle Mendoza, la reportera del periódico feminista La Cuerda, Jody García, confirmó haber visto cómo la magistrada utilizaba su teléfono celular para captar imágenes de Mendoza. “Vi cuando hizo zoom a la foto y se la enseñó a Nery Medina. ¿Cómo llegó esa foto a la cuenta del netcenter LordVaderGT”, pregunta García en su cuenta personal de Twitter.
La denuncia de la periodista Jody García se hizo viral en las redes sociales. Inmediatamente se señaló a la magistrada de ser la autora de las fotos que la cuenta anónima utilizó para atacar a la corresponsal de CNN en plena actividad del MP.
Sobre @LordVaderGT en agosto de 2018, el abogado Marco Vinicio Mejía Dávila denunció que César Augusto Cabrera Leonardo es quien está detrás de esta cuenta. Según una publicación del Centro de Medios Independientes, es hijo de coronel (r) César Augusto Cabrera Mejía, quien guarda prisión preventiva por el Caso CREOMPAZ.
@LordVaderGt eliminó de inmediato la publicación sobre Mendoza, pero la captura de pantalla realizada por García evidenció el ataque desde ese perfil.
La estrategia de control, vigilancia y acoso contra periodistas
El acoso en contra de la periodista Michelle Mendoza no es el único que se ha registrado a través de las redes sociales. Desde esta misma cuenta se han lanzado ataques en contra de otros periodistas, especialmente de quienes cubren casos de corrupción, impunidad y megaproyectos. Ataques contra Carolina Leverón, Ronaldo Robles, Sonny Figueroa y Marvin Del Cid pueden citarse como parte de la lista de periodistas señalados por cuentas anónimas que son parte de lo que comúnmente se conoce como netcenter.
En enero de este año, el periodista Maya Q’anjob’al Palas Luin, corresponsal de Prensa Comunitaria en Huehuetenango, fue fotografiado por el abogado José Estuardo Luna Santos durante una audiencia en el Centro de Administración de Justicia (CAJ) en el municipio de Santa Eulalia.
De la misma forma que ocurrió con la magistrada Orellana, el abogado Luna Santos tomó las fotografías del periodista comunitario, e inmediatamente aparecieron publicadas en un perfil de Facebook bajo el nombre de René Medina. Esta cuenta promueve las operaciones de la empresa Energía y Renovación S.A, propietaria de tres hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán.
Con la publicación del reportaje Los netcenter de las hidroeléctricas en Huehuetenango que administran la cuenta, borraron el perfil de René Medina. Lo que se ha podido observar en esa cuenta es el uso de un lenguaje de odio para atacar, estigmatizar y criminalizar a distintos dirigentes comunitarios, autoridades indígenas y ancestrales en oposición a este tipo de megaproyectos en el norte de Huehuetenango, como el caso de Julio Gómez Lucas, autoridad indígena del pueblo Chuj de San Mateo Ixtatán.
Sobre la criminalización de periodistas comunitarios puede ver este texto:
El tercer caso se trata de la periodista Regina Pérez, de Prensa Comunitaria, que denunció en enero de este año la suplantación de su identidad, por una cuenta que fue creada con sus datos personales en la plataforma de Twitter. Al investigar el caso detectamos que esta cuenta se creó en Honduras durante las elecciones internas de este año, en la que utilizaron el nombre de la periodista y una fotografía personal para atacar y difamar a un político hondureño de nombre Luis Orlando Zelaya Medrano, del partido Libertad de Honduras y, por otro lado para favorecer al político Yani Rosental.
Con estos tres casos, lo que se ha observado es que hay un patrón de ataque sistemático contra periodistas que ejercen el derecho a la libertad de expresión, vulnerando su seguridad e integridad.
Hay personas como la magistrada Orellana, que supuestamente tomó fotos a una periodista en un evento público, luego las comparte con personas vinculadas a perfiles de netcenter para atacarla con mensajes descalificadores y de odio.
En otras ocasiones se ha visto cómo abogados que defienden intereses de empresas de hidroeléctricas tomaron fotos a un periodista comunitario en audiencias de procesos penales contra autoridades ancestrales, posteriormente las divulgan en cuentas falsas para atacarlo con cuestionamientos que pone en duda la acreditación y la credibilidad de su oficio periodístico, es decir la legitimidad de lo que hacen y lo que publican.
Estos patrones responden a las lógicas de poder de actores vinculados a criminales, empresas que imponen proyectos ilegítimos en territorios indígenas o personas particulares vinculadas a actos de corrupción. Además de ser señales del inicio de una persecución contra las personas que defienden derechos humanos como la defensa de los territorios, la lucha contra la corrupción y el trabajo constante de periodistas independientes.
Michelle Mendoza fue fotografiada en un espacio urbano, en un hotel lujoso con fuertes controles de seguridad con agentes de policía, elementos del ejército y agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) de la Presidencia de la República, sin embargo una magistrada puso en riesgo su seguridad, porque a partir de la divulgación de sus fotos, los ataques en su contra se han incrementado.
Los periodistas comunitarios ejercen el oficio desde los departamentos y municipios, lugares donde hay presencia del crimen organizado y el narcotráfico, además de operadores de empresas que persiguen constantemente a líderes comunitarios que defienden sus derechos; los trabajadores de la información realizan su trabajo en una situación de desprotección con menos seguridad y más ataques a su oficio. Estas realidades reflejan la importancia de tener un programa de protección a periodistas que garantice la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico en Guatemala.
