Por Prensa Comunitaria
La Resistencia Pacífica de la Puya reiteró su rechazo al proyecto minero de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala EXMINGUA S.A., al que este viernes le será levantada de forma oficial la inmovilización, que había sido impuesta legalmente en 2016. Aunque, aclaró que esto no significa que la minera pueda reiniciar actividades de explotación.
La agrupación, que rechaza la minería en territorio de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, municipios del departamento de Guatemala, recordó que la licencia de EXMINGUA fue suspendida luego de un amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia en 2015.
En 2016 el Ministerio Público realizó diligencias en las instalaciones del proyecto minero Progreso VII Derivada, en las oficinas ubicadas en San José del Golfo y en la finca Soprana, en la aldea Agua Caliente, San Antonio La Paz, de El Progreso, generando la inmovilización del inmueble, donde permanecían sacos de material, herramientas y otros.
Sin embargo, en audiencia realizada el 25 de marzo de 2021, en el Juzgado 4to de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, el juez resolvió un incidente planteado por la empresa minera, sobre el levantamiento de la inmovilización del proyecto Progreso VII Derivada, el cual se concretará este día.
La Resistencia Pacífica de La Puya rechaza el uso de la Policía Nacional Civil (PNC) para proteger los intereses económicos de empresas extranjeras extractivas y denuncia que elementos de policía se hicieron presentes desde las 07:00 horas de este viernes al lugar. Al mismo tiempo, reafirma su compromiso de lucha pacífica por la defensa de la vida y los bienes naturales y el territorio.
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Ante esta situación, hacen un llamado a la población, para estar vigilantes ante cualquier acción de la empresa minera, que pueda dar indicios de continuar explotando, dado que la licencia de explotación continúa suspendida, hasta que se realice la consulta que tiene derecho la población y que había violado el Estado. Levantar la inmovilización no significa que puedan explotar, subrayan.
Finalmente solicitan a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) a velar, ante cualquier acción que atente contra los derechos de la población.
