Por Regina Pérez
Las últimas semanas han estado marcadas por varios acontecimientos que parecieran formar parte de un plan dirigido en dos vías: la primera en la recomposición del régimen con el control de las instituciones del sector justicia, con el fin de allanar y facilitarles el camino a sindicados en casos de corrupción, especialmente en los que fueron presentados por el MP y la CICIG y la segunda, a quitar del camino a quienes han sido impulsores de esos casos, según el analista político Renzo Rosal.
La detención de Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal del Ministerio Público y exjefe de la SAT y Aníbal Argüello, exanalista de CICIG, detenidos el pasado 19 de mayo por un caso relacionado a la inscripción de un partido político, ha sido el hecho más reciente pero también se prevé que otros nombres se añadan a la lista, como abogados que accionaron en su momento a favor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o juezas como Erika Aifán.
El pasado 14 de mayo la Corte de Constitucionalidad (CC) informó haber recibido una denuncia en contra del abogado Alfonso Carrillo, quien ha accionado en el máximo Tribunal de forma personal, sin estar presente en el país. Carrillo es un abogado que ha accionado con amparos en diversos procesos en la CC, entre ellos los relacionados a la expulsión del excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez en 2017 y más recientemente contra la designación de la magistrada de la CC, Leyla Lemus, por el Ejecutivo.
La CC señaló que después de recabar información sobre sus movimientos migratorios, así como de sus gestiones en el tribunal, se resolvió revisar cada proceso vigente en el cual el abogado haya sido parte o auxiliante, ya que conforme a la ley “no se admite la comparecencia, en forma personal, de sujetos procesales que no se encuentran en el país”. Además ordenó el traslado del asunto al MP y al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Para el abogado constitucionalista Carlos Bezares, la línea de acción ha girado en torno a los abogados que fueron la línea de defensa de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). Empezaron con Carrillo y después Solórzano Foppa, indicó. También, considera que están en la mira abogados como Rafael Maldonado, Aníbal García y él mismo, quienes interpusieron una solicitud de antejuicio contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti y amparos a favor de la CICIG.
Allanar el camino a sindicados de corrupción
El 12 de mayo, la CC declaró parcialmente con lugar un recurso de apelación interpuesto por los acusados en el caso Financiamiento Electoral del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Mario Roberto Leal y Rodrigo Leal, para que no se les aplique el delito de financiamiento electoral no registrado, por lo que no podrán ser juzgados por él.
El pasado 19 de mayo, la Sala Primera de Mayor Riesgo desvinculó al expresidente Otto Pérez Molina del caso “Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero”, con el que el exmandatario no podrá ser procesado por ese caso.
Para el analista político, Renzo Rosal, esta oleada de acciones han sido diseñadas con anticipación y apuntan a la recomposición del régimen, una vez estén alineadas las instituciones, sobre todo del sector justicia. Parte de ese fenómeno de captura del Estado pasa por el MP, la CSJ y las otras Cortes, ahora con el control de la CC se ponen en marcha acciones concretas, indicó Rosal, para quien este control no era un fin en sí mismo sino el medio para llevar a cabo las acciones jurídico-políticas, para allanar el camino a todos aquellos involucrados en casos de corrupción, especialmente involucrados en los casos del MP y la CICIG.
En esa lógica cabe el fallo de la Sala a favor de Otto Pérez y la resolución de la CC que exime a los Leal de ser juzgados por el delito de financiamiento electoral no registrado, dijo Rosal.
Por otro lado, eso también implica poner traspiés y dejar “fuera de combate” a los actores que han sido gestores e impulsores de esos procesos, como el caso de Solórzano Foppa y Argüello, agregó.
Rosal prevé que las arremetidas sean cada vez más fuertes y que podrían dirigirse hacia la jueza Érika Aifán, el fiscal Juan Francisco Sandoval y el abogado Carrillo, que son solo los primeros nombres, ya que cada uno en sus diferentes roles han sido impulsores del proceso de lucha contra la impunidad.
Ahora que han logrado ese control, casi absoluto de la institucionalidad, conformada también por el Congreso y el Ejecutivo, y como no hay riesgos ni amenazas, terminarán de limpiar la cancha, lo que incluye acciones de venganza contra aquellos como Solórzano Foppa, dijo.
Para el abogado Carlos Bezares, no hay un límite al poder que estos grupos están acumulando. Públicamente he dicho que estamos en una dictadura, ya no hay quien los detenga, cuando cooptaron la CC, toda la lucha jurídica se acabó, opinó.
La opción que le queda a la ciudadanía sería levantarse o ganar elecciones y a menos de que esto último ocurra, la situación continuará porque no van a ceder ningún espacio, mencionó Bezares.
Según Bezares, la ciudadanía está debilitada y eso empezó con la represión de noviembre pasado. También mencionó que queda el factor de la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, que recientemente se reunió con las exfiscales generales Thelma Aldana, Claudia Paz y Paz, la exmagistrada Claudia Escobar y la magistrada Gloria Porras.
La vicepresidenta necesita de una contraparte en Guatemala, ellos lo han dicho, la sociedad civil es la opción, pero está muy desmovilizada porque no ha logrado el mismo triunfo de 2015, esta era una lucha de largo aliento, pero se necesita paciencia y la gente quiere resultados inmediatos, indicó.
Para Lorena Escobar, analista en temas de seguridad y justicia de Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), es difícil determinar una conexión en estos acontecimientos. En cuanto a las resoluciones de la CC lo que estamos viendo es un giro en su jurisprudencia, indicó.
Al referirse a la detención de Solórzano Foppa opinó que preocupa las formas que se utilizaron para capturarlo. Son formas que se utilizaban en el pasado, eso llama la atención sobre todo en el marco de las declaraciones que dio el ministro de Gobernación, hace años que no veíamos conducirse así a la PNC, que ha sido difícil que recupere la credibilidad de los ciudadanos, indicó.
En temas como la resolución de la Sala Primera de Mayor Riesgo, que libró a Otto Pérez de la investigación Red de Poder, Escobar indicó que aunque el MP puede interponer recursos, lo que se ve es que hay un deterioro en la confianza que tienen los ciudadanos en el sistema de justicia. “No lo había, pero está aumentando”, indicó.
En riesgo los pilares de la democracia
Rosal considera que con la actual situación de país, todos los pilares esenciales de la democracia están puestos contra la pared, como que la instituciones sean independientes y autónomas, especialmente las relativas al sector justicia, que los derechos humanos y sociales tengan mayor espacio de aplicación, la existencia de pesos y contrapesos y que las instituciones no estén bajo control de particulares, lo cual sí afecta a la ciudadanía.
La forma en que se detuvo a Solórzano debe llamar a la preocupación de la ciudadanía, no porque haya sido superintendente de la SAT o fiscal del MP, sino porque se están cerrando los espacios como se dio en las décadas de los 70 y 80, vivimos un terror distinto, las formas han cambiado, pero los propósitos se mantienen vigentes, “yo controlo el poder y cualquiera que lo cuestione puede ser sujeto de acciones de esa naturaleza”, indicó.
