Piden dejar sin efecto orden de desalojo de comunidad q’eqchi’ Plan Grande, en El Estor

COMPARTE

Créditos: Regina Pérez
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Regina Pérez

Desde 2016, 46 familias de la aldea Plan Grande, de El Estor, Izabal, corren el riesgo de ser desalojadas de su territorio, que habitan desde 1831. En una vista pública realizada hoy, los comunitarios pidieron a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones y Extinción de Dominio, otorgar un amparo solicitado en 2019 y dejar sin efecto la orden de desalojo.  

La abogada Wendy Geraldina López, del Bufete para Pueblos Indígenas, dijo que la orden de desalojo fue emitida en 2016, por el Juzgado de Primera Instancia de Puerto Barrios Izabal, porque supuestamente los comunitarios estaban invadiendo las fincas de las empresas CXI e Inversiones Cobra.

En 2019, el Bufete de Pueblos Indígenas interpuso una acción de amparo ante la Sala Segunda para pedir que se deje sin efecto dicha orden. La vista pública por el caso se realizó hasta este miércoles.

Tras la orden de desalojo de 2016, también se giró una de captura en contra de cuatro personas, entre ellas Abelino Chub Caal, quien enfrentó un proceso penal, acusado de haber instigado a pobladores a ingresar a Plan Grande. Chub Caal también estuvo presente en esta vista pública en donde solicitó a los magistrados que dejen sin efecto la orden de desalojo, “porque es una comunidad reconocida de manera histórica”, así como las órdenes de captura contra los tres comunitarios.

Estoy aquí porque en la orden de desalojo también se giró una orden de captura en mi contra y estaba señalado como dirigente de la comunidad, aunque yo era un interlocutor en los conflictos y medié en el desalojo, dijo.

Es lamentable que la investigación del MP inventara varios delitos, como usurpación agravada en Plan Grande, que está reconocida históricamente en su tierra, indicó.

El defensor estuvo encarcelado por dos años y fue declarado inocente en 2019. En el marco de las audiencias contra Chub, la jueza Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo A, conminó al Ministerio Público (MP) para llevar a cabo la orden de desalojo de Plan Grande.

La abogada López dijo que en este caso han identificado la vulneración de derechos fundamentales por el Estado de Guatemala, que tiene una deuda ancestral con los pueblos originarios.

La misma Constitución regula formas de tenencia especial de la tierra para los pueblos originarios, indicó. La abogada señaló que se han violado los derechos del debido proceso, de defensa, de vivienda, entre otros, por lo que consideran que procedía la acción constitucional de amparo.

López detalló ante los magistrados que las familias de Plan Grande han habitado ese territorio desde hace más de 100 años años, en tanto en 1919 se tituló la finca a favor de una persona que jamás tuvo posesión y nunca trabajó la tierra. A raíz de esto, decimos, ¿Quién es el legítimo propietario de la tierra, la comunidad Plan Grande que desde hace más de 100 ha habitado ese territorio o una persona que se le adjudica un bien sabiendo que había personas viviendo ahí, en 1919?, señaló la abogada.

Óscar Rax Coc, representante de la comunidad, expuso ante los magistrados que llevan más de 66 años viviendo en esa comunidad pero que sus abuelos han vivido ahí por mucho más tiempo y que han sembrado en esas tierras.

Regina Pérez. Prensa Comunitaria

Rax Coc pidió que no se envíe antimotines o militares a la aldea, porque temen por sus vidas. El comunitario dijo que no quieren que vuelva a pasar lo que ocurrió durante el conflicto armado, en 1982, cuando dos personas fueron asesinadas por miembros del ejército.

El representante de Plan Grande indicó que como familias q’eqchi’ tienen derecho de habitar en ese lugar, donde ya se ha derramado sangre. El comunitario indicó que esas tierras no pertenecen a las empresas que ahora las reclaman.

En entrevista, Chub lamentó que el Estado se preste para eso (para el desalojo), porque miran que la comunidad es indígena y la consideran inferior y aplican sus leyes. Está claro que la posición del MP es darle seguimiento a la orden de desalojo, el sistema de justicia siempre va a estar a favor del poder económico y de las grandes empresas porque están reclamando un derecho de la propiedad interpretado desde esa legalidad que llega a amenazar a la comunidad, concluyó.

Autoría y edición

Periodista y comunicadora. Soy curiosa y me apasionan las redes sociales. Mis raíces son de la cultura Maya K'iche'.

COMPARTE