PDH pide retirar inmunidad a JD del Congreso por no trasladar Q20 millones

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Créditos: El Procurador Jordán Rodas denunció en el MP a los integrantes de la Junta Directiva del Congreso. Foto PDH
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Por Regina Pérez

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, denunció penalmente en el Ministerio Público (MP) a los integrantes de la Junta Directiva del Congreso, por no cumplir con la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) de trasladar Q20 millones a la institución, que corresponden a su presupuesto y dijo esperar que la Fiscal General agilice el trámite para que se les retire su inmunidad.

Rodas señaló que presentó la denuncia en contra del presidente del Congreso, Allan Rodríguez y los demás integrantes de la Junta Directiva, por los delitos de abuso de autoridad y desobediencia, al no acatar la orden de la CC de trasladarle los fondos a la PDH.

El Procurador dijo esperar que se tramiten los antejuicios correspondientes a los diputados denunciados, lo cual enviaría un mensaje importante a la ciudadanía de que no hay nadie superior a la ley.

Además de Rodríguez fueron denunciadas las diputadas Sofía Hernández, Lucrecia Marroquín de Palomo y los congresistas Armando Castillo, Carlos Enrique López, Rudy Pereira, Douglas Rivero Mérida, Santiago Nájera y Jorge Adolfo de Jesús García Silva, todos integrantes de la Junta Directiva.

Rodas manifestó que desde el 18 de noviembre, la CC otorgó un amparo provisional a favor de la Procuraduría, que obligaba al Congreso a trasladarle Q20 millones y el 15 de febrero la Corte certificó lo conducente y ordenó que se otorgaran los fondos “sin dilación alguna”.

El Magistrado de Conciencia señaló que han pasado más de seis meses de las resoluciones y el Congreso no ha cumplido con la orden. “Es una burla al Estado de derecho, indicó.

A principios de mayo la PDH informó que desde el 2019, el Congreso ha obstaculizado sistemáticamente la transferencia de los recursos aprobados y, que sin ese presupuesto, la institución colapsaría en los próximos tres meses, pues la liquidez cubriría los salarios del personal y el pago de servicios e insumos hasta agosto de 2021. “La asfixia financiera impedirá a la institución el cumplimiento de su mandato institucional”, señaló.

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