Por Francisco Simón Francisco
El gobierno de los Estados Unidos no puede arreglar una casa ajena que se encuentra en malas condiciones en donde viven personas indígenas, pobres y de área rural, si no castiga a quienes la construyeron con materiales de mala calidad y corrupción.
Estados Unidos, principal destino de migrantes provenientes en su mayoría del norte de Centroamérica y de México, no ha encontrado hasta el momento la fórmula para detener estas migraciones. Sus políticas de contención, con enfoque de seguridad, han fracasado en su totalidad.
Para abordar esta crisis en sus múltiples dimensiones, el presidente Joe Biden designó a su vicepresidenta Kamala Harris para que sea la encargada de dirigir las políticas enfocadas en esta problemática, con las autoridades de los países expulsores de migrantes.
El pasado 6 de abril, Ricardo Zuñiga, encargado del Triángulo Norte para el Departamento de Estado de este país visitó al territorio guatemalteco para abordar temas de seguridad, migración y economía. En la corta intervención durante las reuniones sostenidas con las autoridades guatemaltecas y con sectores de la sociedad civil, Zuñiga resaltó la importancia de un Estado de Derecho fortalecido para crear mejores condiciones para las poblaciones, en empleo, salud y educación.
El 26 de ese mismo mes, la vicepresidenta Harris se reunió de forma virtual con el presidente Alejandro Giammattei para discutir las causas de la migración de guatemaltecos al país estadounidense. Se centraron en la pobreza, la falta de oportunidades económicas, el clima extremo y la ausencia de medidas que se adapten al cambio climático, la buena gobernanza y contra la corrupción, así como la violencia contra las mujeres, los pueblos indígenas y personas de la diversidad sexual.
La visita y la recién comunicación de la vicepresidenta Harris con el presidente guatemalteco son una señal de buena fe para abordar el fenómeno, sin embargo, deben reconocer que hay un trasfondo más allá de la migración y, justamente son los viejos males los que no permiten que el país y su población se desarrollen, -el problema son las autoridades y élites transnacionales corruptas que tienen controlado a las instituciones del Estado-.
En ese contexto, el presidente Giammattei visitó México para firmar acuerdos de cooperación bilateral con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la creación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, para ayudar a migrantes en condición de tránsito irregular.
Los pueblos originarios que habitan en áreas rurales, sujetos que han sido vulnerados y excluidos en derechos y oportunidades, son quienes por necesidad de sobrevivencia han tocado muros y fronteras en busca de un espacio para encontrar comida, trabajo y vivienda, condiciones de vida que en Guatemala no encuentran. Esta es la realidad que debe conocer y comprender el presidente Joe Biden si quiere frenar la migración de guatemaltecos a su país.
Sabemos que desde 2014 Estados Unidos reconoció la existencia de factores de empuje de las poblaciones migrantes. Desde entonces hasta la actualidad, el discurso y la práctica para contener los flujos migratorios se centra en incrementar los controles antimigratorios. Estas políticas deben ser sustituidas por programas y proyectos que beneficien a las poblaciones.
Políticas de acción como el Plan Alianza para la Prosperidad en los países llamados por Washington como el “triángulo norte”, -como un intento por arraigar a las poblaciones en su territorio, como reza su objetivo general-, no han funcionado. A siete años de su ejecución, ha sido un fracaso debido a su nulo impacto y al incremento de los flujos migratorios desde las regiones priorizadas.
Siguiendo la línea de evitar las emigraciones, el gobierno estadounidense ha creado una estrategia, con instituciones internacionales, aliados en todo el mundo, el sector privado y algunas organizaciones comunitarias, para “promover al sector privado como el principal motor de crecimiento para desarrollar infraestructura crítica de todo tipo: energía, aeropuertos, puertos, carreteras, telecomunicaciones y redes digitales, entre otros” (Embajada de Estados Unidos en Guatemala).
Además, se anunció que promoverá “un desarrollo sostenible y de alta calidad”, mientras fortalece “el estado de derecho, mejora la gobernanza y promueve la prosperidad”.
Por su lado, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), propuso a los gobiernos de la región el “Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México”, considerado como una estrategia “innovadora que aborda las causas estructurales de la migración con un enfoque de crecimiento, igualdad y sostenibilidad ambiental”. La iniciativa contempla 22 programas temáticos y 108 proyectos -listos para poner en marcha- y que involucran una inversión de 25.000 millones de dólares en 5 años. La propuesta está ordenada en cuatro ejes temáticos: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio.
Recientemente el presidente Giammattei lanzó una idea híbrida denominada “Muros para la prosperidad”, siguiendo el esquema estratégico de Estados Unidos. Esta propuesta de alianza regional pretende generar más empleo e inversión privada para frenar la migración indocumentada, sobre todo en la zona fronteriza de Huehuetenango, San Marcos y el Quiche, tres de los cuatro departamentos que más expulsan población; por el lado mexicano se espera ejecutar el plan en los Estados de Chiapas y Tabasco, mediante la instalación de un banco de inversión que brinde la oportunidad de desarrollar toda la zona fronteriza (La Hora, 06/02/2020)
De las tres, la propuesta de CEPAL es la más objetiva e integral, pero se enfrenta al “muro” o a la postura del sector privado guatemalteco, al poder real de Estados Unidos y a las variantes de la política exterior mexicana sobre migraciones, que lejos de posicionarse de manera soberana, responde a los intereses geopolíticos y comerciales de Estados Unidos.
Es muy probable que en cuatro años nuevamente el gobierno estadounidense declare como un fracaso estas estrategias, porque si no se abordan los factores de fondo que provocan las migraciones: el acceso a la tierra, el desarrollo rural, las políticas de vivienda, y no se pagan mejores salarios ni se instituyen empleos dignos, las poblaciones seguirán buscando en la migración hacia otros países, mejores alternativas de vida.
Queda en evidencia que las estrategias, intereses y apuestas de Estados Unidos para detener las migraciones y garantizar que las poblaciones se mantengan en sus territorios de origen no han sido en su mayoría favorables y exitosas. El mismo país ha reconocido que el Plan Alianza para la Prosperidad “trajo un poco de alianza y nada de prosperidad” para la región centroamericana.
Las causas que ven desde el Norte, no son las mismas que las poblaciones padecen en sus comunidades de origen: exclusión histórica en el acceso a recursos, atomización y pérdida de su tierra, crisis agrícolas, sequías e inundaciones, falta de oportunidades laborales y míseros salarios, entre una larga, pero no aceptada, lista de factores de empuje que, de no ser atacados, los escenarios de la movilidad humana serán dantescos en el futuro inmediato, y los actores migrantes serán por siempre pueblos indígenas, campesinos, mujeres, niños, niñas y adolescentes.
