Por Francisco Simón Francisco
La libertad de expresión es indispensable para el pleno desarrollo de una persona y es esencial para cualquier sociedad democrática y la importancia del derecho a buscar, obtener y difundir información es fundamental durante una emergencia de salud pública, destaca un estudio de El Monitor de Civicus. Una alianza global de organizaciones de la sociedad civil y activistas dedicadas a fortalecer la acción ciudadana en todo el mundo y con sede en Sudáfrica.
El Monitor de Civicus publicó el pasado 20 de mayo el resultado de un estudio global que recoge una serie de medidas restrictivas de ciertos derechos por parte de los gobiernos de Europa, Norte de África, Medio Oriente, Asia Pacífico y América Latina, con el argumento de proteger la salud y la vida de las personas en tiempos de la pandemia de COVID-19.
El estudio, realizado entre enero de 2020 a febrero de 2021, documentó que en 37 países se promulgaron o modificaron leyes con el fin de frenar la difusión de desinformación, o bien detuvieron o acusaron a personas por presunta difusión de desinformación sobre la pandemia. En 28 países se registró la censura y restricciones al acceso a la información pública. En 24 países se registraron casos de agresiones físicas contra periodistas por informar sobre la pandemia. La mayoría de estas agresiones se produjeron en África, América Latina y Asia Central. En 34 países se registraron detenciones de periodistas.
Además de estas medidas, los gobiernos aprovecharon la situación para imponer restricciones injustificables a la libertad de expresión, para censurar a quienes se manifiestan y critican a los gobiernos y para promulgar leyes que les permiten reprimir a la oposición, además de ignorar los casos de agresión contra periodísticas.
Pero estos derechos se violentaron durante la pandemia. En lo que respecta a la libertad de expresión, la investigación demostró que durante el periodo de estudio se identificó que la censura, las agresiones contra periodistas y su detención, se encuentran en las violaciones más frecuentes del espacio público.
Para el caso de Guatemala, se documentó la agresión que sufrió el periodista Juan Carlos Botón, de Ajkunel Radio, por miembros del ejército en Cunén, Quiché. Botón fue agredido luego de que tomara fotos y filmara a oficiales que patrullaban sin mascarillas. Al darse cuenta de que estaban siendo filmados, los agentes obligaron al periodista a borrar el material y lo agredieron.
El caso del periodista Carlos Botón, fue la muestra de los más de cien casos registrados por Prensa Comunitaria en el periodo de la pandemia de 2020. Según este medio para ese año se registraron 132 agresiones contra periodistas a nivel nacional, de acuerdo con los datos monitoreados en el Proyecto de investigación Libertad de expresión de la Agencia de Noticias Km. 169.
Las 132 agresiones fueron experimentadas por 147 periodistas que estuvieron expuestos a una o más agresiones. Al analizar la información durante los 11 meses, 58 de las agresiones ocurrieron en contra de periodistas indígenas, de las cuales 14 fueron en contra de mujeres. Las otras 62 ocurrieron en la ciudad capital de Guatemala contra periodistas mestizos, de las cuales 30 fueron contra mujeres. Las 12 agresiones restantes fueron por denuncias anónimas. Del total de agresiones 45 fueron grupales.
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Dentro de hallazgos encontrados en el estudio de Civicus, se identificaron tres tendencias que provocaron las agresiones contra periodistas. La primera, el uso de una legislación restrictiva para silenciar las voces críticas, incluso mediante la proposición, la promulgación y la modificación de leyes destinadas a frenar la desinformación.
La segunda, se refiere a la censura y restricciones al acceso a la información, incluso mediante la eliminación o la imposición de contenidos relacionados con la COVID-19 y la suspensión de medios de comunicación por su cobertura.
La tercera, los ataques a periodistas debido a su cobertura de la pandemia, ya sea bajo la forma de agresiones físicas, actos de acoso, acciones de intimidación o detenciones arbitrarias.
América Latina y la agresión contra periodistas
En la utilización de leyes restrictivas para limitar el trabajo periodístico, se registraron los casos de Bolivia en el que el gobierno interino publicó un decreto en marzo de 2020 que sancionaba a quienes desinformaran o provocaran incertidumbre entre la población durante la pandemia. Otro decreto de mayo de 2020 amplió la legislación original y autorizó la aplicación de sanciones penales. Ese mismo mes, ambos decretos fueron revocados tras las críticas de organizaciones nacionales e internacionales.
En Brasil, el senado presentó en abril de 2020 una proposición de ley para combatir las noticias falsas, mientras que en Nicaragua los legisladores aprobaron la Ley Especial de Ciberdelitos, la cual define y establece penal para una serie de infracciones, entre ellas la difusión de noticias falsas mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Censura y restricciones al acceso a la información
Además del uso inadecuado de las leyes contra el ejercicio periodístico, también se registraron casos en los que agentes de seguridad obligaron a los periodistas a borrar material sobre la pandemia de COVID-19. A esta situación se enfrentó un periodista de Radio Segundo Montes en El Salvador y Luis López, periodista de La Verdad de Vargas en Venezuela.
En Chile, el colectivo de artistas visuales Delight Lab denunció amenazas a sus miembros en mayo de 2020 después de proyectar la palabra “hambre” en uno de los principales edificios de Santiago, la capital, en un acto que contó con una amplia difusión en las redes sociales. Al día siguiente la policía encendió varias luces para evitar una segunda proyección. Al parecer se publicaron fotos e información privada de los miembros del colectivo y el legislador Diego Schalper pidió que se investigara al colectivo de artistas.
Agresiones contra periodistas
Las agresiones fueron otras de las tendencias registradas por el Civicus. En Haití, presuntos empleados gubernamentales agredieron a ocho periodistas que investigaban denuncias sobre la violación de las medidas contra la COVID-19 por parte de un departamento del gobierno.
En Ecuador, un presentador de noticias que criticó la gestión de la pandemia de un alcalde fue agredido por varios allegados del regidor.
En Estados Unidos un periodista fue agredido mientras cubría una manifestación organizada por las comunidades judías ortodoxas contra las restricciones en zonas de Nueva York con una elevada incidencia de infecciones.
En Canadávarios periodistas denunciaron haber sido agredidos y amenazados mientras cubrían eventos contra las mascarillas. En Panamá la policía agredió a un periodista y le rompió dos costillas mientras cubría las manifestaciones de estudiantes que reclamaban ayudas por la pandemia.
En Brasil los empleados municipales de Río de Janeiro se organizaron para bloquear a los equipos de noticias que pretendían cubrir la pandemia de COVID-19 mediante la realización de guardias frente a los hospitales de la ciudad. Al parecer los empleados intentaron impedir las grabaciones mediante la intimidación de periodistas y de los entrevistados, y la elusión de las críticas a la gestión municipal de la pandemia.
Detención de periodistas
Civicus registró siete casos de detención a periodistas y comunicadores en América Latina. En algunos casos los periodistas fueron detenidos por acusaciones de difusión de noticias falsas en el marco en el contexto de la pandemia.
En países como Chile, Colombia y Perú, los periodistas fueron detenidos por una presunta violación de las restricciones, a pesar de que disponían de acreditaciones de prensa o de que contaban con la autorización para ejercer su labor.
En otros casos los periodistas fueron detenidos cuando intentaban informar sobre temas de interés durante la pandemia. En Paraguay un periodista fue detenido y acusado de proporcionar información a grupos criminales cuando intentaba cubrir la aplicación de las restricciones de circulación en la frontera con Brasil.
Estudio disponible en
