Laguna Larga: una ardua travesía de retorno y pago por nuevas tierras

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Créditos: Cortesía
Tiempo de lectura: 5 minutos

Por Lourdes Álvarez Nájera

Laguna Larga dejó de ser noticia y pareciera que las condiciones infrahumanas en que viven unas 500 personas guatemaltecas “ya están normalizadas”, según Cristina Muñoz, del equipo de procesos populares de Indignación, en el medio mexicano Rompe Viento TV, que recientemente se refirió a esa comunidad, que en junio de 2017 fue desalojada de Santa Ana, Petén y se refugió en una zona fronteriza entre México y Guatemala, donde sobreviven entre champas de plástico y lodazales, incomunicados y sin atención durante la pandemia de coronavirus, a la espera de una resolución del gobierno de Guatemala.

Rubén Domingo, abogado del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, que da seguimiento al caso de la comunidad Laguna Larga, comentó que después de la derogación de la institucionalidad de la paz por parte del presidente Alejandro Giammattei en julio del año pasado, para instalar la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos (Copadeh), no hubo mayor respuesta del Estado sobre la situación de Laguna Larga.

“Durante este tiempo no hubo respuesta sobre la petición que se hizo para que la gente regresara a la comunidad por razones humanitarias, tampoco hubo pronunciamiento sobre la implementación de la medida cautelar número 412-2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, agregó el abogado.

La CIDH solicitó al Estado de Guatemala que adoptara medidas urgentes y necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad de las personas de Laguna Larga “a través de medidas dirigidas a mejorar, entre otros aspectos, las condiciones sanitarias y de salud, en especial de los niños, niñas, mujeres y personas mayores”.

La CIDH se refirió a las acciones que garanticen el acceso a una alimentación adecuada en términos nutricionales y culturales adecuados, así como el acceso al agua potable para la población desplazada.

En agosto de 2020, Elmer Córdova, el único voluntario y promotor de salud que atiende a las familias de Laguna Larga, comentó que la falta del vital líquido era una de las principales necesidades de la comunidad que se veía en la necesidad de consumir agua empozada o la que lograban recolectar cuando llovía. “Existe infestación de parásitos y diarreas, porque consumen agua contaminada, sobre todo los niños y los adultos mayores”, indicó.

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Un largo camino para retornar

Después de la instalación de la Copadeh, entre febrero y marzo de este año, hubo algunos acercamientos entre los abogados que llevan el caso de Laguna Larga con los funcionarios y con el Fondo de Tierras para dar seguimiento a la situación de las familias, sobre todo para retomar una posible reubicación en tierras distintas a las que les fueron despojadas en la región de la Laguna del Tigre, en Petén.

De esa cuenta, en las primeras semanas de mayo se logró llegar a un acuerdo con el Fondo de Tierras y la Copadeh, con cooperación del ministerio de Relaciones Exteriores y el Cónsul de Guatemala en Tenosique, Tabasco, México y se pudo realizar una visita de reconocimiento a cinco fincas en Petén, para un posible retorno de la población de Laguna Larga.

“En esa visita participaron delegados de la Copadeh, del Fondo de Tierras de la ciudad de Guatemala y de la Región Ocho de Petén, nosotros como asesores y 12 representantes de la comunidad Laguna Larga”, agregó el abogado del bufete de Derechos Humanos.

Las cinco fincas que se visitaron están ubicadas en los municipios de La Libertad y San Francisco y son conocidas como: el Venado, la Bota, el Maná, Monte Sion y doña Mercedes.

Aunque todas fueron visitadas por la comitiva, no fue suficiente el tiempo para hacer un recorrido que permitiera constatar el tipo de suelo que tienen y si es apto o no para algunos cultivos, agregó el abogado Domingo.

Se tiene previsto que se vuelva a reprogramar una nueva visita pero solo a tres de esas fincas, para que otros representantes de la comunidad puedan conocerla. “Ese es el compromiso que inicialmente se hizo con el Fondo de Tierras y la Copadeh, porque ese es el tiempo necesario que ellos deben tomarse para ver esas fincas”.

De momento, resulta difícil saber cuándo se tendrá una certeza concreta sobre el retorno de la población a una de esas fincas, porque no es un proceso que solo implique que les guste o no la tierra, la acepten y regresen, agregó.

“Después de que la población de Laguna Larga manifieste su anuencia con alguna de esas fincas se iniciaría una etapa para hacer estudios de suelo, procesos registrales y catastrales, y todo esto llevaría de tres a seis meses, para después constituir una persona jurídica para que en nombre de esa figura se haga la escrituración de la finca”, comentó el abogado.

Solo ese proceso administrativo de la constitución de la personería jurídica puede llevar varios meses a partir que la comunidad se decida por alguna de las fincas, anotó.

Planifican visita conmemorativa

Desde agosto del año pasado, el promotor de salud alertaba que las familias de Laguna Larga se habían quedado incomunicadas durante la pandemia de coronavirus y sin la posibilidad de recibir el apoyo que varias organizaciones mexicanas les brindaban, por los cierres implementados por el gobierno de ese país para contener los casos.

Para el equipo de abogados del bufete de Derechos Humanos también fue imposible visitar esa comunidad, porque además de la travesía por lugares selváticos e inhóspitos para llegar al campamento, hubo restricciones de movilidad interdepartamentales.

“Tenemos un año de no ir al campamento fronterizo, por la pandemia sobre todo, pero en el marco del cuarto año del desalojo, el próximo 2 de junio se está evaluando la posibilidad de ir y hacer una visita conjunta con organizaciones de sociedad civil, de México y de la Mesa Transfronteriza que ha dado mucho acompañamiento humanitario”, agregó.

Desde el desalojo de 2017, la situación humanitaria de la población de Laguna Larga se agravó, así como la situación de emergencia y de daño irreparable, detectada por la CIDH.

Según el abogado, el retorno provisional se solicitó tanto al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), como en las mesas de diálogo que se sostuvieron con el Ejecutivo, incluso ante la Corte de Constitucionalidad (CC), “pero la CC no analizó la petición y evadió esa situación, dejándole la responsabilidad al CONAP, del que siempre tuvimos la oposición. Es la única entidad que no permitió el retorno de la población y es por eso por lo que ahora pareciera la alternativa el reasentamiento o reubicación en una de las cinco fincas”, dijo.

Deberán pagar por las tierras

Pese a que la población de Laguna Larga fue desplazada y sobrevive en las condiciones infrahumanas descritas, no serán compensados por el daño provocado por el Estado.

“Las tierras no serán adjudicadas como una compensación o reparación integral y digna por las tierra que les despojaron, deberán pagar un porcentaje de acuerdo con los reglamentos y ley del Fondo de Tierras”, indicó Domingo.

Según la ley del Fondo de Tierras y los argumentos del CONAP, donde aseguran que la población estaba instalada en un área que posteriormente fue declarada protegida, tendrán que pagar por lo menos un 40% o 50% del valor de la finca que adquieran y se les entregará un incentivo para fomentar el trabajo con apoyo técnico y acompañamiento pero solo durante los tres primeros años.

Desde enero de 2021, la CC resolvió el último amparo que estaba pendiente de dictarse sentencia sobre el caso Laguna Larga y según el abogado Domingo, “ahí lo importante de esa sentencia es que ordena al Estado en su conjunto y pone de responsable al presidente de la República, para que supervise y ejecute lo que en esa sentencia se ordenó”

Se supone que CC va a supervisar a través de audiencias públicas el cumplimiento de esa sentencia.

La ganancia, si es que se puede citar de alguna manera, sobre la sentencia y el caso de Laguna Larga radica en la riqueza en contenido y análisis sobre un tema relacionado con los derechos humanos, sociales, económicos y culturas, señaló.

Es muy importante el caso paradigmático de Laguna Larga, porque sirve de base para otros similares que surjan, pues se considera como una sentencia estructural, “no sé si es la primera, pero entra en el análisis sobre el problema estructural del uso y tenencia de tierra, entre otros como la vivienda, el trabajo, la educación, salud, agua potable, en la línea de los problemas estructurales históricos de país”, concluyó Domingo.

Autoría y edición

Periodista y comunicadora para organizaciones sociales, de pueblos indígenas y de organismos internacionales; estudios concluidos en sociología, asistente de investigación social para peritajes judiciales con enfoque histórico y antropológico.

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