Por Regina Pérez
Aunque transcurran décadas hay horrores que no se olvidan. Los sobrevivientes de la masacre de la aldea Los Josefinos lo tienen presente 39 años después y recuerdan su historia, “como si hubiera sido ayer”, cuando el ejército entró a su comunidad, ubicada al norte del país, en La Libertad, Petén, donde masacró y desapareció a varios de sus pobladores.
Como señaló una de las sobrevivientes, aunque los hechos hayan ocurrido hace 39 años, esa historia persiste, está viva y no se olvida.
Además de masacrar y desaparecer a varios habitantes, el ejército quemó viviendas obligando a las familias a desplazarse, a los departamentos de donde eran originarios, o a Belice y a México. Parte de la población que huyó a ese país jamás retornó a Guatemala.
Este hecho se dio unos meses antes de la masacre Las Dos Erres, ocurrida en 1982, pero en este caso ninguno de los autores intelectuales o materiales ha sido llevado al sistema de justicia guatemalteco.
¿Cómo era la vida de los pobladores antes de que el Ejército irrumpiera y masacrara a la población?
A finales de 1972, varias familias campesinas originarias de la costa sur y el oriente del país migraron a Petén, en donde les otorgaron parcelas.
Don Sotero Chávez, de 74 años, un sobreviviente de la masacre, describió que vivían “felices” en la aldea. El clima era bueno y se dedicaban a labrar la tierra. Sotero Chávez, originario de Santa María Ixhuatán, Santa Rosa, se fue a vivir a Los Josefinos porque ahí consiguieron tierra.
Otra sobreviviente, doña Juana García, de 73 años, originaria de Taxisco, Santa Rosa, recordó que junto a su esposo tenían siembras de piña, manía, yuca, plátano, chile cobanero, tomate y pepitoria. Todo lo perdieron después de la masacre. “Recuerdo muy bien nuestra salida, fue completamente de mucha pérdida”, indicó García.
La vida que llevaban se vio irrumpida por los hechos del 29 de abril de 1982; durante la mañana un grupo armado, presumiblemente de la guerrilla, entró a la aldea y asesinó a dos personas allegadas al ejército, contó Chávez.
Por la tarde se registró un enfrentamiento de las fuerzas militares con la guerrilla e incluso hubo un bombardeo. “Nos quedamos espantados por lo que había pasado, esa tarde (del 29 de abril) fue una tarde de angustia para nosotros”, recuerdó el entrevistado.
Al entrar la noche, según el testimonio del sobreviviente, el ejército rodeó la aldea y cerca de la medianoche mataron a unos patrulleros que cuidaban la entrada de la comunidad, comenzaron a quemar las casas y a matar a los pobladores que encontraban.
Según información del caso, proporcionada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), no existe certeza de cuántas personas fueron ejecutadas durante la masacre, pero se estima que unas 28 personas adultas y 14 menores de edad perdieron la vida.
Al ver que las casas estaban siendo consumidas por el fuego, algunos habitantes lograron huir. En el caso de Chávez, huyó junto a su esposa, sus hijos y sus suegros hacia las montañas, en donde muchos pasaron la noche. Al amanecer, se dirigieron a la aldea Las Cruces, ahora municipio.
Chávez recordó que los sobrevivientes eran señalados de haber provocado la muerte de las dos personas allegadas al ejército y que eran guerrilleros.
Bajo esas circunstancias, varias personas tuvieron que desplazarse, algunos regresaron a sus lugares de origen, otros huyeron para Belice, como en el caso de Chávez. Sin embargo, como no tenía dinero regresó a Las Cruces.
Pasamos penas, la gente nos regalaba comida, yo había tenido un patrón con el que estuve 8 años antes de irme a Los Josefinos, cuando regresé de Belice el señor me dio trabajo, dijo. Luego de eso se quedó viviendo en el parcelamiento El Pucté, de Las Cruces. Nunca regresó a su aldea.
A decir de García, otra de las antiguas pobladoras de Los Josefinos, nadie se quedó en el lugar y todos tomaron su propio rumbo. “Salimos sin nada, esperanzados en las buenas personas que nos echaron la mano con víveres y ropa”.
La sobreviviente relató que junto a su esposo y sus hijos salieron hacia Las Cruces, donde se quedaron a vivir. “Muchos compañeros agarraron rumbo a otros lugares…unos para México y hasta hoy hay muchas personas que no quisieron regresar por el miedo”.
Luego de la masacre, la entrevistada señaló que junto a su familia y otros sobrevivientes sufrieron desprecio de parte de varias personas. Nos decían: “ustedes son guerrilleros, váyanse para su lugar y nosotros no éramos eso”, detalló.
“En ese tiempo uno era humillado y muchos perdieron su vida, damos gracias a Dios que nosotros estamos con vida para poder contar aquello que nos pasó, lo que sufrimos en aquel momento duro de recordar”, recuerda.
García relató que después de la masacre se quedaron sin nada, por lo que recibían todo lo que les daban, ya fuera agua o comida. Si no les ofrecían nada, tenían que sufrir y aguantar. “Ese dolor no pasa, está esa historia que está viva como si hubiera sido ayer”, apuntó.
Impunidad lleva el caso al sistema interamericano
Según CEJIL, la masacre no fue un hecho aislado y se llevó a cabo en el contexto del conflicto armado interno (1960-1996), periodo en el cual el Estado guatemalteco adoptó estrategias militares para reprimir poblaciones y destruir aldeas bajo el argumento de presencia guerrillera y de apoyo de las comunidades a la insurgencia.
En 1994, a solicitud de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) se inició con la exhumación de cadáveres en la aldea Las Dos Erres, otra masacre ocurrida en Petén, en diciembre de 1982. Sobrevivientes de Los Josefinos se acercaron a Aura Elena Farfán, fundadora de la organización, a quien presentaron la denuncia de lo sucedido en su aldea.
Manuel Farfán, actual director de Famdegua, señaló que la organización inició un proceso de investigación para identificar a los familiares y conocer lo que sucedió, tras lo cual se realizaron las gestiones con el Equipo de Antropología Forense de Guatemala (EAFG), ahora Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), para realizar las exhumaciones en 1995.
En 1996 se hizo la denuncia ante el Juzgado de Paz de Petén e inició un proceso para recopilar información, declaraciones de testigos y se involucró el Ministerio Público (MP)
El caso aún se encuentra en proceso de investigación. Farfán comentó que ha avanzado el proceso de testimonios y declaraciones de anticipo de prueba. Incluso, el año pasado durante la pandemia se realizó 13 anticipos de prueba. No obstante, considera que se ha entorpecido el proceso de investigación porque el MP ha cambiado en varias ocasiones a los fiscales encargados de la investigación. “Eso ha venido deteriorando el proceso”, añadió.
Según CEJIL, la pérdida de valioso material probatorio, entre otros hechos, han procurado la impunidad de los responsables.
Ante la impunidad que había, en 2004 los familiares de las víctimas tomaron la decisión de presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se inició un proceso de solución amistosa, en que el Estado asumió su responsabilidad y se comprometió a realizar una investigación, levantar un monumento en memoria de las víctimas e indemnizar a sus familias, dijo Farfán.
No obstante, en 2012 los familiares se retiraron de la solución amistosa debido a que el Estado no cumplió con sus compromisos. En 2019, el caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el pasado 17 y 18 de febrero de 2021 se realizó la audiencia pública virtual.
De acuerdo con CEJIL, la CIDH afirmó que la investigación de caso Josefinos no se llevó a asumió con un deber propio del Estado y no fue dirigida eficazmente a la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y eventual sanción de los responsables. Por lo tanto, la CIDH concluyó que el Estado guatemalteco fue responsable de la violación a los derechos humanos de las víctimas y debió iniciar medidas de reparación, así como de reconocimiento y entrega de las de víctimas desaparecidas y continuar con los procesos de investigación del caso.
Sobreviviente: “La historia está viva y no se nos olvida”
Para Sotero Chávez, la justicia en Guatemala “no camina”. Para él, es importante que se investigue y esclarezca quiénes fueron los autores intelectuales de esa masacre y que estos sean encarcelados.
Sobre la solución amistosa alcanzada con el Estado, señala que no se cumplió: “las vidas no tienen precio”, indicó.
García por su parte señaló que luego de las exhumaciones las familias sobrevivientes tuvieron el valor de pedir justicia. Esa palabra no cuesta decirla, lo que cuesta es que cumpla, indicó.
Ella recuerda cuando se atrevieron a alzar la voz y denunciar lo que había ocurrido. Fue por iniciativa de Aura Elena Farfán, quien les dijo que no tuvieran miedo. “Enfréntese, hablen, platiquen, digan la verdad”, eso recuerda que les dijo.
“Y así fuimos perdiendo ese miedo, ese temor” recordó García. Por parte del Estado considera que no les dio esta posibilidad, más bien no llegó la ayuda que les prometieron y las autoridades no tuvieron consideración por lo que ellos tuvieron que pasar. Aun así, ellos conservan un recuerdo de los que murieron. “…Hay un recuerdo que duele. Persiste. Esa historia está viva y no se nos olvida”, destacó García.
Lo que lamenta la sobreviviente es que este año, debido a la pandemia del Covid-19, no pudieron realizar la conmemoración de los 39 años de la masacre como les hubiera gustado. Y que no tengan un monumento digno para honrar y ponerles flores a las personas que fueron masacradas.
Toda esta historia ahora está expuesta ante las autoridades. “Que no vayan a decir, es mentira”, concluyó.
Farfán, de Famdegua, dijo que durante la audiencia virtual de febrero pasado se mostró ante la Corte, con hechos fehacientes, lo que sucedió en la aldea el 29 y 30 de abril, como el desplazamiento y las desapariciones
Lo que esperamos es que la Corte con todos los documentos y la información que se le brindó pueda dar su veredicto a favor de las víctimas y que los hechos sean reconocidos, puntualizó Farfán.
