Por Francisco Simón Francisco
La Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, Izabal, junto con el diputado Aldo Dávila y otras organizaciones, sostuvieron una reunión con el viceministro de Energía y Minas, el pasado 25 de mayo, para dar seguimiento al proceso de consulta comunitaria a las comunidades Q’eqchi’ afectadas por el Proyecto Minero Fénix, denuncian la exclusión de las comunidades indígenas y pescadores y favorecer a la compañía minera.
Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores, dijo a Prensa Comunitaria que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) intenta excluir a las comunidades y que considera que está asociado con la empresa, la Municipalidad y Gobernación Departamental de Izabal. Ante ello presentarán una nueva denuncia para hacer valer el derecho de las comunidades de participar en el proceso de consulta, indicó.
Por su parte, la abogada Francisca Sánchez, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), dijo que el viceministro Mario Alfonso Pérez, no se presentó a la reunión, pese a haber confirmado su asistencia, y que se conectó de manera virtual mediante una plataforma gratuita que limitaba el tiempo, por lo cual entraba y salía cada treinta minutos de la reunión.
Sánchez consideró que el plan presentado por el Ministerio, para darle cumplimiento a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, referente a la consulta, “evidencia una deliberada intención de favorecer en este proceso a la empresa minera, utilizando a representantes indígenas que no están legítimamente acreditados por el pueblo de El Estor”.
Por otra parte, la abogada señaló que representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) que estuvieron presentes en la reunión reiteraron la importancia de que la consulta sea de buena fe e informada y que lo ideal es que el Ministerio de Energía y Minas pueda presentar la planificación y todos los informes que han llevado a cabo para realizar la consulta, por lo cual se acordó que en la siguiente reunión presentarán las evidencias del procedimiento que han realizado para cumplir la sentencia.
Hasta el momento existe incertidumbre acerca del proceso de consulta, pero sustancialmente sobre el contenido de la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC). Por un lado, existen dudas acerca del área afectada dictada en la sentencia –que era de más de 240 kilómetros cuadrados – pero solo se está tomando en cuenta un área de 6 kilómetros cuadrados, que solo incluye a El Estor y Panzós, y quedan fuera dos municipios afectados, uno de Baja Verapaz y otro de Izabal.
Por otro lado, en la sentencia se ordena que la empresa no debe realizar operaciones en el área, no obstante representantes de las comunidades de El Estor indicaron que si existe una segunda empresa operando en la zona, que se encarga de transportar maquinaria y sin limitaciones para operar.
En 2017 la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, en representación de las comunidades indígenas afectadas, inició una batalla y legal en contra del proyecto minero Fénix, por la presunta responsabilidad de haber contaminado el lago de Izabal. Desde julio de 2019, la CC ordenó la suspensión de este proyecto minero. Las dos empresas que operaban el proyecto tuvieron desacato de esta resolución. Leocadio Juracan en una visita a El Estor recientemente comprobó que CGN y Pronico siguen operando, incluso la actividad en la planta procesadora no ha cesado.
El pasado 1 de marzo, la CC emitió un comunicado confirmando que el Estado de Guatemala debe realizar la consulta comunitaria a las comunidades indígenas afectadas por el Proyecto Minero Fénix, otorgado por el MEM a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), en 2005 y redujo el área de la mina que abarcaba cuatro municipios en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz.
La CC rechazó la solicitud de aclaración solicitada por varios amparistas, sobre la ampliación que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) realizó en 2018 a la CGN como titular de la licencia minera, sobre los 17.0504 kilómetros cuadrados de extensión de proyecto Fénix.
Leocadio Juracán, representante comunitario del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) que también participó en la reunión, consideró que el MEM no está cumpliendo con la sentencia de la CC, pues la Compañía minera continúa sus operaciones utilizando a una segunda empresa y que incluso cuentan con fotografías y pruebas de ello.
A Criterio de Juracán, se está excluyendo a las comunidades del proceso de preconsulta, la cual no se está haciendo de buena fe ni bajo los principios de “libre e informada” que dicta la sentencia. De los estudios de impacto realizados por Ministerio solo se está tomando en cuenta el tema ambiental, sin considerar que en esos territorios viven comunidades mayas Q´eqchi´ con una forma histórica de convivencia con la naturaleza que abarca lo social y lo espiritual, concluyó.
