Giammattei violentó los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado interno

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Créditos: Internet
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Por Prensa Comunitaria

El Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de la Paz (Sitrasepaz) presentó sus alegatos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del acuerdo gubernativo 100-200, que únicamente altera el espíritu de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz y denunció que el presidente Alejandro Giammattei violentó los derechos humanos de las víctimas del Conflicto Armado Interno, al cerrar la Secretaría de la Paz y desmantelar el Programa Nacional de Resarcimiento.

Un comunicado del Sitrasepaz señala que el acuerdo gubernativo en mención viola la Constitución Política de la República de Guatemala, al pretender evadir los compromisos del Estado, signados en los Acuerdos de Paz, el tratamiento eficaz de la conflictividad agraria en el país y desentenderse de los compromisos asumidos por Guatemala en materia de derechos humanos, ante las cortes internacionales.

A decir de la organización sindical, el gobierno vulnera garantías fundamentales como el derecho a la paz, a la participación y a la justicia transicional, pues soslaya el derecho a una reparación integral a las víctimas del enfrentamiento armado, al trasladar el Programa Nacional de Resarcimiento a una entidad altamente clientelar, como el Ministerio de Desarrollo, con lo que diluye el espíritu reparador inspirado en los Acuerdos de Paz.

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En su alegato presentado ante la CC, el Sitrasepaz enfatiza en que el Ejecutivo “carece de facultades para alterar el espíritu de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz”.

Asimismo, la agrupación sindical subraya que, a casi un año de vigencia, la COPADEH ha demostrado estar muy lejos del discurso oficial de fortalecer la institucionalidad, emitido el 30 de julio de 2020; por el contrario, ha sido evidente su ineficiencia administrativa, incapacidad para la ejecución presupuestaria, falta de especialidad y conocimiento en materia de Acuerdos de Paz, Conflictividad Agraria y Derechos Humanos.

El Sitrasepaz también criticó el papel de la Fiscal General, Consuelo Porras, como plataforma de la impunidad, al avalar las acciones de inconstitucionalidad y la violación a la Carta Magna, en las que ha incurrido el presidente Giammattei.

Finalmente, la dirigencia sindical destacó que, como consecuencia del cierre de la institucionalidad de la paz también se ha violado la garantía constitucional del derecho al trabajo, aprovechando la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Más de 600 familias fueron afectadas por el despido ilegal e injustificado de trabajadoras y trabajadores de la institucionalidad de la paz.

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