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Por Prensa Comunitaria

Día Mundial de la Libertad de Prensa

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) presentó hoy su informe “Estado de Situación de la Libertad de Expresión”, correspondiente al primer trimestre de 2021, en ocasión de celebrarse este 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Destaca que “aunque faltan más de dos años para que termine la actual administración, ésta será en la que más ataques contra periodistas haya habido”.

En el acto estuvieron presentes Ruth del Valle, de la Defensoría de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Procurador de los Derechos Humanos, Rosalidia Navarro, de la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas, Abraham Baca Dávila, Presidente de la junta directiva de la APG y Miguel Ángel Albizures, de la Comisión de Libertad de Prensa de esta entidad.

Héctor Coloj, coordinador del Observatorio de los Periodistas de la APG, presentó el estudio y se refirió a la gravedad de los hechos registrados contra periodistas en la actualidad.

El estudio señala que en los primeros 15 meses de gobierno de Alejandro Giammattei, el Observatorio de los Periodistas de la máxima entidad de prensa del país ha registrado 188 casos de violencia o restricciones contra los trabajadores de la información; enfatiza que del total de casos conocidos, 149 se registraron en 2020 y 39 en el primer de 2021. “Si esta tendencia continúa, posiblemente los actos de agresión de este año superen las cifras de 2020”, sentencia la APG.

La Asociación de Periodistas de Guatemala manifiesta que los periodistas de este país continúan afrontando enormes dificultades y riesgos para hacer su labor con libertad, las que se manifiestan en actos intimidatorios, agresiones físicas y hasta ataques armados.

El Observatorio de los Periodistas de la APG ubica dos patrones muy marcados en los primeros meses de este año: las incesantes acciones para limitar el acceso a información o actividades públicas, y los ataques a periodistas y censura desde las redes sociales y plataformas digitales.

Según la información, aunque la mayoría de medidas restrictivas por la pandemia se levantaron, el gobierno central y los gobiernos locales continuaron utilizando métodos para vedar el acceso a reuniones o actividades públicas y limitar la posibilidad de que los reporteros pudieran abordar a los funcionarios.

El informe destaca que el gobierno de Giammattei, lejos de apostar por la transparencia de sus actos, mantiene un compromiso férreo con la opacidad y su responsabilidad en los agravios en contra de periodistas no se limitó a impedirles el ingreso a ciertas actividades oficiales, sino también en situaciones de agresividad por parte de fuerzas de seguridad y empleados de la Presidencia.

Para la APG, desde el gobierno central no existe una postura clara y fuerte de condena hacia las distintas violaciones que constantemente padecen periodistas y medios sino, por el contrario, hay un silencio total de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, cuando se le cuestiona sobre las múltiples críticas, provenientes de organizaciones nacionales e internacionales, sobre los hostigamientos contra la prensa.

Asimismo, la APG subraya que el mandatario tampoco tomó ninguna acción para relevar a su ministro de Gobernación, Gendri Reyes, responsable de numerosas violaciones a los derechos humanos durante las jornadas de protesta del 21 y el 28 de noviembre del año pasado. El presidente y sus aliados en el Congreso siguen utilizando mensajes descalificadores para arremeter contra la prensa y ante la imposibilidad de dilucidar las crítica y señalamientos en su contra, optan por la descalificación y el ataque, añade.

Las redes sociales y las plataformas en Internet fueron espacios utilizados para atacar a periodistas; solo en este período hubo seis casos de campañas de desprestigio.  Aunque la mayoría de estos hechos se originaron en cuentas falsas, especialmente de Twitter, estas campañas fueron replicadas por usuarios que descalifican a periodistas que publican investigaciones que aluden al presidente y sus aliados.

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