Exigen a Fiscal General que cese hostigamiento contra miembros del CSU

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Créditos: Plaza Pública
Tiempo de lectura: 6 minutos

Por Prensa Comunitaria

Diversas organizaciones de la sociedad civil guatemalteca y personas particulares hicieron un llamado a la Fiscal General, Consuelo Porras, para que cese el hostigamiento en contra de los integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU), por ejercer con responsabilidad su rol como electores de Magistrados Titular y Suplente de la Corte de Constitucionalidad.

El comunicado señala que nuevamente Consuelo Porras favorece los intereses de impunidad, al criminalizar a las personas que defienden el Estado de Derecho; en este caso, según información pública, se ha citado primero a las y los integrantes del Consejo Superior Universitario que votaron por Gloria Porras.

La Fiscal promueve de esta manera una investigación ante hechos que no son delito y que nunca debieron ser admitidos a trámite, además de que su vocero mintió, al señalar que las personas citadas no se presentaron, subraya la información.

Para las organizaciones y personalidades firmantes, es claro que el Ministerio Público actúa con selectividad, pues omite actuar ante importantes violaciones del orden constitucional, pero es decisivo para promover una denuncia espuria contra quienes, en cumplimiento de su rol como ente autónomo, eligieron a una Magistrada independiente.

La Fiscal General Consuelo Porras debe detener este ataque al ejercicio de una ciudadanía responsable y enderezar su gestión como principal responsable de la dirección de la persecución penal en el país, concluye el documento, en el que aparecen: La Alianza de Organizaciones Guatemaltecas, la Asociación de Estudiantes Universitario, la Asociación Maya UK’UX B’E, La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, entre otras.

Los hechos

De acuerdo con la Constitución Política de Guatemala, al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) le corresponde designar a un magistrado titular y a un magistrado suplente para conformar la Corte de Constitucionalidad. 

Desde hace más de una década el CSU ha dado importantes avances en materia de transparencia en ese proceso de designación. Durante los eventos de 2011, 2016 y 2021 ha realizado convocatorias, entrevistas, foros, discusiones y elecciones públicas, incentivando la auditoría social, la transmisión en vivo de todo el proceso y, finalmente, la votación a viva voz por parte de cada uno de los consejeros, para transparentar el proceso del nombramiento de la o el representante de la USAC.

De esta cuenta, el 29 de enero de 2021 la Secretaría General de la USAC convocó a los miembros del CSU para elegir a un magistrado titular y un suplente de la Corte de Constitucionalidad (período 2021-2026) y al mismo tiempo lo hizo con los abogados y notarios del país interesados en participar en el proceso, fijando procedimientos de inscripción y los requisitos para el efecto. También anunció que el proceso se realizaría “de manera transparente, por lo que [exhortó] a la población guatemalteca, comunidad universitaria, sociedad civil organizada, medios de comunicación, Ministerio Público y comunidad internacional a dar un acompañamiento activo”.

En respuesta al llamado hecho por la Universidad, diversos actores, incluyendo asociaciones estudiantiles, organizaciones de Derechos Humanos, representantes del empresariado, autoridades indígenas y otros, auditaron el proceso y tuvieron iguales oportunidades para dirigirse públicamente al consejo, expresar sus preocupaciones, recomendaciones.

El CSU promovió la participación ciudadana e invitó a la población a presentar objeciones en contra de la idoneidad, capacidad y honradez de los aspirantes; la cual fue atendida por diversos actores. Dichas objeciones fueron recibidas y analizadas por todos los consejeros que participaron en el proceso. También se hicieron públicas y fueron trasladadas a los aspirantes, quienes tuvieron la oportunidad de pronunciarse y rebatir los argumentos de cada una de ellas.

Entre los actores que interpusieron objeciones en contra de determinados aspirantes destaca Ricardo Méndez Ruiz, representante de la Fundación Contra el Terrorismo, y la abogada Amanda Santizo, representante de la organización Guatemala Inmortal. Una de las objetadas fue la abogada Gloria Porras, quien posteriormente resultó electa.

El 4 de marzo de 2021, el Consejo Superior Universitario procedió a la elección de magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad, periodo 2021-2026; y lo hizo de forma pública, conforme se estableció en la metodología aprobada en pleno para el efecto, Resultó electa como magistrada titular para la Corte de Constitucionalidad, periodo 2021-2026, la abogada Gloria Porras, con el apoyo de 20 de los 38 consejeros presentes; el segundo candidato más votado fue Omar Barrios, quien tuvo el voto favorable de 16 consejeros.

En tanto, luego de tres rondas, resultó electo como magistrado suplente para la Corte de Constitucionalidad, periodo 2021-2026, el abogado Rony Eulalio López; el segundo candidato más votado fue el abogado Mynor Par, con el voto favorable de 19 consejeros.

Agresiones contra la Autonomía Universitaria y contra miembros del CSU

Al conocerse los resultados obtenidos durante la elección del Consejo Superior Universitario, la organización Guatemala Inmortal, ligada a exmilitares acusados de crímenes de guerra y casos de corrupción, así como la Fundación Contra el Terrorismo, impulsaron una estrategia política en contra de la juramentación y toma de posesión de la magistrada electa, Gloria Porras.

Sus principales argumentos sirvieron al Presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, para que unos minutos antes del acto se negara la juramentación a Gloria Porras como magistrada 2021-2026, el pasado 13 de abril. Los argumentos giraron alrededor de dos resoluciones de amparo en contra del CSU, en las cuales fue obligado a conocer recursos administrativos, en contra del proceso de elección.

Las organizaciones que operan a favor de la impunidad organizaron un ataque mediático y político en contra de los consejeros, con el objetivo de intimidar y atemorizar a quienes votaron públicamente a favor de Gloria Porras. Esperan que, de repetirse las elecciones, se realicen de forma secreta, para que así gane el candidato Omar Barrios.

Es evidente la existencia de una clara estrategia en contra de la Autonomía Universitaria, al combinar mecanismos espurios con amparos, denuncias penales y amenazas, a través de redes sociales, con lo que esperan influir en una decisión que solo le compete al máximo órgano de representación de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

 El objetivo central de todo esto es impedir en definitiva que la abogada Gloria Porras tome posesión de su cargo como magistrada (re) electa para el período 2021-2026 en la Corte de Constitucionalidad, pues la consideran contraria a sus intereses político-económicos ilícitos.

Dentro de esta estrategia hay un especial interés por atacar a los representantes Julián Alejandro Saquimux y a Mario Estuardo Llerena, ya que en distintos espacios públicos han sido enfáticos en la necesidad de que el proceso fuera transparente y en exigir los más altos estándares de honestidad, idoneidad y capacidad a los aspirantes a tan altas magistraturas.

De esta cuenta, las denuncias penales que tienen por objetivo intimidar a ambos consejeros, han alcanzado el nivel de agresiones mediáticas en su contra, particularmente en contra del doctor Alejandro Saquimux, al punto de incitarse a la violencia racista.

La información subraya que actores externos que operan para las Redes Político-Económicas Ilegales, que tienen cooptado al sistema de justicia del país, desean influir espuriamente en las decisiones del CSU, a través de la amenaza colectiva, y de castigar de forma ejemplar a dos representantes éticos de la Universidad.

Urge defender la autonomía universitaria y la independencia judicial

Se hace un llamado a la comunidad académica Sancarlista, para evitar que se violente la autonomía universitaria, especial a la comunidad académica de la Facultas de Ciencias Médicas y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC, para que respalden a sus representantes.

A las asociaciones estudiantiles de las diferentes Escuelas y Facultades, para que se pronuncien en favor y en defensa de la autonomía de la Universidad; a las organizaciones de la sociedad civil que promueven la defensa del Estado de Derecho, porque este tipo de agresiones se inscriben dentro de una larga serie de ataques y criminalización en contra de las personas comprometidas con la transparencia y excelencia en la función pública, con lo cual se compromete la democracia.

De igual manera, a las organizaciones y autoridades indígenas que lucha en contra de la discriminación y el racismo, pues este ataque promueve violencia racista en contra de uno de los consejeros de la única universidad pública del país.

A las instituciones de control del Estado, principalmente a la Corte de Constitucionalidad, Procurador de los Derechos Humanos y al Ministerio Público, para que defiendan el principio constitucional de autonomía universitaria, la independencia judicial y pongan freno al manoseo de las leyes penales que utilizan las organizaciones a favor de la impunidad para intimidar, castigar e inhibir la participación política de la ciudadanía responsable.

Finalmente, hacen un llamado a la comunidad internacional y a las universidades pública de América Latina, pues se atenta contra la autonomía universitaria, un logro obtenido desde hace más de 100 años, patrimonio de la humanidad.

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