Por Carlos Ernesto Choc
Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales, de El Estor, Izabal, considera históricas las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad (CC), que suspendieron el proyecto minero Fénix y obligaron al Estado a realizar una consulta comunitaria, además de reducir el área de la licencia minera, de 247.9 kilómetros cuadrados a 6.29, pero el gobierno retrasa el proceso.
En 2017 una mancha roja tiñó el lago de Izabal, lo que preocupó a toda la población, en especial a los pescadores, que viven de la pesca y de inmediato se organizaron junto a las autoridades comunitarias, para exigir al Estado un análisis de las aguas y un estudio de impacto ambiental.
Sin embargo, como no fueron escuchados, realizaron una manifestación que duró 11 días, concentrándose a un costado de la garita municipal, en la salida a la ruta de Cobán, Alta Verapaz, impidiendo el paso de camiones pesados, conocidos como góndolas, de la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway. El gobierno se vio obligado a acercarse a la población, de manera que el 10 de mayo de 2017, el viceministro de Ambiente, Alfonso Alonzo, visitó el municipio.
Las autoridades del gobierno central programaron para el 13 de mayo, una siguiente reunión, pero fuera del municipio. En esa ocasión, según el pescador Juan Xol Pop, ofrecieron proyectos, pero no respuesta a sus peticiones. A raíz de esta situación se reprogramó un nuevo encuentro, para el 27 de mayo, pero la representación gubernamental ya no estuvo presente; en su lugar enviaron a las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
Fue entonces que empezó la represión: atacaron a algunas de las personas, mujeres, niños y adultos mayores con gases lacrimógenos, luego con disparos de armas de fuego, hiriendo a una persona y asesinando a Carlos Maaz, hecho que el Estado intentó ocultar. Hasta la fecha la Gremial de Pescadores sigue buscando justicia.
La directiva de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor está conformada por cuatro asociaciones que llevan un proceso jurídico iniciado en 2017, que permitió una sentencia de amparo emitida por la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2019, a favor de la población maya Q’eqchi’ y ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) la realización de una consulta sobre el proyecto minero Fénix, que opera en la región de Izabal y parte de Alta Verapaz.
En junio de 2020 la Corte de Constitucionalidad dictó sentencia sobre el proyecto minero Fénix y ordenó al MEM delimitar el espacio territorial de la licencia de explotación minera, a 6.29 kilómetros cuadrados; además, instruyó realizar el proceso de preconsulta y consulta a la población Q’eqchi’, en un plazo de 18 meses.
Proceso de consulta y preconsulta no avanza
A decir de los integrantes de la junta directiva de la Gremial de Pescadores y las autoridades maya Q’eqchi’, hasta el momento no han sido convocados por el Estado o informados de cómo se prepara el proceso, debido a que forman parte de los amparos interpuestos ante la CSJ y la CC y son conocidos como amparistas. Por ello las comunidades se organizaron en un Consejo de Autoridades Ancestrales, para que el Estado los escuche y respete su decisión.
La defensora María Choc informó que en el municipio de El Estor hay un Consejo de Comunidades Indígenas maya Q’eqchi’, que han participado en distintos espacios con instituciones privadas y del Estado, sin consultar a las comunidades. Luego de analizar esta situación se percataron que habían sido cooptadas por la empresa, al punto de convertirse en sus representante, puntualizó Choc.
En el área sur de El Estor se encuentra la empresa de palma africana Naturaceite, que mantiene una disputa de tierras con las familias de la zona, por lo que las comunidades han denunciado una serie de violaciones a los derechos humanos y desalojos de forma violenta por parte de autoridades del Estado. Un ejemplo de esto fue lo sucedido el 31 de octubre de 2020, cerca de la comunidad de Chineval, donde fue asesinado José Choc Chaman.
El pueblo indígena maya Q’eqchi’ tiene que sufrir persecución penal y cárcel, por defender la tierra y el lago de Izabal. Once integrantes de la Gremial de Pescadores fueron acusados por la empresa minera CGN-Pronico de Solway, y cinco continúan bajo medidas sustitutivas, entre ellos una periodista, por investigar e informar sobre la contaminación en este cuerpo acuífero.
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Otros casos: El defensor Abelino Chub fue declarado inocente por el juzgado de Mayor Riesgo A, el 26 de abril de 2019, después de permanecer varios años en prisión preventiva. La defensora María Choc vive bajo medidas sustitutivas y en más de ocho ocasiones han sido suspendidas las audiencias para revisar su situación; la más reciente fue el 6 de mayo de 2021.
Las empresas de palma y las mineras han intentado dividir a la población e incluso a sus autoridades comunitarias o representantes. Un ejemplo de ello fue el Amicus Curiae que presentaron ante la Corte de Constitucionalidad a favor del proyecto minero Fénix el 24 de abril de 2020, los miembros del Consejo de Comunidades Indígenas, Miguel Tox Sagui, Maximiliano Suchite Caal y Lorenzo Ical Chocoj, quienes actuaron como representantes legales, según indica el documento.
Esta situación motivó que las comunidades se reorganizaran en noviembre de 2020, para conformar un nuevo Consejo de Autoridades Ancestrales, con el apoyo de la Gremial de Pescadores, de las y los defensores, como Abelino Chub, María Choc y Luis Adolfo Ich Chaman, hijo de Angélica Choc, con la asesoría del abogado Aníbal Maquín.
Según el abogado Maquín, la inscripción del nuevo consejo no fue posible en la municipalidad. El asesor jurídico de la municipalidad de El Estor, Jorge Ricardo Rivas Sarceño, dijo que “no se puede proceder al registro e inscripción solicitado toda vez que no se cumple presentar toda la documentación legal y necesaria, y la documentación presentada no reúnen los requisitos legales”.
Al respecto, el abogado Aníbal Maquín destacó que nadie puede rechazar ni calificar quién es o no autoridad ancestral. Hay una clara violación al derecho de las comunidades indígenas, que han realizado todo con transparencia, con sus libros de actas de cada asamblea y actas notariales en orden, indicó.
La mayor parte de la población en El Estor, Izabal, se dedica a la agricultura y a la pesca. El 91 por ciento es maya Q’eqchi’, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), realizado en 2018. Actualmente se espera la consulta sobre el proyecto minero Fénix y las autoridades comunitarias piden que se respete el debido proceso, que sean tomados en cuenta por el Estado y que la población sea informada en el idioma maya, informó María Choc.
El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, expresó en una reunión con la bancada Winaq, el pasado 17 de mayo, que la ejecutoria sobre la sentencia del proyecto minero Fénix se recibió el 23 de abril y que desde esa fecha el MEM comenzó a cumplir con las actividades previas, como la reducción del área de explotación minera.
Nuestra intención es que podamos durante junio iniciar el proceso de consulta del derecho minero Fénix, declaró el ministro Pimentel, aunque también señaló que no hay una fecha clara.
Este 25 de mayo el diputado Aldo Dávila solicitó una reunión con el ministro Pimentel, en la ciudad capital, para que rindiera un informe a las autoridades comunitarias de la región de El Estor, Izabal; Panzós, Cahabón y Senahú, Alta Verapaz, acompañados por la Gremial de Pescadores Artesanales, sin embargo el funcionario no se hizo presente y solo se conectó de forma virtual. A decir del parlamentario, fue a última hora que el titular de la cartera de Energía y Minas informó de su ausencia presencial.
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Con estas acciones el Estado muestra dónde está su interés y qué representa el pueblo Q’eqchi’ para ellos. Desde el gobierno de Jimmy Morales y ahora durante la gestión de Alejandro Giammattei han sido decretados Estados de Sitio y de Prevención, en varias ocasiones, en el municipio de El Estor y otros departamentos.
